DESEMPLEO, 1987

                                                                                                                                                      Jorge Botella
 
INDICE
 

PREÉMBULO
I  -   INTRODUCCIÓN
II -   UNA HERENCIA RECIBIDA
          a)      El liberalismo
          b)      El socialismo marxista
          c)      Eclecticismo actual
III -  LAS BASES DE UN NUEVO SISTEMA
          a)      La función social de los bienes
          b)      La distribución de la riqueza
          c)       El trabajo como riqueza
IV -  MEDIDAS CORRECTORAS
          a)       La distribución equitativa del trabajo
          b)      El ajuste de la jornada laboral
          c)       La solidaridad en un gran pacto social
          d)      Implicaciones económicas
V -  LA IMPOSICIÓN FISCAL
VI -  UNA PRIMERA APROXIMACIÓN DE FUTURO
VII -  EL PARO AGRARIO
VIII -  LOS PAROS SUBJETIVOS-COYUNTURALES
          a)      El paro juvenil
                    a.1)   El serviciomilitar
                    a.2)   La excesiva prolongación de los estudios
                    a.3)   Prospección a su futuro
          b)       El periodo de la prejubilación
IX -  CONCLUSIONES
APÉNDICE   I
               LA EDUCACIÓN EN LA SOLIDARIDAD
APÉNDICE  II
               LA ACCIÓN SINDICAL
 

PREÁMBULO.

Afrontar un ensayo acerca de un tema de tanta trascendencia social como el problema de la solidaridad ante la situación de desempleo reviste características de palpitante interés.
Dos caminos se me presentaban para su estructura y desarrollo, uno primero, basado en el análisis econométrico de la situación actual, su vinculación política, el origen de sus desfases, etc. o sea, una sistematización de los factores económicos y de su desequilibrio y ajuste para aplicación a una planificación favorable a crear empleo. Otro segundo, menos técnico, en el cual intentar esbozar causas y remedios acerca de la problemática que tomamos como objeto.
Otros habrá –mucho se  ha escrito- que propugnen planificaciones económicas que proyectadas desde la cúspide de la teoría alumbren el panorama de las intrincadas relaciones en que se mueve la sociedad.
Yo particularmente he preferido partir de la realidad concreta de hoy, y buscar cuáles, al margen de la estructura económica, pueden ser algunos puntos negros que nuestro sistema social presenta. He tratado de asomarme a revisar principios, a analizar situaciones, a intentar vislumbrar soluciones. He procurado en todo momento interpretar el sentir de quienes carecen de trabajo, y recoger en una exposición lo más sencilla un hálito de esperanza.
El eje de toda la concepción social pretendo que sea el hombre, como ser aún capaz de ser solidario. Reclamo esa humanidad que parece irse confundida entre la profusión de medios materiales que envuelven su vida.
Quedan apenas apuntados aspectos establecidos en nuestro sistema social y que han de ser removidos, porque integrar el colectivo desempleado a un puesto laboral no es posible sin una honda revisión de principios.
Dado el carácter de ensayo y su limitada extensión, he procurado conjugar el esbozar la mayor parte de los aspectos que presentan relación a la temática laboral con una lineal sistematización de sus correlaciones. Muchas de estas proposiciones podrán ser con posterioridad confrontadas, desarrolladas, sometidas a una crítica mucho más rigurosa.
Valga este pequeño estudio para propiciar un mayor afán solidario y una más amplia generosidad por parte de los ciudadanos a favor de favorecer a cuantos ahora no disfrutan del acceso a un puesto de trabajo.

                                                                                                                                                 El autor.
 

I -  INTRODUCCIÓN.

Encontramos en el último tercio de siglo un problema que acucia a las economías domésticas y a la sociología general de los estados liberalizados: El desempleo; esto es, la incapacidad para un elevado número de trabajadores de encontrar un puesto laboral donde ejercer su profesión.
Ni por todos, ni siempre, en los distintos estamentos de la estructuración social se ha llegado a comprender la trascendencia personal que el problema del paro arrastra consigo; más bien su estimación se valora en lo que conlleva de valor político. Se habla mucho “del paro”, como un problema coyuntural de la situación económica, pero se habla muy poco de “los parados”, como ese enorme problema que pesa sobre la mayor parte de la juventud española y sobre la quinta parte de la nómina laboral. La dramática situación personal que se crea en el hombre desempleado, su trascendencia a la vida familiar, social, etc. Constituye un verdadero traumatismo en el cuerpo social. Y la dignidad de cada persona, de cada uno de esos “parados”, es lo que nos debe llevar a realizar las necesarias transformaciones que erradiquen dicho problema de los componentes de una sociedad desarrollada.
El derecho al trabajo, como derecho fundamental en lo social, viene a ser recogido en la mayoría de las constituciones sociales de Estado. Ahora bien, no basta que el ordenamiento jurídico reconozca tal derecho a los ciudadanos, sino que es preciso que ese derecho pueda ser realmente ejercido, pues en caso contrario perdería su imperio el ordenamiento jurídico. La verdadera constitución de una Estado proviene del ejercicio real de relaciones configuradas como una estructura organizada. Avala realmente a la constitución del Estado los hechos ciertos que consiguen que cada individuo de esa colectividad, desde su puesto de trabajo, sea creador y no espectador de la trama de relaciones sociales.
No son sólo medidas económicas, fiscales, monetarias… las que se hace preciso verificar para combatir la presente situación de desempleo, sino que la solución de un problema de tanta magnitud exige una revisión profunda del sistema socioeconómico, de tal modo que sean rectificados aquellos parámetros que mayor influencia presenten. Es preciso afrontar a revisión del sistema de modo estructural, no el simple apuntalamiento de situaciones coyunturales. En esta revisión del sistema podemos dividir factores objetivos, como son los legales, económicos, laborales, y factores subjetivos, entre los que distinguimos en primer lugar a la persona como sujeto individual del derecho al trabajo, y en segundo lugar a la colectividad social como sujeto de un sistema solidario en la distribución d los bienes sociales, entre los que ciframos el trabajo.
En cuanto al individuo particular, por propia naturaleza le corresponde una relación de derechos  y deberes irrenunciables. Su condición natural de ser sociable no significa que esos derechos naturales emanen del mismo entramado social, sin que es esa misma natural condición sociable el ámbito de su ejercicio.
Entre los deberes y derechos esenciales se encuentra el derecho al trabajo:

1.      Porque a través de él ejerce su cuota de participación creacional y de dominio sobre la materia.
2.      Porque en él asegura, en gran parte, un estable desarrollo psíquico en el ámbito social.
3.      Porque contribuye al orden social a través de la aportación de sus inherentes e intransferibles cualidades.
4.      Porque es medio de acceso a los bienes que sirven para su desarrollo personal y el de aquellos que directamente le están encomendados.
Son patentes los perjuicios que recaen sobre la situación del hombre “parado”: inactividad, carencia de recursos para el sostenimiento de la familia, trastornos psíquicos… los cuales cuando radican en situaciones prolongadas o sobre personas de edad madura conducen a la indigencia, o en el caso de los jóvenes a la ociosidad y al desánimo. En todo caso es una situación de desequilibrio en la persona similar en muchos casos a desgracias no atajables como son la enfermedad o los accidentes.
La gravedad de esta situación se acentúa si tenemos en cuenta que en un alto porcentaje incide este mal sobre personas con bajos niveles de renta, cuyos efímeros recursos contemplan esfumarse frente a la impotencia de encontrar un puesto de trabajo. Tampoco se debe olvidar que la inseguridad en la relación laboral conlleva con frecuencia a situaciones que cercenan la debida libertad del hombre en la toma de determinadas decisiones trascendentales, en especial en lo que concierne a la estabilidad familiar y el acceso a la cultura.
Por otro lado, he de apuntar las responsabilidades que a la colectividad social le atañen como sujeto de un sistema más o menos solidario. En un grado mayor de lo que aparentemente parece, la colectividad social se inhibe del problema del paro, considerándolo un mero problema de los políticos, sin asumir lo que a cada uno concierne.  La insolidaridad  reina en quienes cuentan con un puesto laboral “seguro” y un sistema económico “acomodado”, que no están dispuestos a compartir su situación de privilegio.
Sin una toma de conciencia de la gravedad del problema difícilmente se llegará a elaborar soluciones estables, pues éstas requieren una voluntad común de solidaridad que pasa desde una más adecuada distribución de las rentas, a un reparto más equitativo del acceso al beneficio de un puesto laboral.
Existen dos factores que han influido directamente en la reestructuración del panorama laboral:
1.       La incorporación de la mujer al proceso de producción, con un fuerte incremento de mano de obra.
2.       El desarrollo tecnológico que conlleva una recesión de la demanda de prestación laboral humana.
Dado que estos aspectos responden a una dinámica del desarrollo social, no pueden ser coartados, ya que independientemente de sus efectos, su legítimo origen responden por un lado, en el primer caso, a un derecho de justicia, y por otro, en el segundo, a un proceso de los sistemas de producción y servicios irreversible, ya que comporta un ayuda global al hombre en su proceso de mejorar el dominio sobre la naturaleza. Lo importante es clarificar que dichos beneficios no deben repercutir en unos pocos en detrimento de muchos otros.
Nos encontramos ante una enfermedad social cuyo cuadro clínico nos es conocido, pero contra el que la terapia aplicada no está dando resultados aceptables. No dudo que los diversos gobiernos que hayan de haber tomado la responsabilidad de diagnosticar los remedios adecuados hayan empeñado en ello su esfuerzo, pero podemos observar que, por lo general, los resultados no han sido los previstos. Quizás han seguido el camino de esperar una recuperación económica, pero los más objetivos constatan que no será esa coyuntura, siempre muy variable, la que ofrecerá un definitivo ajuste hacia el respeto del derecho al trabajo, sino una revisión de las estructuras del sistema que les concedan una operatividad más eficaz.
La última revolución social del segundo milenio ha de ser una revolución en paz y solidaridad hacia un nuevo orden.
 

II -  UNA HERENCIA RECIBIDA.

El panorama económico social en que se desenvuelve la sociedad contemporánea hunde sus raíces en las trasformaciones desarrolladas en los siglos XVIII y XIX. La revolución industrial propició el paso de una economía doméstica a una economía social, dando origen a un sistema de interrelaciones en las que se articulan la disponibilidad del capital, la retribución salarial, la oferta de empleo y las condiciones laborales de mutuas prestaciones.
El ajuste hacia el nuevo sistema ha corrido ajeno a grandes traumatismos, pues la libre interpretación de algunos principios propios de la economía de mercado se desarrollaron fuera del ámbito de la justicia social. El trabajador como sujeto de derecho social quedó marginado, siendo valorado como sujeto de producción; así, en gran medida, cercenaron sus legítimos derechos a la copropiedad de los bienes sociales.
El vacío moral relativo a la disposición de los bienes de la naturaleza, la impotencia de un sistema legal que configurara los diversos derechos, la ausencia de atención política hacia los problemas laborales en una sociedad sumida en vanaglorias nacionalistas  y en pendencias de poder, dieron origen a la disponibilidad del capital para esbozar a su favor el patrón económico social.

a)      El liberalismo.
La doctrina económica imperante en occidente durante el siglo XIX es el liberalismo. Del imperio de su poder y de las secuelas de su absolutismo son consecuencia los desequilibrios de nuestro sistema laboral. Este ideario sociopolítico que pretende liderar a ultranza los valores de la libertad consigue, en no pocos casos, los efectos contrarios, pues al afirmar los derechos a la liberad y a la libre disposición de los bienes no entrevió que para unos era salvaguarda del patrimonio adquirido, pero para  otros era la condena a la perpetua insatisfacción por la carencia de posibilidades de ejercer una libertad que en teoría les era reconocida.
El liberalismo rechazando la intervención del Estado, como sociedad común en la que rectificar los errores del egoísmo personal, dejaba la solidaridad social a la libre interpretación de cada estamento. El capital, de este modo, defendió como única forma básica de justicia la correlación contractual. Este sistema produjo enormes injusticias ya que las partes contratantes no se encontraban amparadas en las mismas posibilidades.
El capital adquiere dentro de este sistema una fuerza arrolladora. La burguesía adinerada es la auténtica detentadora del poder, y desde él proyectan su sistema hasta las últimas capas de la sociedad. El beneficio del mercado redunda únicamente sobre el patrono, el cual, por otro lado, al buscar la máxima rentabilidad a la inversión, como supremo bien de política empresarial, le conduce a la explotación del trabajador como un mero elemento más del proceso productivo.
Aunque en teoría el sistema reconocía una igualdad de derecho a la producción y de intervención en el mercado, de hecho era el capital, y la clase burguesa que lo detentaba, el que gozaba de la oportunidad del beneficio de las riquezas.

b)      El Socialismo marxista.
La supresión de la libre propiedad, la paternidad única del poder del Estado y la monolítica idealización social pretendieron crear un sistema solidario basado en la coparticipación de responsabilidades. Su experimentación, en cambio, produjo resultados de signo muy distinto al deseado. A la pretendida superación de clases sociales siguió unas nuevas clases de partido estructuradas en el Estado. La burocracia administrativa fue la consecuencia de la unificación en la planificación social. La coerción a la libre creatividad y a la iniciativa personal originó el anquilosamiento del desarrollo y su distanciamiento de la eficaz gestión demandada.
El socialismo marxista nació con una profunda fe de superación de las contradicciones reinantes, pero no acertó al presentar soluciones excesivamente dogmáticas. La nacionalización de la libertad individual como condena a su desafuero iba más allá de lo socialmente deseado. El camino encorsetado que su doctrina marcaba  le impidió ajustarse a modelos más acordes con las necesidades imperantes. Rompió así una posibilidad de flexibilizar determinados principios, lo cual originó su paulatino retroceso, salvo en determinadas áreas de extrema pobreza.

c)       Eclecticismo actual.
De ambos sistemas desarrollados en el siglo pasado surgió la estructura actual del Estado y su configuración social, inclinándose en unos casos hacia formas liberales y otras hacia figuras socialistas. Pero entre ambos las corrientes de mutua influencia fueron correctores de extremismos.
El liberalismo occidental tomó más conciencia de la responsabilidad solidaria en el tema social y el Estado fue asumiendo el papel de mediador ante el principio de la libre concertación, fomentando la solidaridad y ajustando derechos y deberes en un marco de relaciones legales. La seguridad social, las protecciones a ancianos y niños, la limitación de la jornada laboral… son avances legados en la andadura social.
También los sistemas socialistas han corregido extremismos. Muchos de sus sistemas se han imbuido de la  estructura capitalista, y hoy conviven en sociedades con economía libre de mercado. Hasta en los más rigurosos defensores de la ideología sociomarxista se percibe un acercamiento a la asunción de la iniciativa individual.
Pero lo que no se ha logrado es un verdadero eclecticismo superador de las tendencias radicalizadas. Los grupos sociopolíticos del presente siglo han vivido en un estado de tensión de controversia de intereses. El factor político ha crecido considerablemente frente al social, hasta tanto que se podría considerar la confrontación ideológica del Estado como una característica contemporánea. Los pensadores –bastantes escasos en la presente centuria- no han sabido motivar a la sociedad a entrar en consonancia con su propia problemática.
Es a partir del recurso ético de solidaridad donde se precisa construir un sistema nuevo de principios prácticos, realistas, vitales que sean recurso de un nuevo modelo de sociedad más justa. Se hace necesario un sistema que respete ante todo los derechos irrenunciables que al hombre por su propia dignidad le corresponden. Entre estos derechos, tras el de la vida y la libertad, encontramos el derecho al trabajo.
En buena parte se defiende como factor de progreso del sistema sociomarxista la inexistencia del problema de acceso al trabajo. Tal principio esencial a una economía centralizada de Estado lo cubre a costa del menoscabo de otros principios que redundan directamente en la liberad y el bienestar común. Occidente ha apostado por la línea liberal, y es en este sistema en el cual nos encontramos inmersos, donde hemos de estudiar las posibilidades de, sin ceder un ápice en la liberad, ordenar las estructuras de modo que ese derecho sea una realidad. Esa búsqueda nos debe adentrar en un análisis de los principios que comportan la base del sistema social.
 

III – LAS BASES DE UN NUEVO SISTEMA

a)      La función social de los bienes.
El hombre para su supervivencia y desarrollo dispone de la utilización de los bienes de la naturaleza. Normalmente estos bienes no los encuentra directamente dispuestos para su uso, es preciso el que reciban ostensibles transformaciones.
Es en el estado social donde el hombre comparte con sus conciudadanos, mediante la mutua aportación del trabajo, la tarea de poner a su servicio los bienes de la naturaleza. De aquí nacen una serie de mutuas dependencias que han de ser ordenadas a fin del disfrute de cada individuo de la alícuota parte que por derecho de corresponde.
En un entramado social muy desarrollado, como el actual, la relación entre el bien objeto del trabajo y el sujeto se encuentra muy oscurecida, ya que al haberse diversificado enormemente los bienes que mejoran las condiciones de vida del hombre, éste no participa directamente en la elaboración o transformación de todos los que usa, sino que especializado en una materia aporta ésta a cambio del uso de otras muchas.
No es claro dónde está situado el límite de los bienes de la naturaleza, lo que sí parece muy probable es que sea número suficiente para subvenir a las necesidades del hombre por un tiempo ilimitado.
Pero los bienes disponibles no son ilimitados, pues por una parte necesitan transformaciones en las que interviene la capacidad limitada del hombre, y de otra, porque los bienes más codiciados quedarían mermados sin una ordenación que posibilite su reproducción y supervivencia.
De esta limitación nace el que el derecho del uso de los bienes por cada hombre, aunque sea libre, haya de ser limitado. Y respecto a ese uso podemos afirmar que han de cumplir una doble misión: 1º Cubrir necesidades individuales. 2º En su conjunto estar en disposición de cubrir la demanda común. Uno y otro aspecto se delimitan; mientras el primero reclama el derecho a la propiedad, el segundo restringe ese derecho en relación con los demás.
El derecho de propiedad de los bienes y de sus procesos de transformación derivan de ser el hombre su usufructuario natural y de su libre capacidad para aportarlos al concurso social. Dado que este derecho le corresponde por naturaleza, lo conserva en la esfera comunitaria.
Pero ese derecho no va más allá que en la posesión de aquellos bienes que pudiera poseer con su trabajo directo. También se puede dar que sobre un conjunto de bienes allegados a él por cauce diverso a su acción directa el individuo particular disponga su capacidad intelectual al fin de fomentarlos y ponerlos en disposición de uso. En este caso los beneficios de uso no serán exclusivos de su propiedad.
La utilización de parte de los bienes de un conjunto no pueden ser individualizados con detrimento de que otros acreedores igualmente legítimos no puedan hacer uso de su derecho. En una circunstancia así, prima el derecho distributivo en la proporción adecuada.
Conviene hacer constar que la mayor parte del conjunto de los bienes que forman el capital no corresponden directamente a bienes conseguidos por el propio individuo, sino que provienen del trabajo de otros muchos, ya por su intervención diacrónica a través de la experiencia aportada para su elaboración a través de la historia, cuyo legado es recogido y asimilado, o bien por la aportación sincrónica del trabajo de otros muchos que hacen posible la formación de ese capital. Así resultaría que la propiedad sobre dicho capital no es absoluta de quien la ostenta, sino que poseyéndola a título de copropiedad, deben sus frutos repercutir en una dimensión social, de tal manera que dicho capital debe ser tenido por su “dueño” no en calidad de propiedad, sino como depositario de dichos bienes para su buena administración. Así, el fin del uso del capital entraña una mayor responsabilidad para su sujeto, ya que las consecuencias de su correcta utilización repercuten en el bien común.
Hasta ahora no parece haber cuajado una buena sistematización que oriente los cauces de la cogestión del capital, pero lo que sí parece gestarse es un control mayor por parte de la sociedad a través del Estado, sindicatos y otros órganos de representación, dirigidos a que cumpla esa función pública, aunque esté regido por sujetos particulares.
Una mayor responsabilidad y una solidaridad pueden hacer rectificar muchos desmanes que sobre la propiedad y el uso de los bienes se han producido en la historia. Asentar una profunda doctrina social sobre esta materia significaría asentar un principio sólido sobre el cual cimentar un sistema social más solidario.

b)     La distribución de la riqueza.
Me gustaría fijar el término de “riqueza” en los parámetros en que conviene a este trabajo.
Por riqueza se entiende habitualmente el conjunto de bienes. Pero matizando más, desde el aspecto subjetivo, podríamos designarla como el conjunto de beneficios que un sujeto obtiene de los bienes que posee. La propia satisfacción por el uso de los bienes es lo que directamente repercute en el sujeto para su provecho personal. Así, podríamos distinguir entre aquel que de los bienes que posee obtiene un beneficio personal de uso, y el que con el uso de esos bienes produce un beneficio que repercute en otros. En este segundo caso la riqueza tendría objetivamente un destinatario ajeno a quien ejerce la posesión de los bienes.
Como he indicado en el artículo anterior, en la medida en que un sujeto alcanza a poseer más bienes de los que en justicia estricta le pertenecen, su relación con esos bienes es la de administrador, y así, por tanto, le compete en fin social en la disposición de esos recursos; del mismo modo los beneficios o riquezas que dimanan esos bienes no le pertenecen a él como un único sujeto, sino que deben repercutir a un colectivo social, determinado o no.
Este fundamento de la relación de bienes-riqueza, forma la base de una adecuada y justa ley de la distribución de las riquezas, y tiene unas consecuencias fundamentales morales en lo que atañe al uso de bienes y disfrute de sus beneficios. La acumulación de las riquezas, su legitimación, su transmisión, su equitativa distribución estarán directamente relacionadas con el uso de los bienes que las producen. Lo difícil, dada la diversidad de circunstancias, es establecer una ley objetiva, y por tanto se debe iniciar un camino de análisis de principios que ayuden a establecer un ordenamiento social eficaz en este tema.
Primero: Las riquezas deben estar relacionadas con el conjunto de bienes que le corresponden a cada sujeto apropiarse de la naturaleza. Como esa apropiación el sujeto la realiza mediante el trabajo, podemos deducir la existencia de una relación riqueza-trabajo. En sentido inverso podemos enunciar que a aquél que no esté dispuesto a ejercitarse como trabajador no le corresponden en justicia disfrutar riquezas.
Segundo: Las riquezas que le corresponden a cada sujeto están relacionadas con la capacidad de bienes que le es lícito utilizar para sí, y por tanto, a falta de una cuantificación más concreta, podríamos estimarla en no más de aquellas que le permiten llevar una vida digna, extendiendo dicho término al campo material, educativo, cultural, formativo , etc.
Tercero: Ya que los hombres somos distintos, la capacidad de enriquecimiento es muy diversa, pero en cualquier caso debe mediar un afán solidario,  de modo que lo necesario para llevar esa vida digna no menoscabe la necesidad ajena.
Cuarto: El respeto a la libertad del hombre le hace acreedor de poder disponer para la libre distribución de las riquezas a que puede acceder, de modo que, respetando la justicia, decida utilizarlas individualmente o en forma asociada.
Quinta: Es más propio de la capacidad individual el que los bienes y riquezas que una persona posea los ponga en servicio de los demás a través de medios a los que alcance directamente su propia intervención y responsabilidad. La creación de asociaciones, empresas, fundaciones, etc. de marcado fin social, no enfrenta sus propias competencias a las del Estado, sino que éste tiene la función subsidiaria de cubrir las necesidades a dónde los otros no lleguen, pero de ninguna manera sustituirlas, pues ello originaría un empobrecimiento de la misma dinámica social. Lo primordial es que los beneficios de los bienes sociales lleguen a cubrir sus objetivos, y de menor importancia el medio formal para que se llegue a ejecutar.
De lo expuesto anteriormente se extrae  el que para conseguir una adecuada y justa distribución de la riqueza es necesario una colaboración solidaria de la sociedad. Sin una concienciación social profunda, no se producirá la transformación necesaria.
Dos peligros igualmente dañinos se pueden dar el intentar poner remedio a esa situación injusta: Uno, el cercenar la capacidad creativa del individuo, queriendo el Estado erigirse en el único árbitro de la distribución, cayendo así en un dirigismo totalitario; otro, que la excesiva burocratización de un pretendido sistema equitativo sea el que agote los recursos compensatorios.
El modo mejor es el de una fiscalidad efectiva del Estado que se dirija a evitar los excesos de acumulación de riquezas individuales, pero que no merme la capacidad directa del individuo de gobernar bienes orientados a una rentabilidad social.

c)      El trabajo como riqueza.
La capacidad para el trabajo siempre ha sido una riqueza para quien la sustenta, y la persona impedida para poder ejercerlo ha sido relegada.
En tanto que la relación de provisión de bienes de la naturaleza ha estado más directamente al alcance de cada sujeto, la capacidad para el trabajo se encontraba más ligada a una relación de dependencia de las condiciones físicas. Así, en un pasado, la corpulencia ejercía una función garante de poder realizar el trabajo. La salud era el gran determinante de esa posibilidad.
Hoy en día, gracias a la ayuda de la técnica, se ha podido remediar en gran manera la incapacidad laboral de los disminuidos, y cada vez se detecta un mayor concienciación en facilitar el acceso a esta riqueza hasta a los más impedidos.
Con la mancomunización del sistema laboral de la sociedad organizada, se ha producido un efecto aparentemente perjudicial: La aparición del desempleo. Trabajadores cuya capacidad laboral se encuentra incólume, pero que no llegan a tener acceso a un puesto de trabajo dentro de la oferta del mercado.
En cuanto que comporta el dominio de un bien, el trabajo engendra riqueza. Pero más radicalmente podemos atribuirle el valor de riqueza en cuanto proporciona al individuo que lo ejerce el sentido de su propia utilidad y es la fuente de recursos para acceder a las demás satisfacciones.
Los bienes sobre los que se proyecta el trabajo como riqueza son de doble naturaleza: espirituales y materiales.
Los bienes espirituales pueden ser compartidos por muchos individuos sin que por ello merme la parte a la que accede cada uno. Proviene eso de su dimensión de ser ilimitados. Así el saber o la cultura pueden ser accedidos cada vez por más ciudadanos sin que por ello se produzca el reparto de un todo, sino que cada cual se encuentra abierto a poseer ese todo sin detrimento de la capacidad de acceso de los demás.
Los bienes materiales disponibles, en cambio, son limitados en un momento determinado, y por ello la capacidad de recursos en cuanto son tenidos por unos limitan la capacidad de ser alcanzados por  otros.
Los bienes sobre los que se proyecta el trabajo en su dimensión material tienen una limitación, y la riqueza a ellos inherente es igualmente limitada. El trabajo se convierte así en una riqueza limitada, a la que como vemos en la actualidad, no todos tienen acceso.
La solidaridad pertinente a todo uso de las riquezas podemos extenderla hasta este campo, de modo que no sería lícito el que unos la tuvieran como derecho inapelable, mientras otros carecieran del ejercicio del mismo derecho que igualmente les asiste.
El camino que marca la solidaridad es el de compartir y ello no será posible sin una toma de conciencia social del derecho que ampara al que se enfrenta a la dura situación del forzoso desempleo.
 

IV -  MEDIDAS CORRECTORAS.

                La evaluación hacia un sistema más justo y solidario en la distribución de las riquezas es un camino largo del que la mayor parte aún nos queda por recorrer. La base de ese sistema de ha de apoyar fundamentalmente en una toma de conciencia del deber solidario que atañe a la sociedad. Serán los miembros  de esa sociedad los que desde una posición de generosidad y justicia puedan efectuar el recambio de las estructuras. A los poderes públicos les corresponde, mientras tanto, el incoar una serie de medidas que presenten a la sociedad un panorama de posibilidades como paradigma de la posible realización de mejoras trascendentes en el campo del orden social.
La  intervención en el campo laboral no se puede hacer esperar. La necesidad acuciante embarga unas expectativas no satisfechas que exigen la inmediata adopción de una serie de medidas correctoras que avalen el firme propósito de solucionar el problema. No serán las decisiones de Estado las que hagan cambiar el valor moral de los actos de los ciudadanos, pero sí las que encaucen hacia factores más positivos las disposiciones de su libertad.
Para que estas medidas de urgencia encuentren apoyo en el pueblo, han de trasparentar eficacia, realismo, equidad, participación. Han de mirar de cara el futuro superando viejas concepciones antagonistas. No es una política de clase o grupo la que se exige, sino de mutua comprensión y colaboración, que marque unos nuevos hitos en la concepción de una sociedad al tiempo libre, creativa y equitativa.
En lo que atañe a solucionar el problema del desempleo paso a desarrollar una serie de medidas cuyo sustrato común consiste en acrecentar la dinámica en el campo laboral. Me es obvio que algunas soluciones propuestas pueden ser impopulares para los que tienen asegurados un medio de supervivencia, más o menos prolongado, pero me consta que la solución del problema de los parados, siempre en minoría en la sociedad, no podrá resolverse sin la pequeña aportación de los que gozan de la riqueza de poseer un puesto de trabajo.

a)      La distribución equitativa del trabajo.
La primera medida a tomar en lo que respecta a paliar el problema del paro, pasa por una distribución más equitativa de los puestos de trabajo disponibles.
Para entrar a estudiar este tema es preciso previamente hacer distinción de tres formas o maneras de ejercer el trabajo:

1º El trabajo de propia iniciativa.
2º El trabajo reglado.
3º El trabajo adicional.
1º El trabajo de propia iniciativa:
En todo trabajo el sujeto que lo realiza ocupa un lugar preponderante, y en cuanto que es realizado por una persona humana adquiere un valor añadido al objetivo.
Se ha afirmado que todo trabajo es intransferible,  ya que la realidad del sujeto que lo realiza lo marca con su sello personal, de modo que los bienes producidos se hayan imprimados de la libre voluntad del productor que lo realiza, cuyo esfuerzo personal queda intangiblemente unido al producto elaborado o servicio satisfecho.
Hay trabajos en que la aportación personal adquiere un valor especialmente relevante, pues de esa iniciativa depende en todo su realización. La creatividad del sujeto pasa a constituirse como auténtica fuente generadora de esos bienes, de tal modo que sin su concurso podrían ser difícilmente conseguidos.  Aquí la responsabilidad del sujeto queda estrechamente ligada a la capacidad creacional, de tal manera que la propia existencia del producto depende del grado dedicación del autor.
Entre estos productores de iniciativa personal podemos calificar a los hombres de empresa, promotores,  investigadores, artistas, pensadores… y en general a todos aquellos con los que el producto guarde una entera dependencia a la libre iniciativa creacional del sujeto.
Estas profesiones son de un marcado interés en la dinámica socioeconómica, pues aportan una mayor dimensión creacional, de modo que los bienes sociales se perfeccionan y enriquecen.
De las profesiones de iniciativa personal habría que diferenciar tres grupos:
Primero: Los que ejercen una actividad de transcendente interés social, y cuya aportación se pueda considerar tan del sujeto que la promueve, que difícilmente podría ser ejercida por otro. No es habitual que se dé una singularización tan grande, paro de hecho existe. Entre ellos s encuentran los que pasan a engrosar las páginas de la historia.
Segundo: Los que ejercen actividades no transcendentales para el bien común, pero que conllevan una carga de creación personal y aportan nuevos medios para el desarrollo de determinados bienes, los cuales, en cuanto innovaciones, tienen la particularidad de expresar un componente de progreso. Realizan funciones no susceptibles de sustitución.
Tercero: Aquellos que no realizan una portación creativa en cuanto al bien concebido, pues realizan una tares similar a otros muchos, pero tienen como característico que aportan a la producción de ese bien o servicio recursos propios, asumiendo la responsabilidad y el riesgo derivados de su ejercicio.

2º El trabajo reglado:
Englobo bajo la denominación de trabajo reglado aquél en el que el productor no mantiene relaciones de propiedad sobre los bienes en los que actúa, sino que contrata a otro un la prestación de los servicios de su capacidad a cambio de una retribución acordada. Tiene relación con la contraprestación que habitualmente se denomina de mano de obra ajena o asalariada.
Prefiero no utilizar el término asalariado, pues no me interesa marcar las relaciones remunerativas, sino la significación que, como trabajo reglado, expresa una relación del productor al trabajo que no es subjetivamente vinculante, y por ello ese mismo trabajo podría en unas mismas condiciones ser desarrollado por otro.
Dentro del trabajo reglado podríamos establecer distintos grados atendiendo a que las circunstancias que incidan puedan establecer más o menos nexo entre el trabajador y el trabajo. Esas circunstancias pueden variar desde la existencia de trabajos muy específicos que exigen una alta cualificación, a  la de aquella en que destaque su grado de responsabilidad.
Lo que aquí nos interesa es destacar que dentro del amplísimo campo laboral, una gran mayoría de productores podrían ser encuadrados en esta categoría que hemos denominado por trabajo reglado.

3º El trabajo adicional:
Con este término enmarcamos las actividades profesionales autónomas en las que una persona se ocupa de modo ocasional o complementario.
Con frecuencia pretenden ser ignoradas, y a veces perseguidas, unas actividades que por propia naturaleza no tienden a ocupar la capacidad total del trabajador, pero que, como un recurso adicional a su trabajo formal, en ellas se ocupa con cierta periodicidad. Estos trabajos, que muchas veces escapan por su propia naturaleza a un contrato social, tienen un lugar específico dentro del amplio panorama de relaciones económico-sociales, y cubren en muchos casos necesidades evidentes.
Su carácter esporádico muchas veces lleva a asimilarlo a actividades furtivas o tendenciosas; pero en la mayoría de los casos son simples complementos del trabaja en los que para sacarlos adelante el sujeto a de aplicar buena parte de imaginación.
El Estado ha de tener en cuenta su dimensión de actividad auxiliar, para así no hacerlas soporte de reglamentaciones burocráticas que las asfixien en su intento de supervivencia.
Estas tres distintas formas de trabajo se dan conjuntamente en la sociedad occidental. En las economías socialistas solamente se admite el trabajo reglado, siendo el Estado quien asigna, de modo más o manos directo, el que debe desempeñar cada ciudadano.
La estricta teoría liberal fundamentalmente impulsa el de propia iniciativa, de tal modo que ante el problema del desempleo aporta la única respuesta de que cada cual se promueva su medio de trabajo.
Siendo realistas hay que partir de dos hechos evidentes:
Primero: Las interrelaciones sociales y la sofisticación de la técnica crean cada vez más  dependencias ajenas y formas de producción colectivas.
Segunda: La capacidad de iniciativa personal no está desarrollada en todas las personas. Existe una gran cantidad de sujetos que no cuentan con las facultades necesarias para crear empresas, y en el terreno profesional es muy importante que cada cual esté lo más pegado al puesto que sus condiciones le permiten desarrollar con eficacia.
Así, tenemos que admitir que ha de ser la distribución social la que ha de plegarse, y de hecho se pliega, a las condiciones de la oferta de la mano de obra.
Contemporáneamente, con la sustitución de la mano de obra por la tecnología en muchos procesos de elaboración, estamos presenciando cómo se está produciendo un desplazamiento de la mano de obra disponible hacia el sector de servicios. Ello es bueno, y debe ser fomentado pues repercutirá en una mejora del nivel de vida es su dimensión asistencial.
El sector servicios, por otro lado, es un sector de gran versatilidad, admitiendo continuas innovaciones. Por tanto es muy importante que el trabajo de libre iniciativa no encuentre encorsetamientos innecesarios, pues además de servir de vehículo profesional a sus promotores, constituye una muy importante fuente de creación de puestos de trabajo reglado.
Favorecer la movilidad de la mano de obra, facilitar el desarrollo de la libre iniciativa, y poner los medios para la especialización a través de la enseñanza, originará una adecuación del mercado del trabajo a las necesidades que requiere el momento actual.

b)     El ajuste de la jornada laboral.
Entre el paquete de medidas a tomar, la primera es la de realizar un ajuste de la jornada laboral, a fin de que solidariamente se provea  a una más justa distribución del trabajo disponible.
La jornada semanal de trabajo a los largo de la historia se ha ido reduciendo en virtud de la custodia de unas condiciones dignas para la vida del productor. Hoy además de esa dimensión hay que considerar otra muy importante: La jornada laboral de cada sujeto debe ajustarse a unos parámetros que permitan el acceso del mayor número de trabajadores a los precarios puestos de trabajo que distribuye la ley de oferta.
Si el desarrollo tecnológico ha permitido redimir al hombre de unos determinados trabajos, efectuándolos en su lugar la maquinaria, esta nueva situación no debe repercutir en la simple eliminación del puesto de trabajo a los productores que venían ejerciéndolo, sino que se debe reflejar en una mejora de sus condiciones, como son los de reducir su esfuerzo físico, tanto en su cualidad como en su cantidad.
La disminución de la jornada laboral permite al hombre dotarle de más tiempo para completar su formación humanista e intelectual, así como la de poder proceder a su perfeccionamiento profesional al ritmo que marca el desarrollo tecnológico.
Lo lógico es que si el conjunto de horas trabajadas en un periodo se ve mejorado, mediante su retracción, en un colectivo, dicho beneficio se reparta equitativamente sobre todos los miembros de esa colectividad. Lo bastante habitual, por el contrario, en los países más desarrollados ha sido una repercusión en la supresión de puestos de trabajo, ya que la transformación se ha realizado proyectándose únicamente sobre la mano de obra en que directamente incidían los procesos remodelados. Este es el origen de que muchos sectores se hayan vistos afectados por una reducción den las plantillas laborales,  sin que por otro lado se proporcionara a esos productores la posibilidad de reciclarse profesionalmente; entre otras razones porque la política de los Estados no ha sido capaz de flexibilizar sus cauces de formación a las necesidades del momento.
Nos encontramos así con que la mejora estructural tecnológica ha beneficiado, por un lado al capital, que ha obtenido mejoras al sustituir los más altos costos salariales por inversiones más rentables, y por otro a determinada masa asalariada, cuyo beneficio ha crecido a la sombra de anteriores mejoras pactadas.
Si bien económicamente el proceso ha aportado liquidez, socialmente ha sufrido un agravamiento, pues la reducción de los puestos de trabajo ha creado un desequilibrio de rentas y la insatisfacción de una parte del cuerpo social.
El camino a seguir viene marcado por un pacto que repercuta en todo el colectivo los progresos del acelerado proceso de transformación. Que la reducción del peso laboral libere en la parte alícuota a todos los ciudadanos, y que todos al tiempo mantengan el ejercicio de su derecho a gozar de un puesto de trabajo. Esta distribución solidaria se debe realizar especialmente sobre el trabajo reglado, pues en él no se libran especiales derechos de quien tiene empleo sobre de quien pudiera ejercerlo.
Un grave problema, y muestra evidente de insolidaridad, es la presunción de quien ostenta un determinado puesto de trabajo de un ficticio derecho que le une invariablemente a ese beneficio;  y las más de las veces no podría alegarse otra razón que la de haberlo ocupado con antelación en  el tiempo.
Tomemos un ejemplo: Si un expendedor de billetes reclamase inmutable y de por vida todos los beneficios que le reporta su puesto de trabajo, ¿qué razón de asiste, comparado con otro que puede desarrollar el trabajo con la misma eficacia pero que por separarle veinticinco años de edad ha llegado al tiempo en que todas las plazas estaban ya ocupadas? ¿Es que el segundo habría de esperar por fuerza a que el primero le hubiera de ceder la plaza cuando ya no le interesara ocuparla? Lo lógico en una sociedad organizada es que compartan parte de la jornada.
Este ejemplo lo he tomado precisamente por su excesiva simplicidad, como típico del problema de la distribución del trabajo reglado que se hace preciso afrontar. En cuanto al trabajo reglado podemos decir que le conviene y es el primer objetivo del ajuste de la jornada.
Con el trabajo de libre iniciativa no es tan directa la aplicación, pues al mediar una dependencia mucho más directa de los bienes producidos con el sujeto que los produce, no es éste tan fácilmente sustituible en el proceso. Así su aporte de imaginación y la aportación de los propios recursos toma un valor determinante, de modo que sin esa concurrencia del individuo concreto pueden no lograrse los objetivos marcados.
Se origina así una responsabilidad inherente al sujeto, y debe ser en él mismo donde se resuelva su periodo temporal de dedicación a ese trabajo. La dimensión solidaria en este tipo de trabajo pasa más por la asignación de los beneficios obtenidos, que deben no agotarse en la satisfacción del sujeto, sino en cuantos colaboran en ese trabajo, y como ya indiqué anteriormente, en un justo equilibrio entre los beneficios que producen y su reinversión en nuevos objetivos sociales.
Respecto al trabajo adicional, éste por su menor consolidación, tiene como fin complementar en muchos casos al trabajo reglado, especialmente para allegar rentas complementarias que muchas veces se hacen necesarias para el sostenimiento de la unidad familiar. Por sus características de menor entidad y autonomía no suele entrar en conflicto con terceras personas en su dimensión social.

c)      La solidaridad en un gran pacto social.
La distribución del trabajo disponible en base a una reducción de la jornada puede convertirse en una medida impopular si no se logran: 1º La adhesión solidaria del cuerpo laboral. 2º La repercusión real en una equitativa distribución del trabajo.
No es  fácil la adhesión del cuerpo laboral profesionalmente consolidado a una medida de estos caracteres, ya que en muchos ambientes se ha introducido una mentalidad que pretende desligar el problema del desempleo a su dimensión social. Es quizá una secuela del liberalismo, pero existe una tendencia de quienes creen que el hombre desempleado es responsable de su situación, y de que si no accede a un puesto de trabajo es por desidia o por falta de imaginación, alegando que no es el Estado quien deba preocuparse de proporcionar el trabajo a los ciudadanos.
Ciertamente se puede realizar una censura sobre aquellos que en su condición de parados no apetecen adquirir un puesto de trabajo mientras perciben un subsidio. Quizá aquí la dinámica de la administración del Estado deja mucho que desear, y no es lo suficientemente ágil para cubrir las necesidades de la problemática. También se critica a quienes cobran un subsidio que no les es necesario pues realizan otros trabajos no reglamentados con los que cubren sus necesidades.
No son los subsidios el medio para paliar el problema del paro. No basta extraer dinero de la renta nacional para cubrir asas necesidades, pues ni las remedia, ni reparte esos recursos con equitativa justicia. Los subsidios deben quedar como fondo que garantice una situación de emergencia temporal. Las soluciones permanentes habrá que enfocarlas hacia dotar a todos de la posibilidad real de contar con un puesto de trabajo.
Aquí se inserta la necesaria colaboración de todo el cuerpo social para compartir la riqueza que supone el poseer un puesto de trabajo.
Hay que tener en cuenta que lo que se busca es ajustar la demanda a la oferta, mediante el equilibrio de la jornada, lo cual, una vez ajustado, permitirá las oscilaciones necesarias para llegar a cubrir toda la oferta posible.
La repercusión real en una equitativa distribución del trabajo lleva a considerar que se han de poner los medios necesarios para que no acceda a dos unidades de trabajo reglado una misma persona, si no se dan en ella circunstancias especiales. Al reducir la jornada de trabajo, podrán algunos contar con más facilidad para absorber una doble función laboral. Si se trata de un trabajo adicional, puede ser incluso positivo, pero si abarcase dos puestos de trabajo reglado se habría conseguido el fin opuesto al pretendido al reducir la jornada.
Es muy importante señalar la importancia de la honestidad administrativa, pues de ello depende en mucho la popularidad de las medidas a adoptar.
A modo de anécdota citaré que recientemente me han contado la existencia de una sociedad cuyo fin era descubrir aquellas empresas que no cumplían la normativa legal de afiliación al sistema de Seguridad Social. Pues fíjense lo paradójico que es que esa misma empresa sea la primera en no cumplir con dar de alta a sus productores.
Es la propia administración, los sindicatos, las patronales, las asociaciones de intereses sociales… los que han de propiciar un pacto para adecuar la jornada a las necesidades del mercado. La medida es importante, y por ello exige una gran cooperación de todas las partes interesadas para que pueda ser asimilada.

El primer paso implica la decisión colectiva de acabar con el problema del desempleo como lacra estable de la sociedad.
El segundo, la concienciación que el camino más inmediato y seguro es el de una distribución más equitativa del trabajo real existente, y que para conseguirlo el medio más pertinente es la disminución de la jornada de trabajo.
El tercero, la capacidad social de integrar el afán de solidaridad que permita ceder determinados intereses en beneficio ajeno.
El cuarto, la concertación a través de un adecuado análisis económico.
El quinto, el seguimiento por todas las partes implicadas de la evolución de las medidas adoptadas.
Esta transformación, que en un principio puede parecer presentar dificultades insalvables, y que no lo son tales, supone un reto a la capacidad organizativa de los medios de producción, para que estén en condiciones de flexibilizar los sistemas para aceptar la concurrencia de mayor número de trabajadores en diversos turnos de producción.

d)     Implicaciones económicas.
El primer  gran problema que se presenta es el del ajuste de las retribuciones salariales al disminuir la jornada.
De un modo simplista se podría establecer una relación proporcionada entre la disminución de la jornada a el salario a percibir. La aplicación de esta medida proporcional, no obstante, se presenta en principio muy difícil. Pues recaería en el cuerpo social de menos rentas, que es el que forma la mayor parte de productores que participan en el trabajo reglado, de modo que sus haberes les dejarían en un estado de indigencia, ya que las rentas actuales les cubren apenas los costos de una supervivencia que apenas raya los límites de la dignidad.
Nos enfrentamos así al más delicado de los aspectos a estudiar: Una distribución justa de los costos de la operación para que solidariamente sea soportada por toda la sociedad y no sólo por los que se vean afectados directamente.
Respecto a los datos de población activa y parada no es posible operar con datos reales, pues para ambos colectivos las estadísticas hay que estudiarlas dentro del campo en que has sido elaboradas.
Yo tomo un concepto de desempleo que abarca a  todos los que desearían ejercer un trabajo. Hay entre los parados, especialmente en el paro juvenil un porcentaje de personas que no se registran con reiteración en los censos.
Tomaremos pues unas cifras maestras que nos sirvan para desarrollar una tesis, pues por no tratarse de un trabajo analítico sino conceptual, no queda determinado a la exactitud de las cifras operacionales, dado lo cual y para favorecer su comprensión recurriremos siempre que sea posible a movernos entre elementos porcentuales.  En cualquier caso la respuesta es válida, dejando para el rigor de sus posibles aplicaciones las variables convenientes a usar en el momento.
Si tomamos como dato de trabajo la cantidad de diez millones de operarios en la modalidad de lo que hemos asignado como trabajo reglado, y un total de dos millones y medio de parados susceptibles de acceder a uno de esos puestos, o sea, que con la quinta parte del trabajo de cada cuatro trabajadores en activo se podría crear una nueva posibilidad para uno actualmente desempleado. Así obtenemos que cada trabajador habría de ceder el 20% de su trabajo para saldar la cifra de parados que hemos estimado, resultándonos una población activa de 12,5 millones que habrían de desarrollar una jornada de 32 horas semanales.
Si el nivel de salarios lo mantuviéramos sin más, resultaría que produciríamos un elemento distorsionante en la economía de un 25% de inflación, lo cual implicaría un desajuste total en el mercado.
Lógico sería aplicar la reducción de los salarios en el porcentaje correspondiente, un 20%, y considerar ese aporte como la contribución de la masa laboral trabajadora al beneficio ajeno.
Pero como indicamos con anterioridad, una gran parte del conjunto laboral no estaría dispuesta a ceder, porque aunque quisieran no podrían, ni un punto siquiera de sus rentas actuales.
La solución se configura delineada en dos aspectos:
Primero: Delimitar unos niveles de rentas los cuales, a cambio de la reducción de la jornada pudieran ceder una parte de sus actuales retribuciones.
Segundo: Buscar recursos alternativos que puedan aportar los porcentajes cedidos por la reducción de la jornada en aquellos parámetros en que no puedan realizarlo los trabajadores.
Comenzaremos el estudio por este segundo, y en su desarrollo abordaremos el primero.
Si hemos de obtener recursos para paliar el déficit de las retribuciones salariales por la disminución de la jornada de laboral, éstos habrán de ser equivalentes a la reducción que se opera en la retribución correspondiente a ese periodo. Si contamos con un reducción del  20% habremos de tomar equivalentes porcentajes de otros conceptos. Podríamos así recurrir a establecer la siguiente distribución:

4% de los actuales subsidios de desempleo.
2% por aumento del rendimiento en la producción.
8% nueva distribución de costos sociales que actualmente repercuten directamente sobre la mano de obra en exclusiva.
3% por compensación de las deducciones operadas en los posibles niveles de renta.
2% por reducciones del gasto público.
1% costos netos del productor.
Analicemos cada uno de estos conceptos:
-          Los actuales subsidios de desempleo:
Si valoramos los actuales subsidios de desempleo, que podemos cifrar alrededor de 750.000  millones de pesetas al año, vemos que es un coste muy alto el que cuesta el subvencionar el conjunto de todos aquellos que no pueden recurrir a alcanzar un puesto remunerado, creando un elevado déficit que ha de ser aportado en último término por los trabajadores.
Si se busca animar una política de pleno empleo, esas cantidades podrían repercutirse, a través de su detracción de las cuotas aportadas por los trabajadores, a un menor coste de su puesto de trabajo.
Si valoramos en unos 15 billones de pesetas el montante del costo de las retribuciones de los 10 millones de asalariados por trabajo reglado, obtendríamos que con el 0,75 billón de pesetas no invertidas en subvención del paro debe poderse paliar el 5% de la disminución de los niveles de renta que actualmente perciben, o ajustándonos más, el 4% de la remuneración a la nueva población activa posible.
-          Aumento del rendimiento en la producción:
Una de las lastras que arrastra nuestro sistema productivo es el de un bajo rendimiento. Este desfase se debe fundamentalmente a la mano de obra, y en ésta el rendimiento es consecuencia de abundantes factores, entre los que se cuentan su relación anímica sobre el trabajo a efectuar, su vinculación moral a la empresa en que presta sus servicios, su perspectiva laboral, así como otros factores más inmediatos como son la distribución de su jornada y el grado de esfuerzo físico necesario a emplear. Si se reconocen en mayor medida sus derechos laborales, si se favorece una promoción de la solidaridad social en el trabajo, es muy probable que se refleje en una mayor motivación del trabajo hacia la responsabilidad en la producción. Uniendo a ello una disminución de la jornada se debe dar una mayor rendimiento productivo, que no debe repercutir únicamente sobre el capital, sino en su justa parte también sobre la mano de obra. Podemos  valorar una posibilidad de mejora de al menos un 2%, que será más a añadir a los porcentajes que venimos valorando.
Un aspecto importante en relación con la aplicación de la jornada laboral es la mutua colaboración para que su cumplimiento sea neto.
La distribución de los costos sociales.
Un capítulo muy importante es éste, pues en la actualidad la distribución de los costos sociales ha quedado desfasada.
Los costos sociales han venido desde hace tiempo cargándose sobre la mano de obra, y ha sido esto uno de los culpables de su encarecimiento. El cargo, o bien se realiza directamente sobre la renta que percibe el productor, o bien indirectamente la paga la empresa en porcentaje a retribuciones que le efectúa. De un modo u otro, directa o indirectamente, es un costo que va añadido sobre sus retribuciones.
Este sistema en un pasado, en que la mayor parte de la producción recaía sobre la mano d obra, pudo ser justificado, pero hoy exige revisión.
La responsabilidad de cubrir unos mínimos que garanticen a todos los ciudadanos un mínimo de seguridad y supervivencia ante la enfermedad, la vejez, u otras causas accidentales, es un deber de la sociedad en sí. No se trata de una relación directa de aseguramiento por parte de cada productor, sino de una dimensión común solidaria que tiene su fundamento en la misma sociedad.
Si bien se intentó en un pasado establecer un sistema de relación directa entre las prestaciones y las cuotas aseguradoras, el tiempo ha llegado a demostrar que esa relación proporcional es difícil de mantener, ya que las masas de contribuyentes y beneficiarios, así como sus relaciones contributivas son variantes.
Hoy en día los Estados se enfrentan a la disyuntiva de, o tener que dejar sin asistencia a un número variable de personas que no cotizaron sus cuotas aseguradoras y repercutir exclusivamente los ingresos sobre sus asegurados, o establecer una media equitativa, y con las aportaciones del personal laboral activo cubrir todas esas demandas.
El sistema elegido parece ser el segundo, de modo que se preste ayuda asistencial, al menos en un mínimo, a cuantos lo necesiten. Un orden humano y civilizado no puede dejar padecer la miseria o morir víctima de la enfermedad a nadie, aunque ya no fuera por una mera relación de justicia habría que realizarlo por humana solidaridad.
Esta situación en que los beneficios netos no se corresponden proporcionalmente a las cuotas abonadas marca una significación interesante. No es el trabajador quien libremente asume la autoaseguración según sus necesidades, sino que se convierte en un elemento contribuyente de un orden social superior.
Por tanto, si esa ordenación es responsabilidad del conjunto social, hay que arbitrar fórmulas que distribuyan esa carga de un modo objetivo y solidario sobre todo su conjunto.
Cada vez parece menos conveniente el determinar como sujeto pasivo del coste social al trabajador, pues ha dado como resultado el encarecimiento de la mano de obra, y como consecuencia de ello su sustitución por medios tecnológicos más rentables.
No es el momento de defender a ultranza la prioridad de la mano de obra humana, pues, como ya se indicó, el desarrollo tecnológico ha de ser asumido, pero con responsabilidad.
Habrá en primer lugar que deslindar una serie de gastos sociales que han de ser cargados corporativamente a la sociedad, como son las pensiones mínimas asistenciales, la atención generalizada, etc. reservando a  costa directas del productor las mejoras voluntarias que sobre esos mínimos comunes quisiera concertar.
La financiación de esos costes generales deberá realizarlos el Estado detrayendo esos fondos no con relación a los salarios, sino por ley impositiva sobre el conjunto de los ciudadanos.
Si comparamos, por ejemplo, los actuales costos sociales que aporta una empresa con cincuenta empleados, y otra con diez, encontraremos clara diferencia, independientemente que la producción de ambas pueda ser la misma. Esto ha llevado a que muchos empresarios rescindiendo los compromisos de trabajo de sus empleados, lo cual les liberaba del pago de las cuotas sociales correspondientes, habían éstos de ser mantenidos subsidiariamente por sus compañeros.
Es éste un sistema que desajusta la ley de oferta y demanda de empleo, ya que sitúa el coste de la mano de obra en cotas superiores a su coste real.
Un plan más equitativo beneficiaría a muchas empresas que pasarían a ser más rentables, ya que la presencia de mano de obra es consustancial al fin que desempeñan. Al disminuir los costos sociales cargados sobre la mano de obra repercutiría en un producto más competitivo y posiblemente en una mayor viabilidad de supervivencia.
La solución está en que los costes se distribuyan entre los ciudadanos proporcionalmente. El sistema puede ser doble: por un lado su aplicación a través de la recaudación fiscal directa, o con un impuesto sobre la producción o el consumo. De este último modo se lograría equilibrar las cuotas sociales aportadas por unidad de producción, independientemente que sean aportadas por una empresa en la que presten su colaboración uno o varios trabajadores.
Si detraemos, por tanto, de los abonos que actualmente se realizan por el productor a la Seguridad Social la parte que no le corresponderá abonar directamente, obtendríamos que se podría reducir al menos la mitad de las aportaciones. Dado que sobre esa reducción habría que aplicar el porcentaje de repercusión general, la diferencia entre el costo anterior y el nuevo puede oscilar alrededor del 8%, que es el índice que puede ser absorbido en el cálculo compensatorio por la reducción de la jornada.
Este sistema crea efectivamente una inflación de los costes de facturación de un 3% al 4% para el supuesto de reducción de la jornada en un 20%. Esa diferencia puede ser absorbida con una equilibrada administración de los recursos de la Seguridad Social. No se trata de que se disminuyan las prestaciones, sino que los recursos lleguen más enteros a sus destinos. Aquí se hace preciso una política de trasparencia y responsabilidad.
Los costos sociales y su administración constituyen de hecho la mayor empresa de un país, y por tanto deben estar regidos por personas competentísimas que no malogren los fondos asignados, sino que los rentabilicen en orden a dotar de unos mejores servicios a sus beneficiarios.
Un ejemplo de esa mala gestión se puede encontrar en la rentabilidad de los costos sanitarios. Mientras que en la medicina privada los costos por cama hospitalaria y día se encuentran entre unos valores aceptables, en la sanidad oficial esos costos se ven en muchos casos doblados, siendo por otro lado la asistencia privada la que cuenta con mayor aceptación por parte del público que ha de utilizarla.
-          Deducciones en los más altos niveles de renta:
Quedó apuntado que si bien para las rentas más bajas se hacía inviable una reducción de los jornales paralelamente a la reducción de la jornada, para las rentas más altas sí que se podría estudiar una medida solidaria que llevase aparejado una aportación por parte de los trabajadores, en que junto a la dedución de una pare de sus trabajos admitieran también una reducción de los honorarios que actualmente perciben.
Tiene su fundamentación en que sus más elevadas rentas les permitirían aportar esa contribución, no sin esfuerzo, pero sin que les produjera perjuicios importantes. También su formación, en muchos casos, les permitiría compartir, con el tiempo ganado, otros trabajos adicionales que cubrieran los ingresos cedidos.
De cualquier manera no se haría necesario que la disminución de las percepciones corriera proporcionales a la nueva duración de la jornada, pues tanto las correlaciones por subsidios, rendimientos, costos sociales, etc. les podían ser bonificadas.
Aplicando un criterio solidario podría estimarse entre un 6% y un 12% la disminución de las rentas a percibir en estas escalas, lo que daría una media de nivelación de costes en las escalas más bajas de un 3%.

-          Por reducciones del gasto público:
No plantearíamos con justicia esta materia, si junto al esfuerzo solidario solicitado al ciudadano trabajador, no requerimos también de la administración del Estado una aportación mediante la educción del gasto que directamente administra.
Una de las grandes tentaciones de todo el aparato administrativo, cualquiera que sea la tendencia que lo controla, es la de acaparar funciones, y la de disponer de las mayores cuantías posibles de recursos, pues todo ello le confiere mayores cotas de poder. Lo que ocurre normalmente es que la administración de esos recursos deja mucho que desear. Una descomunal burocracia, falta de fiscalización y una sensación de trabajar con fuete inagotable de recursos, hace que entre las complicadas cuentas con muchos ceros se extravíen partidas más pequeñas, a las que apenas se da importancia.
Se hace preciso que sea la administración a todos los niveles quienes primero den ejemplo de sobriedad, asignando la clara función social de los bienes, y utilizando sus bienes de modo que sus propios beneficios no desdigan del aspecto solidario que debe presentar el límite de las riquezas.
Una disminución del gasto público podría repercutir en cubrir un 2% de los valores que venimos estudiando.

-          Beneficios netos del productor:
Por último también debemos tomar en cuenta que la reducción de la jornada le puede reportar al mismo productor unos beneficios netos en lo que se refiere a una contención de gastos corrientes: Ahorro en desplazamientos o en gastos de manutención deben también valorarse, y aunque sean a veces en pequeña cantidad los vamos a estimar en un mínimo del 1%. En algunos casos permitirá al trabajador realizar algún otro trabajo adicional, con lo que puede llegar incluso a mejorar su situación económica.
Hasta aquí hemos analizado como sería posible el realizar la reducción de la jornada laboral para equilibrar el desajuste actual del desempleo, sin que ello conlleve más que una serie de transformaciones estructurales, que fundamentalmente afecta a la consideración de las aportaciones a la Seguridad Social.
La posibilidad de afrontar este esquema de lucha contra el paro, supone un reto histórico. Uno de los grandes traumas que siempre ha padecido la cuestión social en torno al trabajo ha sido la de no haber sabido la sociedad transformarse a tiempo. Hace ya más de una década que el problema del paro está atacando gravemente las economías y el equilibrio social,  y no se le han buscado más que soluciones  de parcheo.
La reducción de la jornada por otro lado no es una cuestión cerrada, sino que permite dejar una vía amplia abierta para que los productores a través del trabajo adicional puedan complementar sus trabajos, al tiempo que facilita el desarrollo de la imaginación en busca de otras formas de servicios distinta al trabajo reglado.
La puesta en práctica de la reducción de la jornada ha de ser una cuestión no prolongada en el tiempo, pues su escalonamiento podría producir a cada paso un reajuste del mercado que absorviera en sí mismo los fines que se pretenden. Previamente, claro está, habría que realizar los ajustes en la financiación de los costos sociales.
 

V – LA IMPOSICIÓN FISCAL.

La imposición fiscal dentro de un Estado debe cumplir un doble objetivo: 1º Cubrir los costos de los servicios de uso común de los ciudadanos. 2º Actuar como medio de equilibrio en la distribución de las riquezas entre los componentes de la sociedad, al menos de manera subsidiaria.
Respecto a lo primero, tiene su fundamento en la limitación de cada sujeto para atender a todas sus necesidades, requiriendo que sea el Estado, como estructura superior de la sociedad organizada, quien vele por la capacidad de producir y mantener los bienes que sean comunes a todos los integrantes de la colectividad. Para la financiación de esos medios, el Estado no tiene más posibilidad que recaudar de los mismos ciudadanos los fondos para su ejecución.
Con relación a lo segundo, el Estado adquiriría la misión de actuar como catalizador de los deberes que rigen sobre los sujetos de la sociedad, en lo relacionado al justo equilibrio que debe imperar entre el derecho natural a aprehender bienes y su disponibilidad limitada para el uso propio.  Se trata pues de regir un sistema en el que los mutuos derechos y deberes encuentren su proporcionada equidad.
El Estado, en cuanto tal, debe tener capacidad para imponer cuotas de participación a los ciudadanos orientadas a favorecer el bien común. Lo necesario es que esa imposición estatal no entre en confrontación con los legítimos derechos individuales, ni ignore la dimensión social  que la actividad particular también soporta en cuanto es ejecutada de acuerdo a una recta ordenación al fin.
La colisión entre el Estado y la economía privada se ha dejado sentir con demasiada frecuencia en la historia, dando origen a los Estados absolutistas, tanto como la opuesta situación, en que el Estado haciendo dejación de obligaciones no actuó de acuerdo al fin social que tiene encomendado, primando en el concierto social los intereses individuales.
Difícil es marcar los límites correspondientes a la capacidad de intervención del Estado en la vida pública, pues la dinámica social es tan rica y variada que hace imposible establecer unos criterios objetivos a los cuales ajustar su intervención.
Conviene asentar el criterio contrastado de que por lo común no se identifican una mayor actividad estatal con un beneficio social más elevado. Que la administración pública no es buena administradora parece ser un criterio reiteradamente demostrado. Este criterio se hace más patente cuando la misma administración pública entra en competencia con la promoción realizada por sujetos individuales; y es que el Estado le corresponde unos fines dentro de la sociedad a los cuales debe ceñir su actividad, pues es para los cuales está debidamente estructurado. La intervención pública más allá de sus fines específicos responde en muchos casos a una ambición de poder de los gobernantes, quienes a través de la prolongación de sus campos de influencia ven enriquecidas sus esferas de poder. Podeos deducir que la misión del Estado no está en absorber competencias de la libre actuación de los ciudadanos, sino arbitrar el sistema para que esas actuaciones se ajusten a la conciencia social que debe informarlas.
Algunos criterios rectores sobre la imposición fiscal merecerían que los sometiéramos a un somero análisis, en especial en lo que de referencia guardan en relación a la política laboral y a la promoción de empleo.

PRIMERO: Es muy conveniente que aquellas actividades del Estado cuyo objeto se oriente a una parcela determinada del sector de servicios, en la medida de lo posible, sea sufragada en sus costes reales por los usuarios.
SEGUNDO: La aplicación de la política fiscal debe orientarse a gravar las riquezas de uso personal y no a las inversiones del capital cuyo objeto sea la promoción de bienes que entrañe unos beneficios fiscales.
TERCERO: Por la promoción de recursos en muchos casos se puede favorecer la capacidad de iniciativa personal que no haga necesaria la intervención subsidiaria del Estado.
CUARTO: Una mayor circulación de bienes o masa dineraria permite una mayor dinámica de desarrollo social, con la consiguiente proyección hacia las demandas de los ciudadanos.
QUINTO: Las imposiciones de tipo estructural para regular los mercados de determinadas mercancías deben contar con la flexibilidad propia de las circunstancias que atañen al fin de uso de esos productos.
En resumen, podemos enunciar que siendo la misión del Estado la de promover la mayor posibilidad de bienestar a los ciudadanos, debe huir de convertirse en el administrador de sus singulares economías, y sí el encauzar el sistema para que autónomamente preste los servicios correspondientes al bien común.
Una gran polémica ha suscitado siempre la doble posibilidad con que actúa el Estado para proceder a recaudar los tributos fiscales: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Una corriente aboga por la supresión del impuesto directo sobre las rentas percibidas, otra defiende su supremacía; mientras una estimula la fiscalización sobre los gastos, la otra condena tal intervención. La diferencia fundamental para algunos está en que en la aplicación de los impuestos directos al ciudadano le es fácil conocer su cuota de participación, es en los indirectos más difícil calcular la cantidad de su contribución. Lo evidente es que ambos se complementan, y su uso generalizado en la mayor parte de los países parece indicar la conveniencia de esa complementación.
La estructura de los impuestos directos parece más acorde al primero de los fines que enunciamos con anterioridad: al de cubrir los costes corrientes de los servicios estatales. Conviene que cada ciudadano en proporción a las rentas de que goza haga esa contribución.
Los impuestos indirectos, por el contrario, se adecúan más a la segunda función: el ordenamiento de una justa distribución de la riqueza. Mediante este sistema se grava no en sí la disposición de bienes o recursos particulares, sino el consumo propio, el aprovechamiento individual, la riqueza de que disfruta el ciudadano contribuyente. Mediante el sistema de la imposición indirecta la contribución recae no sobre los bienes a los que alcanza el derecho de propiedad, sino sobre aquellos que su poseedor destina al uso propio.
En una sociedad marcada por el consumo,  es importante que los diferentes bienes ofertados al consumo estén bien diferenciados impositivamente según cubran necesidades primarias, secundarias o superfluas. Las primeras deberán estar liberadas de la carga impositiva, pues siendo directamente necesarias a la utilización de cada individuo, redundaría en un perjuicio común el ser gravadas, ya que difícilmente la posterior aplicación distributiva de esos beneficios sería tan proporcionada a la necesidad familiar como la que supone ser liberados de esa carga en la adquisición de lo que proporcionalmente cada grupo necesite.
Los bienes que cubren necesidades secundarias y superfluas sí deben estar gravados en relación inversa a su relativa necesidad. Es quizá éste uno de los sistemas más equitativos a la hora de delimitar las riquezas justas que puede cada sujeto allegar para sí. Como ya se apuntó en anterioridad, el derecho con que cuenta la persona humana sobre la actuación de los bienes de la naturaleza es muy amplia, y lo que queda restringido es la parte de beneficio que puede allegar para sí. Un sistema de regular esos posibles beneficios propios consiste en que siendo gravadas impositivamente, quien los desee obtener contribuya al menos con otra gran parte a su proyección social.
No se trata en sí de impedir el acceso al mercado de las necesidades secundarias o superfluas, sino revertir parte de su coste sobre la sociedad, a fin de que cada vez pueda un mayor número de ciudadanos tener acceso a esos bienes.
Quiero dejar patente la necesidad, en cambio, de que sean eximidos de gravámenes los bienes que el individuo particular dedica a la inversión destinada al fin social, como puede ser la capitalización de sociedades mercantiles, la promoción de empresas… pues estos bienes se encaminan directamente a la creación de empleo y a la aportación de recursos al sistema social. Por ello no debe el Estado cargar sin más las masas dinerarias, pues coartan la libertad de ser empleadas en proyectos de inversión. Con la precaución suficiente, en todo caso, se actuará sobre los bienes líquidos inmovilizados que no estén al servicio del bien común a través del preceptivo impuesto sobre el patrimonio.
Por último recordar que los bienes rectamente dispuestos con un fin social por el promotor independiente casi siempre producen un margen de beneficio a los ciudadanos superior al que llega a ofrecer en idéntica situación al administración estatal.
Que la trasparencia fiscal sea lo más nítida posible es uno de los grandes anhelos no siempre satisfechos de los ciudadanos. Llegará un día en que cada contribuyente pueda conocer el fin concreto de cada partida aportada por su contribución, ya sean las correspondientes a los impuestos directos o indirectos. En ese momento se producirá una mayor comprensión del sujeto sobre las garantías de rentabilidad que la ley impositiva le concede.
 

VI – UNA PRIMERA APROXIMACIÓN DE FUTURO.

Predecir siempre es cuestión arriesgada, y toda previsión, a pesar de poder contar con un gran acerbo de datos en la mano, tiene algo de predicción. La posibilidad de desencadenarse crisis económicas de inesperado origen, hacen que todas las predicciones económicas no cuenten más que con una pequeña fiabilidad.
El problema del paro tiene una posible solución a través de una solidaria distribución del trabajo ofertado. Si la sociedad contará con la suficiente flexibilidad para aceptarlo es algo que pertenece al futuro, y que se encuentra en manos de las fuerzas sociales. Lo que sí se entrevé, y de este modo  lo diagnostican los más expertos, es que sin aplicar medidas correctoras nos acompañará al menos hasta finales de siglo.
Una próxima reestructuración facilitaría la adecuación de las condiciones de mercado a las demandas reales. Se trata de propiciar que el mayor número de productores pueda acceder a un puesto de trabajo que le garantice los mínimos de vida. La ocupación profesional propicia la superación, y gran parte de la población, animada por cubrir más amplias necesidades, compaginará su trabajo reglado con otras ocupaciones adicionales que mejoren su nivel de renta.
Una pregunta queda por hacer: ¿Será el individuo capar de sacar rendimiento al mayor tiempo disponible para el ocio? Creo que podemos responder cuestionando cuatro puntos:

PRIMERO: La dinámica de progreso engendra una oferta de posibilidades para el perfeccionamiento profesional al que podrán acceder con más facilidad los ciudadanos, y sobre todo, con más ilusión cuando las perspectivas de trabajo sean más claras. Frente al desarrollo tecnológico cada vez será más necesario el perfeccionamiento del trabajador, y en algunos casos el reciclaje profesional.
SEGUNDO: El acceso a la cultura será otro de los aspectos a desarrollar. El ciudadano, con más tiempo libre, podrá tener más fácil acceso a su perfeccionamiento, aun en campos que no guardan relación con su profesión. Esta parcela dependerá en mucho de la promoción que se realice para su difusión.
TERCERO: La dedicación a la familia, educación, naturaleza, cambiará en algunos aspectos. De hecho ya, con la incorporación de la mujer al trabajo, se ha creado un nuevo ambiente en el que ambos dos comparten más equitativamente los deberes de atención a los hijos. La aportación de más tiempo libre al hogar facilita las relaciones de esa pequeña comunidad.
CUARTO: A un mayor nivel cultural, el ocio puede ser mejor canalizado. En nuestra sociedad sería conveniente que una mayor disponibilidad de tiempo libre acentuara la creatividad y el asociacionismo. Es nuestro país un pueblo pobre en actividades asociativas, de relación. Sería muy enriquecedor el que hubiera una mayor participación ciudadana en actividades recreativas, culturales, deportivas, formativas, políticas, etc.
Otra esfera donde el provenir aportará grandes innovaciones es la estructura de coparticipación de todos los productores sobre la empresa en la que participan. El frecuente anonimato de los capitalistas inversores, las repercusiones económicas para todos los empleados de las directrices de la sociedad, sus relaciones a la seguridad del trabajo... harán que el grado de corresponsabilidad crezca y sea compartido por todos, según un oportuno grado de participación.  Una mayor participación de los productores en la gestión empresarial no está enfrentada a los legítimos derechos del capital.
Es evidente que no se jorja un futuro mejor sin el sacrificio presente; y ese sacrificio debe ser compartido por todos. Sólo un solidario esfuerzo puede superar esta crisis y crear principios sobre los que construir un futuro más equilibradamente conseguido, que pasa por saber adecuar  los bienes de que se dispone a la función que en justicia les conviene.
 

VII – EL PARO AGRARIO.

Todo cuanto llevamos expuesto conviene absolutamente a las situaciones laborales que se mueven en el ámbito de la administración, la industria y los servicios. Existe otro gran sector laboral que es el agrario al que, por el contrario, no le es fácil asimilar la misma sistematización a consecuencia de sus muy peculiares estructuras.
El problema de su estacionalidad, el acceso a la propiedad, la estructuración cooperativista, las condiciones de migración temporal… condicionan que el aporte de las soluciones relativas al paro agrario hayan de ser estudiadas en un contexto superior en el que se encuadre la pendiente reforma agraria.
Las soluciones al problema agrario, que corren paralelas al de la rentabilidad, exigen un estudio diferenciado también según las diversas condiciones regionales y sectoriales de la producción.
A grandes rasgos, podríamos apuntar algunos aspectos generales con los cuales auspiciar una dirección en lo tocante al tema del desempleo rural:

Primero: La adecuación de la población agraria a las verdaderas necesidades de la población. Esto comporta dos aspectos: Una adecuada distribución del trabajo para que no sea absorbida de forma indiscriminada por unos pocos, y adecuar la mano de obra en las explotaciones para que no le resten rentabilidad.
Segundo: Realizar la necesaria inversión para acercar la industria transformadora agrícola a los lugares de producción, de tal modo que pueda absorberse el exceso de mano de obra.
Tercero: La aproximación del operario a la propiedad de la tierra, bien sea a través de una más justa distribución, por la potenciación de un sistema operacional cooperativo o por la incorporación a sociedades mercantiles cuyo objeto encuadre al fin de las producciones agrícolas.
Cuarta: Potenciar el nivel educacional y cultural de las zonas rurales. Una mayor formación presta al campesino unas mayores posibilidades de promoción laboral, ya sea a través de conseguir un más elevado rendimiento a la tierra, como en lo concerniente a financiación, aplicación de recursos, estudio de mercados, cooperativismo, etc. Una mayor formación humanística y cultural ayudarán a integrar los sectores agrarios en el contexto social, así como facilitar el acceso a los niveles más altos de educación, y su adecuación a las perspectivas profesionales que se ciernan sobre cada situación.
Por eso hablamos de una necesaria reforma agraria a nivel de Estado, pues son muchos los aspectos que se barajan y que han de ser tratados solidariamente. Las soluciones coyunturales que se aplican a problemáticas puntuales no son suficientes para confeccionar soluciones a los problemas profundos del agro español. Aquí, como antes, hemos de hacer hincapié en que los verdaderamente importantes problemas a afrontar son los de los agricultores.  Con más frecuencia de la debida se planifican soluciones desde arriba orientadas no al beneficio del productor agrario cuya problemática queda marginada, sino a cubrir necesidades generales económicas, intereses de relaciones internacionales, contención política del índice de precios, etc. Hay que remodelar la política agraria para que toda se construya sobre los derechos subjetivos del agricultor. Ignorar al sujeto del trabajo es deshumanizar la cosa en sí, por mucho que de ello se pueda seguir un beneficio para otros terceros. Atendemos aquí tanto a la importancia concedida a la vinculación del obrero a la tierra que trabaja, como la de su promoción profesional que le conceda una mayor libertad de actuación.
 

VIII – LOS PAROS SUBJETIVOS-COYUNTURALES.

a)      El paro juvenil.
Dentro de la problemática del desempleo, uno de los capítulos que por su importancia merece atención especial es el relativo al paro juvenil.
Podemos acotar a efectos de este trabajo el periodo juvenil en el que transcurre desde los dieciséis años –edad final de la escolarización obligatoria- hasta los treinta años, o también hasta que el joven encuentra una labor profesional estable. En el primer caso abordaríamos una situación relativa a un sector o colectividad; en la segunda una problemática en su valor absoluto. En cualquier caso las aplicaciones del estudio son similares.
El mayor problema al que se enfrenta la actual juventud es el de encontrar un puesto de trabajo profesional, ya que para la mayoría constituye un muro al que enfrentarse, pues la oferta del mercado de trabajo es ínfima.
La necesidad de conseguir una ocupación laboral tiene dos vertientes:

PRIMERO: La de contar con un medio ocupacional que los permita desarrollar su capacidad creacional y su incorporación a la sociedad de modo responsable.
SEGUNDO: Quizá la más arraigada entre la propia juventud, que es la de contar con un medio que les garantice su propia independencia económica como factor constitutivo del ejercicio de la propia libertad.
Respecto a la primera podemos constatar la existencia de un gran desencanto social, pues desde la perspectiva juvenil no se concibe un orden social que les desvincule de uno de sus primeros derechos como es el del trabajo.
La desesperanza alcanza hoy en día a los niveles más primarios, pues se detecta en las aulas escolares un “pasotismo” originado por la escasa perspectiva de un futuro inmediato donde aplicar el contenido de unos estudios que no se asimilan sin una dosis determinada de esfuerzo.
Una sociedad con escasez de recursos en la oferta de mano de obra engendra una sociedad competitiva en la que la solidaridad pierde presencia en las relaciones humanas. Cada compañero de aula se convierte en un virtual competidor por uno de esos escasos puestos laborales; y ello origina una concepción egoísta de la vida profesional, alejada del sentido social que debe acompañar el desempeño de la actividad laboral. Por otro lado, ese esfuerzo competitivo no pocas veces desemboca en una proyección egocéntrica, al conceder mayor importancia al esfuerzo empleado hasta haber alcanzado el trabajo, que al sentido de servicio que desde él se presta a los demás miembros del colectivo social.
Paralelamente al desinterés en los estudios, originado por la falta de esperanza ocupacional o una rentabilidad próxima, se desarrolla con excesiva frecuencia tendencias a la ociosidad que sume a los jóvenes en un estado de abandono de cuanto suponga esfuerzo o lucha personal.
La obligatoria escolarización no es de por sí sola medio suficiente para superar la ociosidad si no proporciona de modo anejo perspectivas de interés que centren al alumno en una valoración positiva del estudio. La ociosidad, con mucha frecuencia, no es más que una consecuencia de la merma de valores o ideales a desarrollar, muy especialmente en el periodo que configura el primer proceso de la incorporación del sujeto al escenario laboral.
A partir de los límites de la primera formación, donde se produce la decantación de las condiciones subjetivas en cada estudiante, que ordenadas configuran su vocación profesional, la segunda formación debe a constituir una primera etapa del ejercicio profesional, al cual ha de verse ligado en el máximo de los aspectos posibles. Aquí es donde se inserta la necesidad de un mayor margen de esperanza profesional, que ante una favorable perspectiva de futuro, incremente la pasión por la profesión a desarrollar en la vida.
Otro muy importante segmento de personas lo constituyen aquellos jóvenes que por diversas condiciones como son capacidad, situación familiar, perentoriedad económica… han de realizar el acceso a un puesto de trabajo en edad temprana y con carácter de urgencia. Para ellos la formación previa en la escuela no tiene una transcendencia laboral, pues la misma premura les obliga a que sea el mismo puesto de trabajo por donde canalicen su capacitación laboral. Con esa mayor desvinculación de la escuela al trabajo, la necesidad ocupacional crece en una proporción mucho mayor, pues en caso contrario la ociosidad es la que se adueña por completo del individuo. La necesidad entonces de que la sociedad pueda ofrecer puestos de trabajo accesibles a estos jóvenes se convierte en una irrefutable necesidad.
Una segunda vertiente la constituye la necesidad de la juventud de poder acceder a un determinado grado de independencia, y para ello es preciso que les sea posible adquirir los recursos que la avalen. La posibilidad de esa mayor libertad que depara tener acceso a una fuente de ingresos propio es una de las aspiraciones más extendidas en la juventud, porque al liberarse de la dependencia económica familiar pueden realizar sus propios planes culturales, sociales… e incluso gozar del derecho de emancipación total, que si bien la ley concede con la mayoría de edad, no es efectivamente aplicable sin la necesaria capacidad económica propia.
Para conseguir esa independencia es preciso contar con una fuente de recursos que puede provenir:
a)      De ejercer una labor profesional retribuida.
b)     Subvenciones por estudios.
c)      Financiación de la propia familia.
d)     Apropiación de lo ajeno.
De estas cuatro posibilidades observamos que la b y c, si bien en teoría pueden secundar planteamientos emancipativos, lo más real es que las becas o subvenciones no proporcionan la suficiente capacidad, mientras que las prestaciones familiares originan una dependencia que puede ser más o menos etérea, pero siempre real.
La retribución profesional se convierte para muchos jóvenes en el garante de su libertad e independencia, lo cual les permite organizar su vida de tal modo que las relaciones de dependencia pasan a constituirse en relaciones de cordial reciprocidad. Pero para ello, además de contar con un puesto de trabajo se precisa una cierta garantía de continuidad, de lo cual con frecuencia se carece en la época de la primera ocupación.
Se puede discutir la estricta necesidad de esa independencia económica, pero lo que es evidente es que se trata de un derecho, y debe ser respetado. Origina también la desgravación de una carga sobre la economía familiar, en muchos casos precaria, y no pocas veces la capacidad real para contraer matrimonio.
La última pasibilidad para optar a conseguir recursos la enunciábamos como la de la apropiación de lo ajeno. Este método que sobrepasa el límite de lo legal y lo moral, se convierte para muchos jóvenes inactivos en el medio con el cual alcanzar un mínimo de independencia. Su ilicitud lo contrapone al trabajo, pero a él se llega casi siempre a partir de dos premisas que lo relacionan con éste:
1.       La carencia de un trabajo donde conseguir recursos lícitos.
2.       Por consecuencia de carecer trabajo, la disponibilidad de un mayor tiempo para el ocio, cuyas actividades exigen una fuente de donde costearlas.
Quien se inclina hacia la apropiación indebida penetra en una espiral en la que, si bien a consecuencia de la falta de trabajo se comenzó con pequeños hurtos, con posterioridad se afirma en ella esa condición, llegando a desdeñar el trabajo. Por ello es muy importante que la juventud no se frustre cuando desea acceder a un puesto laboral.
La sociedad de consumo en que coexistimos es ella mima un reclamo para los jóvenes, en la que para sentirse identificados precisan adquirir bienes, y para ello han de encontrar –con cualquier método- los medios para poderlos alcanzar. Las grandes desigualdades de renta crean numerosos desequilibrios, ya que muchos hijos de familias de rentas bajas no pueden llegar a entender el porqué ellos no pueden alcanzar nada de lo que otros sectores consumen en abundancia. En un pasado, quizá existiendo las mismas diferencias, la represión era menos, debido a que al existir menos información les eran esas diferencias menos tangibles.
Es cierto que existen jóvenes para los que el trabajo no ejerce ningún tipo de atracción. Los hay, los ha habido, los habrá. Es común a la naturaleza humana el que un pequeño porcentaje no asuma las obligaciones que por naturaleza y por reciprocidad social le corresponden. En cualquier caso se trata de evitar que esos segmentos puedan elevarse por encima de lo común, por un acto consentido del cuerpo social. No es la ley la que puede obligar al hombre a ser recto en el campo moral, pero sí quien se lo facilite.
Por todo lo expuesto, es muy interesante el facilitar el que la juventud alcance un puesto de trabajo, pues de lo contrario se va creando una lacra social en la misma entraña de su cuerpo. Garantizar el trabajo a cada joven no puede corresponderse tampoco con prescindir en él a otra persona mayor. Se necesita por tanto aumentar la oferta hasta los campos reales de la demanda. Siempre existirá un margen de maniobra, pero lo que se debe hacer es que exista una correspondencia social a las demandas de trabajo de la juventud en su configuración global.
Hay algunas situaciones especiales que afectan a la juventud y que por su importancia conviene reseñar con particularidad.
1º El servicio militar.
2º La excesiva prolongación de los estudios.
3º Una prospección a su futuro.


a.1) El servicio militar.
Una situación puntual a la que han de enfrentarse los jóvenes de hoy es el periodo en el que han de incorporarse a cumplir el servicio militar. A los diecinueve años aproximadamente, o más tarde en bastantes casos, un gran porcentaje de jóvenes se ven obligados a retraerse de sus obligaciones laborales para incorporarse a prestar el servicio obligatorio en la estructura militar de nuestro país.
Aunque en las cifras oficiales este contingente de jóvenes no es considerado como en situación de desempleo ya que están afectados por una ocupación, en el terreno de lo real sí podemos decir que sufren una situación similar a la del paro, y así es considerado por ellos mismos en su gran mayoría, pues han de abandonar el empleo que les propio para asumir otro extraño que les es impuesto.
Si nos ceñimos a considerar como labor profesional la que uno desempeña de acuerdo a su propia vocación y actitudes, en libertad, y de ella recibe medios proporcionados para su sostenimiento, vemos que ninguna de estas condiciones se dan en el sistema actual de dependencia de las fuerzas armadas para la clase de tropa. No es una ocupación profesional en primer lugar por su carácter temporal y, en segundo, porque detrae de sus propias ocupaciones durante ese periodo a los jóvenes que prestan ese servicio.
Se arguye que dicho periodo conlleva una prestación especial en servicio a la patria, lo cual puede ser contestado desde muy diversos enfoques. Si comenzamos a considerarlo desde el punto de vista de garantizar la seguridad nacional, se puede argumentar que la dinámica estratégica actual cada vez tiende en mayor grado a exigir una más profesionalidad y especialización en todas las clases en que se estratifica el ejército, comenzando por las más inferiores. La modernización del armamento, su mayor tecnología, exigen una identificación por parte del soldado que lo utiliza para que cubra realmente sus objetivos, Esta identificación no se puede realizar a través de dedicaciones temporales de sujetos, a quienes en su mayor parte le son ajenas las responsabilidades de su uso, quienes habitualmente apenas llegan a conocer las características de esos armamentos, y quienes en muchos casos no tienen la capacidad para su comprensión. Desde este aspecto creo que el ejército estaría mucho mejor servido con un cuerpo que asumiera la responsabilidad profesional de su eficacia.
En lo que de servicio a la patria se refiere es evidente que el mejor servicio a la colectividad lo ejerce cada uno desde el puesto social en que dispone sus cualidades en un trabajo, cuyo beneficio redunda al bien común, ya que coadyuva a la mutua prestación de relaciones encaminadas a obtener beneficios mutuos de los bienes de la naturaleza. El que un médico, un artista, un alfarero… preste mejores servicios a la patria en las dependencias de un cuartel que en su puesto profesional no deja de ser un espejismo de situaciones históricas ya superadas.
Así obtenemos que cuando un ciudadano se ve relegado de su normal ocupación laboral, podemos interpretarla como un subterfugio de desempleo. Esto no se ajusta a las necesidades reales de un Estado en tiempo de paz.
Una mayor parte de los destinos en que se ven empleados los cuerpos de tropa son actividades burocráticas o servicios auxiliares –oficinas, cocinas, mantenimiento, peluquería, etc.- que pueden ser prestados por profesionales que tengan esos cargos como ocupación laboral fija, ya que además de prestar una mayor unidad en los servicios, los realzarían con más alto grado de responsabilidad y eficacia.
Caso distinto es el de la situación de guerra, en la cual cada ciudadano habría de asumir las funciones que le fueran menester. Lo que sí parece claro a cualquiera que haya cumplido el servicio militar es que el adiestramiento que allá recibe en un año, en situación de peligro lo puede condensar con igual eficacia en un periodo breve tras su incorporación a filas.
Un buen ejército profesional con el adecuado armamento puede prescindir de un número elevado de soldados, a cambio de mantener en activo unas unidades muy bien adiestradas.
El problema que se objeta con frecuencia es el del coste económico. Un estudio en su estructura más profunda tendría que valorar el coste resultante que supone el que los ciudadanos tengan que abandonar su trabajo, retasar sus estudios, y otros inconvenientes durante todo ese periodo. Este conste es muy elevado, aunque no se incluya en la nómina de los presupuestos estatales. Es el conjunto de la estructuración del Estado la que ha de replegarse a la dinámica social, y no a la inversa.
El coste de emplear profesionales competentes en la estructura de tropa y servicios del ejército puede ser alto, pero no es menos caro cubrir esos puestos con ciudadanos que no cobren retribución, pues ellos mismos han de ser mantenidos por terceros.
El aprovisionamiento del ejército con profesionales fijos crearía al tiempo muchos puestos de trabajo, como en buena lógica le corresponde, igual que a los demás sectores de la administración. De forma semejante se proveen los puestos de los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil, y a nadie se le ocurre que esas funciones estuvieran desempeñadas por ciudadanos en periodos temporales y sin retribución. De modo semejante dentro del ejército se podría promocionar un sistema profesional. Quizá la razón real se funde en que la función del ejército tiene como fin los periodos de guerra, y por tanto el rendimiento de su efectividad no es evaluado de continuo, permitiéndose la posibilidad de reclutar mano de obra ineficaz, pero barata.

a.2) La excesiva prolongación de los estudios.
En las últimas reformas del sistema universitario, se ha ido a concebir el desarrollo de las distintas carreras en unos periodos muy largos. Si tenemos en cuenta que el acceso a la universidad desde el COU no se puede realizar hasta los dieciocho años, y la duración de las carreras oscila entre cinco y seis años, encontraremos que un estudiante, en las mejores condiciones de rendimiento no llega a titularse hasta los veintitrés o veinticuatro años.
En la realidad es fácil constatar que la mayoría de los estudiantes han pedido algún curso. Algunos por causas ajenas, como son la enfermedad o algún accidente, otros porque la exigencia del nivel de estudios supera sus posibilidades de aprobar curso a curso. Hay en muchas especialidades en que sea la casi totalidad de los estudiantes los que se retrasen algún año, de tal modo que el periodo habitual de duración de la carrera asciende a uno o dos años más.
Esta situación crea no pocas tensiones en el marco de las relaciones sociológicas. Si analizamos el desarrollo de un estudiante observamos que es muy probable que hasta los veinticinco años no alcance la posibilidad de estar en condiciones e trabajar. Si a esa edad le sumamos el que habrá debido cumplir el servicio militar, aumentará al menos en un año: veintiséis. A partir de ese momento es cuando puede comenzar a buscar trabajo, lo cual en muchos casos le será obligado conseguirlo a través de oposiciones, lo cual puede aumentar en uno o dos años hasta que consigue un puesto más o menos fijo.
Su acceso a un puesto de trabajo ha constituido una especie de prueba de obstáculos, pero lo que interesa resaltar es que, al margen de la eficacia del sistema educativo, en el que no vamos a entrar, se produce un periodo excesivamente prolongado en el que el estudiante está sometido a una dependencia ajena, ya que no puede autofinanciarse sus propios proyectos. Esto tiene en cierto reflejo en el fracaso escolar de los que frente a la necesidad de cubrir determinados objetivos han de abandonar los estudios por imperativos económicos.
En otros muchos casos, lo que ha de postergarse son los proyectos ordinarios que se llevarían a térmico si no fuera por no contar con los recursos correspondientes. Entre estos proyectos se encuentra el de la emancipación y la creación de su propio núcleo familiar. Estos pasos que habitualmente no pueden darse hasta gozar de una mínima consolidación laboral hacen que el joven haya de aguardar a estar próximo a los treinta años para poder realizarlo.
Quizá en algunos casos la misma familia del estudiante podría sufragar parte de esas necesidades, pero para la gran mayoría supone una traba para el ejercicio de su libertad.
Creo que la edad en que el universitario debe graduarse para acceder al puesto de trabajo está entre los veintitrés y veinticuatro años. A esa edad en que se da una maduración sicológica que propicia el comienzo de las actividades laborales  deberían reconducirse la conclusión de los planes de estudio.
Una opción es reducir la etapa preuniversitaria que actualmente es excesivamente larga, de modo que uno o dos años antes se logre realizar el acceso a la universidad. También sería conveniente reducir en uno las carreras de seis años, para que así entre los veintitrés y veinticuatro años pudiera estar en condicione de afrontar un empleo, concursar una oposición o montar una empresa.
Esta problemática, que puede parecer superficial, es muy importante, pues son las estructuras las que han de flexibilizarse para ajustarse a cubrir las necesidades del hombre, y no éste quien quede encorsetado en esas mismas estructuras. Por ello se han de adecuar los sistemas educativos al objetivo de que el estudiante pueda acceder al ejercicio profesional en edad adecuada, y  son los conocimientos que debe adquirir los que han de planificare a tal fin.

a.3) Prospección a su futuro.
Otro tema interesante es el de intentar realizar una prospección al futuro económico-laboral que le aguarda a la juventud actual. Si por un lado vemos que es hoy el sector más castigado por la precariedad de empleo, su futuro encierra algunos interrogantes importantes a considerar.
Dentro de algunos años, pongamos veinte por ejemplo, la juventud actual que ocupará el grueso del cuerpo laboral se verá obligada a mantener con su producción un conjunto de clases pasivas muy numeroso. La perspectiva del aumento de esperanza de vida y la reducción de la natalidad así lo auguran. Los sujetos de clases pasivas entonces alegarán los derechos correspondientes hoy sufragados, de modo que el coste neto de las pensiones repercutirá  sobre la población activa, siendo creciente su desigualdad.
¿Secundará en ese momento una juventud a quien hoy se le escatima la opción de trabajo esos compromisos sociales? Es una incógnita que se mueve entre unos parámetro de difícil aceptación. Si no se acentúa urgentemente la solidaridad de una generación que asuma compartir sus beneficios laborales con la próxima inmediata, ésta podrá alegar en su día esa misma insolidaridad para hacer dejación de unas responsabilidades que la anterior tomó sin compartir con ellos. No parece lógico que sea una generación misma la que haya hoy de sufrir en sus elementos el grave problema del desempleo y mañana la de aportar los recursos para sostener las condiciones de mayor privilegio que hoy goza la anterior.
Este problema que aún no se ha planteado con toda su crudeza en la sociedad occidental, llegará a aparecer y sería aconsejable preverlo, pero al menos estimarlo en lo que a la solidaridad entre las distintas generaciones puedan alcanzarlo.

b) El periodo de la prejubilación.
Existen circunstancias a las que merece prestar especial atención en lo que se refiere a cumplir los deberes de justicia y solidaridad de unos con otros.
Entre estos casos se encuentra las de aquellas personas que por su condición de minusválidos físicos o síquicos necesitan unos planeamientos especiales en todo su entorno laboral. Lo que sí es evidente es que el derecho que lo asiste al trabajo es igual al de cualquier ciudadano, y como han de ejecutarlo con esos condicionantes,  es de rigor que sean promovidas en el entorno social las posibilidades de atender esas necesidades. No es una relación de caridad sino de justicia, pues el valor subjetivo del derecho al trabajo es anterior en el orden de la naturaleza al de las relaciones sociales.
Pero más que en estos casos en que las condiciones físicas-síquicas del sujeto las convierte en especiales -que han sido objeto de muchos trabajos específicos-, quisiera pararme a profundizar las adecuaciones que conviene promover para atender a derechos de un grupo sectorial que en muchas circunstancias se ve marginado en razón de su capacidad de rendimiento. Me quiero referir a los afectados por el desempleo en la edad de la prejubilación.
Con frecuencia se ven desalojados de su puestos de trabajo personas que por haber llegado a la edad que media entre los cincuenta y cinco y sesenta y cinco años encuentran serias dificultades para acceder a otra ocupación laboral. Por su edad muchas veces son rechazados a desempeñar empleos en los que por los condicionantes de salud, estado físico, etc. se prefiere cubrir esas vacantes con personal más joven, quienes pueden ofrecer un mayor rendimiento en la producción.
No es fácil entonces a esos productores en su madurez poder acceder a un reciclaje profesional, por falta de base y por dificultades que la edad lleva aneja para el desarrollo de la capacidad de aprendizaje.
Las obligaciones económicas y familiares concurren a que la situación en que quedan estas personas sea muy precaria, y que no pocas veces conducen a desequilibrios síquicos.  La sensación de fracaso, la inoperancia de recursos, el desdén, la marginación… conducen con frecuencia a un prematuro senilismo connotado de un cierto desengaño social.
La solución apuntada por muchos de facilitar a esos trabajadores una jubilación adelantada no es en muchos casos satisfactoria, pues adolece de reconocer que por su vitalidad están en condiciones de seguir ejerciendo su trabajo. Siendo además que la propiciación de pensiones adelantadas, o va en perjuicio del trabajador o se vuelve contra el bien común, hay que asentar aquí el derecho que conserva la persona en su madurez a trabajar hasta una edad razonable en cualquier tipo de trabajo, incluso reglados, salvo que circunstancias de enfermedad le retuvieran impedido.
Lo más acertado sería promover unos puestos de trabajo que por sus condiciones se ajusten más a las características de los demandantes, reservándose éstos en oferta prioritaria para aquellas personas que en la edad a que nos venimos refiriendo perdieran el que venían desempeñando, o que por sus condiciones de rigor ya no les fuera adecuado.
Esta labor subsidiaria, dirigida por el Estado, cubriría una necesidad que actualmente está poco protegida. No se trata tampoco de engendrar privilegios, sino de analizar una realidad buscando darle cauce apropiado. Existe en la sociedad ofertas laborales en cuyos requisitos se exige un máximo de edad, en previsión de las funciones a desempeñar. No es por tanto disparatado el que se hiciera una reserva dirigida a paliar las necesidades de los más mayores sin trabajo.
Por otra parte habría que considerar si es justo el sistema de jubilación obligatoria a una edad determinada. En cuanto derecho de trabajo, éste no puede ser conculcado por el mero paso del tiempo, ya que pertenece a los característicos de naturaleza del individuo. Por solidaridad social se puede admitir un límite proporcionado en cuanto afecta al trabajo reglado, pero debería quedar a la libre decisión del interesado el ejercicio del trabajo de propia iniciativa y el trabajo adicional.
 

IX – CONCLUSIONES.

PRIMERO: El derecho al trabajo como connatural a la persona humana debe ser garantizado para cada individuo por el orden legal establecido. Se han de remover las actuales estructuras socio políticas a fin de conseguir una eficaz salvaguarda de ese derecho. Los tradicionales planteamientos políticos en el orden económico han demostrado su incapacidad para reconducir la sociedad hacia metas de mayor solidaridad, respetando al tiempo la libertad de iniciativa como vertebración dinámica del cuerpo social.
SEGUNDO: La determinación de soluciones que posean al tiempo la virtualidad de una eficacia proyectada en el tiempo han de ser solidariamente concertadas por todos los grupos sociales. Se precisa un cambio en la concepción del sistema de relaciones sociales que se fundamente en una mayor solidaridad entre los ciudadanos, que logre un mayor equilibrio en el reconocimiento de derechos y en la distribución de bienes y riquezas.
TERCERO: Las riquezas que en estricta justicia le corresponden a cada individuo no son más que aquellas a las que con su único concurso pudiera obtener de los bienes naturales.
La proyección que sobre el capital y los bienes ejercen la cultura histórica o el trabajo ajeno hacen que éste adquiera un valor social independiente de quien lo detenta como dueño. Así los beneficios producidos deben repercutirse en la sociedad.
Dado que la iniciativa creativa corresponde al individuo particular, éste como sujeto de la actividad debe contar con la posibilidad de tomar bienes sobre los que enfocar su proyecto. Dado que la mayor parte del beneficio obtenido debe repercutir sobre la misma sociedad, el sujeto debe poseer esos bienes no como objetos ilimitados propios, sino más bien como bienes confiados a su esperada administración.
La sociedad a través del sistema fiscal encauza la operatividad para que la dimensión social de los beneficios conseguidos repercuta sobre la misma sociedad.
CAURTO: El trabajo, en cuanto es medio de dominio sobre bienes y fuente de recursos que procuran satisfacciones personales a quien lo ejecuta, puede ser considerado dentro del campo de la riquezas subjetivas del individuo. En cuanto tal, como riqueza, ha de estar libremente sometido a un sistema distributivo que evite las desigualdades sociales.
QUINTO: En los trabajos reglados, o sea, aquellos en que la vinculación sobre los bienes objeto del trabajo no guardan una dependencia subjetiva con quien los ejerce, el derecho a poseer ese trabajo está limitado por derechos semejantes de otros terceros.
SEXTO: En las circunstancias actuales de claro desequilibrio entre el mercado de oferta y demanda de empleo, la solución al problema del paro laboral ha de orientarse por una más justa distribución del trabajo real existente.
El fundamento de ese requerido equilibrio está en la equivalencia de derechos a ejercer un determinado trabajo.
SEPTIMO: La aplicación de la distribución del trabajo exige un reajuste en la duración de la jornada, como medio más próximo y eficaz de permitir el acceso al trabajo a cuantos hoy en día no les es posible alcanzarlo. La reducción de la jornada ha de ser proporcionada con la real necesidad de demanda de un puesto laboral.
OCTAVO: Para no producir en la economía del país un fuerte inflación, la reducción de jornada debería ir acompañada del proporcional reajuste de los salarios.
Dado que las retribuciones de las clases sociales de rentas más bajas no podrían soportar reducciones en las actuales percepciones, sería necesario realizar los ajustes necesarios para no disminuir la capacidad adquisitiva de esos trabajadores. Con el coste de los actuales subsidios de desempleo, aumento de la productividad, más justa aplicación de cuotas sociales, reducciones del gasto público, se podría conseguir financiar las diferencias generadas por la reducción de la jornada sin recorte de las retribuciones.
NOVENO: Un más justo y equilibrado control del gasto público y una mayor responsabilidad en los planteamientos relativos a las prestaciones de la Seguridad Social producirían un mejoramiento en la gran parte que los costos sociales suponen para le economía doméstica del ciudadano. En concreto, los costos de los niveles más elementales de las cargas sociales deberían ser cubiertos por vía impositiva sobre la producción, y no directamente sobre la mano de obra, dado que al ser gravámenes que no guardan relación de seguro, ni de libre contratación, encarecen el precio de la mano de obra, mientras benefician a aquellas sociedades mercantiles que sustituyen al personal laboral por otros medios auxiliares de producción.
DECIMO: La política del Estado cubre los objetivos de financiar los gastos públicos y actuar como catalizador de una justa distribución de rentas. Los impuestos indirectos y directos se complementan en estos fines. Los indirectos gravan más directamente las riquezas particulares, en cuanto van añadidos al gasto ejecutado para el propio uso. Los bienes más necesarios deben ser liberados de gravámenes impositivos, por su misma concepción de comunes. Una política fiscal dura sobre los capitales dirigidos a la inversión puede tener consecuencias contraproducentes en lo relativo a su dimensión social, al frenar la creación de puestos de trabajo y favorecer el anquilosamiento de una política de iniciativa creacional.
UNDÉCIMO: Uno de los sectores más afectados por el paro es el juvenil, sin otra culpa que la de haber alcanzado la edad de trabajar en un periodo de recesión. No basta con aducir que los empleos están ocupados por quienes detentan un derecho de posesión por la mera ocupación, pues el tiempo de por sí no es suficiente elemento para conceder prioridades de derechos semejantes. Se hace efectiva necesidad de una muestra de solidaridad hacia los más jóvenes por parte de todo el cuerpo social.
La nueva generación, por otro lado, será el soporte de los gastos sociales de los que en la actualidad cuentan con trabajos seguros y bien retribuidos. No parece justo que les corresponda a una misma generación el hoy no poder acceder al trabajo, y el día de mañana soportar elevadas cuotas sociales con las cuales cubrir las seguridades con que hoy se organiza la seguridad.
DUODÉCIMO: La necesidad de abordar aspectos puntuales relativos a situaciones de desempleo. La profesionalización del ejército. En general, un mayor realismo en los planteamientos de Estado que reconozcan medios modernos para encauzar los problemas planteados. Es necesario que se dé un mayor realismo entre la sistematización del orden social y las demandas de la sociedad.
DECIMO TERCERO: La solución al problema del desempleo no está nunca en la provisión de subsidios como elemento estable dentro del sistema: a) Porque no lo cobran todos los que lo necesitan. b) Porque hay quien los percibe sin estricto derecho. Una solución duradera sólo está en adecuar la oferta a la demanda. Por otro lado la mayor sanación de la economía es concebirla con criterios realistas y la solidaridad exige una adecuada distribución de los bienes.
Uno de los aspectos más importantes se encuentre en llegar a concebir una verdadera educación en la solidaridad.
 

APÉNDICE I

LA EDUCACIÓN EN LA SOLIDARIDAD.

Uno de los principales factores que influyen en la falta de solidaridad entra los componentes de un colectivo se debe a una acentuada concepción del individualismo en la persona humana, que hace que los intereses personales se sobrepongan a los deberes de mutua correspondencia.
La raíz de esta situación ha de buscarse en un problema educativo. La sociedad moderna, en cuanto más resuelto presenta a cada individuo los medios de subsistencia, está al mismo tiempo creando una virtual abstracción de la necesaria dependencia mutua para resolver los problemas inherentes a cada uno. Parece como si la estructura social fuese de por sí capaz de engendrar automáticamente los bienes con que ha de proveer a cada ciudadano. Cada vez la necesaria relación de derechos y deberes se va oscureciendo. Mientras la invocación de los derechos acompaña a los componentes de un grupo social cono un principio elemental casi aparejado al de la subsistencia, la atención de los deberes se concibe como una carga, a la cual se ven conminados no pocas veces tan sólo a consecuencia de medidas coercitivas.
El hombre que es fin en sí mismo, no alcanza dicho fin sin atender también a sus razones de medio. El fin como hombre lo logra por el recto desarrollo de su personalidad, que integra la educación de sus potencias y posibilidades hacia el bien. Al mismo tiempo el hombre es medio en cuanto su naturaleza sociable le inclina a atender la proyección de su persona en los demás. Es medio instrumental libre para la transmisión de la especie, y también para el desarrollo de sus semejantes.
La dimensión social establece una mutua reciprocidad en los fines que como medio tiene cada parte. Pero la esencia nautral de esa condición exige que las prestaciones no sean de carácter de relación independiente, sino que cada uno debe cumplir como medio en atender todas las exigencias de necesidad de otro individuo afín. Así en la misma medida que se comporta como medio de ayuda a los demás, cumple su fin natural.
Esa aquí donde debe encuadrarse una necesaria educación respecto a la solidaridad mutua entre los hombres, de modo que los propios intereses de cada ciudadano estén afectados por una relación a los demás, y el considerar esta relación debe ser sentir común en las actividades del hombre.
Son la escuela y la familia, deber de padres y educadores concebir desde las primeras premisas de la educación el sentido solidario de la vida, haciendo del bien común el primer bien en la escala de valores que comience a percibir el educando.
La vida social también exige introducir en los cánones educativos la afinidad a las actividades compartidas. Nada más alejado de una eficaz educación que el intentar preservar aislado, o reducir a las cortas dimensiones de un entorno cerrado, a un niño o adolescente.
Es en la primera edad donde se forjan hábitos que ayudan a configurar la personalidad del individuo. Y es ahí donde conviene acentuar la valoración de la dimensión social, y las consecuencias que afectan al comportamiento. La capacidad de compartir, de pensar en los demás, cultivada en las primeras etapas educativas sirven de siembra eficaz para el posterior desarrollo.
El principal problema es el de conseguir llegar con estos principios a una nueva generación cuando se hallan ausentes en los mayores. La capacidad de transmisión está condicionada a la integridad con que se viven los contenidos que se desean transferir. En una familia en que las relaciones de los mayores se sostienen sobre bases individualistas o egoístas, éstas trascienden al ámbito vivencial de los más pequeños. Igual se puede decir del profesor de la escuela, cuyas actitudes son observadas por los alumnos, y aun inconscientemente analizadas y asimiladas. La influencia del profesor sobre el alumno es de lo más relevante debido a la idealización con que el pequeño le admira.
Son muchos factores los que intervienen en la educación, incluso de los más pequeños. Lo medios de comunicación –especialmente la televisión-, publicaciones, canciones, etc. tienen una enorme influencia. Por ello es muy importante que a través de estos medios se les haga llegar un mensaje de solidaridad hacia los demás. El niño que no llegue a aprender a compartir juegos, su tiempo…  de mayor no será capaz de compartir riquezas, trabajo, beneficios.
A veces se pretende impregnar la educación de contenidos ideológicos que sirvan de pautas de comportamiento a los educandos. Lo principal en la etapa escolar es formar, enseñar a vivir contenidos vivenciales positivos que ayuden a formar el carácter, y que ayuden, por otra parte, a crear una capacidad de enjuiciamiento libre.
La enseñanza en la solidaridad exige también el poner al alcance de aquéllos el conocimiento de las necesidades ajenas, especialmente en el campo de las desigualdades económicas y sociales. Se equivocan los mayores cuando a los que dependen de ellos les hacen confundir pobreza con pereza, indigencia con desidia, desempleo con desgana; o cuando dividen al mundo entre señores y delincuentes, o entre explotadores y explotados.
La comprensión es una de las virtudes que más se debe cultivar para lograr una asimilación de los principios de solidaridad. Distinguir entre el mal objetivo y el sujeto que lo realiza, entendiendo las múltiples razones que en la vida le han podido arrastrar a obrar de esa manera. El margen de confianza a la rectificación que siempre se ha de conceder.
La solidaridad exige, en suma, ver en los demás ciudadanos seres semejantes, con quienes nos liga un compromiso de mutua ayuda y colaboración, que nos obliga a buscar los beneficios ajenos a la par del propio, condicionando éste a las necesidades más urgentes de aquél.
Es nuestra sociedad de hoy un muy mal ejemplo de solidaridad, en especial en lo que atañe a una concepción consumista de la vida. La llamada sociedad del consumo ha roto los límites entre lo que se debe poseer y lo que se puede tener. El único margen lo crea la capacidad adquisitiva; hasta donde da el dinero llega el afán por adquirir bienes, sin detenerse a considerar la necesidad de tal bien o su condición de superfluo.
Ese proceso es una manifestación más de un creciente hedonismo que busca la satisfacción como primer fin del hombre. En esta situación el hombre se degrada de sus principios naturales, y desaparece toda preocupación por los problemas que puedan atañer a los demás. Aquí la solidaridad ya no tiene ninguna posibilidad de enraizarse, quedan las maneras sociales o una aparente filantropía manierista.
Es este el gran problema de la educación en la solidaridad. Todo esfuerzo queda baldío frente a la atracción de esta sociedad consumista, que parece que por ósmosis penetra en todos los tejidos del cuerpo social. Estamos asistiendo al espectáculo de un sector de la sociedad que todo lo somete al supremo valor del dinero, constituyéndose éste en el talismán que genera toda posibilidad de felicidad.
Un ejemplo real lo contiene la siguiente anécdota:
Un muchacho de once años es castigado por su profesor a causa de una incorrección. El alumno, perteneciente a una familia con altos recursos económicos, acepta la imposición del castigo y reconoce la motivación punible, pero extrayendo del bolsillo un billete de cinco mil pesetas se lo ofrece al profesor como medio de condonación del castigo. La sensatez del profesor no lo recibe y le recrimina al tiempo la inconveniencia del trueque.
La lección es efectiva, para ese muchacho la capacidad de poder del dinero es absoluta y concibe por su medio remediar cualquier posibilidad de contratiempo que se le presente. Si a los once años obra de esta manera, ¿acaso no es un indicio evidente de la materialización de una generación consentida que todo lo calibra a través de su confianza en el dinero?
Situaciones semejantes se dan en mayor o menor grado de permisividad, pero lo alarmante es la generalización de principios erróneos que conllevan a ellas.
Frente a esta sociedad que puede ejercer el consumo existe otra de posibilidades mucho más recortadas que conviviendo codo con codo se ve atraída hacia el disfrute de bienes que quizá no puede conseguir. Especialmente entre la juventud, los que carecen de lo  mínimo indispensable, los que carecen de trabajo, se crea una expectativa de buscar los medios, ilícitos la mayor de las veces, para poder acceder al consumo de esos bienes, al no entender por qué les ha de estar vedado su disfrute. Se crea una tensión social que cada vez dificulta más la solidaridad en cuanto que los medios ilícitos empleados transcienden la condición del sujeto a la de delincuente.
La mayor parte de la clase acomodada, en cambio, no se llegan ni siquiera a platear que pueda su actitud ser causa de los desequilibrios sociales. Cuando se dispone de varios empleados en el servicio, se justificará la situación alegando que se coopera al orden social dando trabajo a esas personas, pero cuánto más eficaz sería su servicio si ese dinero lo empleara en asalariar al mismo número pero que tuvieran otro fin dirigido a beneficiar a otras personas más necesitadas. Lo mismo se argumenta con respecto al consumo, que origina puestos de trabajo; también los mantendría si el mismo consumo se pudiera realizar por una base de personas más variada.
Especialmente víctimas de la sociedad consumista son los jóvenes que aun no teniendo medios propios para sostenerse, no por ello dejan de tener acceso a los bienes deseados, ignorando así el valor que pueda encerrar el esfuerzo para adquirirlos. Es ese un camino que conduce invariablemente a una posición egoísta de la vida, que se opone de modo absoluto a cualquier concepción solidaria.
Es necesario, por tanto, no sólo educar a las nuevas generaciones, sino que conviene asimismo reeducar a las actuales mediante una toma de conciencia de sus obligaciones como personas. La agilidad  de organismos que mediaticen estas medidas se solidaridad, así como que hagan una verdadera labor de difusión a favor de la solidaridad y en contra del individualismo, es una necesaria labor.
La solidaridad como eje de actuación en la vida exige su valoración subjetiva y una acendrada capacidad que lleve a estimarse más el hombre por lo que es que por lo que tiene. La mayor riqueza de la persona humana está en su capacidad de ser no rendida al servicio de lo que por su posibilidad de tener le pueda imputar de prestigio, fama o poder. Cuanto el hombre puede llegar a poseer, debe estimarlo en la dimensión enriquecedora que afecte a su capacidad de ser, y ésta se avalora no en lo que le afecta tan sólo respecto a su imperativo fin propio, sino en cuanto relaciona su fin al medio de compartir fines con las demás criaturas.
Sin la educación enfocada a empeñar la riqueza de la propia personalidad en un proyecto común, difícilmente se podrá valorar la disposición de compartir los propios bienes, objeto en tantas facetas de la propia proyección del hombre sobre los bienes de la naturaleza.
Una dimensión educativa basada en la generación de proyectos encaminados a cubrir al límite las posibilidades de apetencias propias produce hombres cerrados en sí, sociedades cerradas en sí, Estados cerrados en sí, una sociedad de cotos egocéntricos que genera todo tipo de insolidaridades desde la dimensión local a la mundial. Allí se carga la sociedad de una profusión de tensiones abocadas a perpetuar desigualdades permanentes.
Una valoración solidaria del ser en sí mismo evoca la dimensión social de su hacer en el trabajo. Su actividad creadora debe estar impregnada de ese servicio a los demás. La primera dimensión de ese servicio se refleja en la consistencia del mismo hacer profesional. La tarea debe ser, en la medida de lo posible, útil, bien acabada, eficaz. Una responsabilidad subjetiva une a cada productor con su trabajo, la de que el trabajo cuente con el grado de eficacia propicio para su utilidad. Aquí es muy importante el que la educación oriente a la dimensión solidaria que el trabajo responsablemente ejecutado contiene. En primer lugar una eficacia técnica, que presupone la preparación adecuada para que el sujeto esté en condiciones de realizar el trabajo con eficacia. Una segunda disposición la encontramos en la voluntariedad actual de prestar plena atención a la ejecución de la tarea. La tercera en identificar la labor ejecutada con la dependencia obligada a la actuación a favor del bien común.
La primera presupone una educación cuyo objetivo solidario se centre en contrastar la responsabilidad propia de emplear las cualidades personales en un proyecto común. Exige un sentido de profundizar en el estudio, no tanto como objeto de la satisfacción en la posible retribución sino de la responsabilidad de coadyuvar al bien común a través de la potenciación inherente a las peculiaridades intrínsecamente personales. Que las diversas cualidades, ya sea talento, memoria, habilidad, destreza… pueden y deben alcanzar una dimensión de servicio a los demás es aconsejable inculcarlo a través de los medios diversos de formación durante la etapa educativa.
La segunda se orienta a favorecer mediante la educación al valor del esfuerzo y la constancia en el trabajo. Uno de los factores que más influyen en la baja cuantificación de nuestra productividad está en la falta del hábito de constancia en la labor profesional. El sentido de la valoración del esfuerzo en su relación al bien común debido, debería actuar como acicate de una mayor entrega. Aunque se pueda entender así en casos excepcionales que supusieran una dedicación superior a la exigible, es conveniente que la responsabilidad productiva no se una simplemente a la relación trabajo-retribución, sino al fin propio del trabajo como la más directa aportación humana al bien social.
En el terreno educativo esta medida de la solidaridad se ha de enraizar a través de la reciedumbre para vencer la propia desgana, para concluir con perfección  los trabajos, para aportar dedicación a los trabajos de grupo. No se trata de exigir al alumno más allá de su capacidad, sino de la proporcional entrega a potenciar al límite las propias cualidades.
La tercera, resumen y prolongación de las anteriores, se refiere a la concepción del valor social que encierra el trabajo. Una equivocada pero extendida proposición que vincula únicamente al trabajo con su dimensión de medio de allegar recursos pecuniarios ha ganado un amplio espacio en el ambiente social. Es posible que el influjo de una concepción materialista pudiera haber influido en parte, pero lo real es que lo primero, en cualquier orden de prioridades, es el servicio a la causa común, su dimensión social, y secundario la recompensa material, aunque eso sí, ésta sea fundamental pues constituye el medio de subsistencia. No ha de ser la formación que se imparta en este campo de estilo espiritualista, filantrópico, sino que sencillamente se trata de orientar los aspectos educativos al orden de valorar la obligada repercusión social que en cada hombre se entabla en el plano profesional. Esta perspectiva es desde la cual se puede asimilar el sentido solidario que exige la vida laboral y sus implicaciones económicas.
Un último aspecto a considerar es el que se refiere al sentido de fomentar la honradez en el trabajo. Derivado de su conciencia social el trabajo exige una exquisita honradez en sus múltiples aplicaciones, y debe ser éste otro de los objetivos de un plan de educación en la solidaridad.
La honradez, que aúna las virtudes de sinceridad, lealtad, generosidad, compañerismo, laboriosidad, etc. es la conjunción de unos principios que buscan su expresión en la verdadera utilidad de un servicio. Son muchas y diversas las manifestaciones de la honradez en la vida profesional, desde la perfección en el servicio, a la justicia en las relaciones verticales y horizontales que tejen el entramado laboral. La honradez suscita a conducir a su adecuado fin las prestaciones y las retribuciones, y tanto asume la exigencia de una retribución justa, como la propia dignificación a través de una prestación esmeradamente ejecutada.
Es la propia exigencia el mayor garante de un ejemplar comportamiento en las relaciones de autoridad. Nadie en una relación de justicia se puede arrogar el derecho de una exigencia a la que uno mismo no es capaz de corresponder; siendo la propia competencia el mejor acicate para influir en el comportamiento ajeno.
La honradez exige, por tanto, actuar en todo caso con la responsabilidad propia del cargo desempeñado, en especial en cuánto mayor relevancia y pública dimensión entraña. Acrecentar la honradez personal como base elemental de cualquier sistema de relaciones solidarias ha de ser causa común a imprimir en la conciencia social de las variadas estructuras educativas.
Un aspecto importante es la transmisión de que los sistemas solidarios impuestos desde arriba no generan por necesidad actitudes de honradez en los ciudadanos. Aparentes formas de Estado estructurados en principios de mutuas relaciones de equidad generan en su desarrollo abundante promoción de tendencias a la corrupción. Allá donde el mutuo control queda explicitado en la capacidad de una minoría a ejercerlo, propicia a éstos a utilizar esas concesiones de confianza en instrumentalización de poder. Por tanto no debe ser el objeto de la enseñanza la admiración por doctrinas o ideologías que se presentan así mismo como árbitros de la generación de la perfecta equidad, sino el sentido de la propia honradez que permite el acceso al mutuo control y a un encumbramiento de la responsabilidad individual y común.
 

APENDICE II

LA ACCIÓN SINDICAL.

Existe en la estructura laboral un instrumento ideado por los trabajadores como sistema operativo dentro del marco de los intereses comunes: El sindicato.
Su actuación, originada en su configuración moderna en el pasado siglo, se dirige a la defensa de los intereses mancomunados de los asalariados. Asume en su función muchos aspectos de los que convienen a las manifestaciones de mutua solidaridad de la clase social. En cuanto busca como fin beneficios colectivos y no individuales constituye un elemento dinámico del sistema social.
Dos estructuras diversas de sindicatos han proliferado a lo largo del presente siglo en su desarrollo. Una primera, desarrollada a la par de la economía liberal, como medio valedor de los derechos de la clase laboral frente a las pretensiones del capital. Otra segunda, desarrollada en los sistemas autoritarios, de estructura formal, llegando a constituirse en un aparato burocrático del sistema central de gobierno para atender las cuestiones laborales. Por su naturaleza, la concepción sindical que tiene dinámica propia es la primera, en cuanto goza de la autonomía de sus sindicatos para obrar con libertad. Son sus intereses frente a la administración y la patronal los que se bajaran de forma solidaria y responsable.
Algunos sindicatos aun actuando en sistemas liberales, se hayan concebidos en estructuras centralizadoras, de modo que si bien formalmente son independientes, su capacidad de decisión queda vinculada al depender de otros órganos afines establecidos en la estructuración política del Estado. Estos sindicatos, normalmente de configuración unitaria, se ven con frecuencia en la disyuntiva de obrar de acuerdo a los intereses reclamados por los trabajadores, o plegarse a las conveniencias del poder político. Es muy habitual que quienes impongan su control sean los sectores políticos, desvirtuando en tales casos los más elementales principios sindicales.
Los fines sindicales en algunos casos no se identifican con el absoluto bien común, en cuanto que como unidades autónomas defienden unidades de parcelas que, como cualquier otro interés individual, puede estar enfrentado al más general bien común. Por ello la solidaridad de los sindicatos, como las demás posibles asociaciones de fines similares, debe orientarse en último término al bien común colectivo, si bien en muchos casos puede lograrlo haciendo valer legítimos valores de la pluralidad de sus componentes.
La dificultad en muchos casos está en descubrir cuáles son los ámbitos reales de ese bien común, pues en muchas ocasiones no presenta consolidaciones objetivas que faciliten su determinación. Lo necesario es que se considere como principio elemental que un bien propio, aunque  afecte a muchos, ha de estar subordinado a un bien superior también en el orden de la solidaridad, de modo que ha de reflejarse ésta en todas las posibles decisiones y, cuando sea preciso, verificar las rectificaciones convenientes.
La distribución sindical ha sufrido siempre una disyuntiva entre su configuración como unitaria estructura de decisión o como atomizado sistema de actuación.  Ambos sistemas presentan sus peculiares características, cuya armoniosa conjunción ofrecería un sistema de mucho rendimiento y eficacia.
En cuanto a la tendencia de que el sindicato esté constituido en torno a los núcleos propios de trabajo, aporta la ventaja de que se concibe próximo a la fuente de la problemática cotidiana, que es la que en muchas ocasiones más afecta a los trabajadores. Aquí las relaciones se establecen en torno al individuo en particular, y una muestra del carácter solidario se da en la atención de lo común a lo propio. La singularización de la problemática plural.
En la relación a la centralización le asiste la gran ventaja de la fuerza de su número al plantear los grandes temas de la problemática social; en contra tiene el defecto de funcionar con mucha frecuencia mediante una dirección autónoma que toma las decisiones prescindiendo de la voluntad de sus representados.
Una conjunción de ambos sistemas presenta el problema de que prevalezca la estructura de abajo a arriba o viceversa. Lo más interesante sería que los diversos sectores independientes se fueran confederando para cubrir aquellas demandas que por su magnitud les superasen. Así la mutua solidaridad abarcaría la atención de los problemas más particulares a los más generales, sería una concatenación de aportaciones solidarias hasta cubrir el conjunto de la problemática común.
Se viene confiriendo a los sindicatos con mucha frecuencia únicamente la misión de velar por los derechos que afectan a los trabajadores en el cuerpo social. Este aspecto conviene adecuarlo a los más amplios parámetros. De algún modo los distintos sindicatos pueden representar también intereses de una población próxima aunque aún no trabajadora, como puede ser el de los jóvenes que todavía no han encontrado su primer empleo. La única defensa del sector consolidado podría suponer un detrimento de la solidaridad con aquellos que por su situación poseen menos condiciones para hacer valer sus derechos. Así en concreto los sindicatos pueden aportar una valiosa cooperación en lo relativo a la posible distribución del trabajo.
Otro campo, no siempre atendido por los sindicatos, es el que compete a la responsabilidad de favorecer las condiciones de ejecución del trabajo, de su seguridad, de la formación profesional, de los planes de desarrollo de las empresas, de su productividad… en general de todos los aspectos que afectan a la responsabilidad del trabajador. De igual manera que los trabajadores se colectivizan para la defensa de los derechos, deberían de alguna manera comprometerse conjuntamente en lo que atañe a los deberes, más teniendo en cuenta que la dejación en el cumplimiento de los deberes por parte de algunos repercute habitualmente sobre todos los demás.
Respecto a la responsabilidad de cumplir con la productividad necesaria para la buena marcha de la empresa, se puede decir que es también un mutuo deber de solidaridad, por los que aporta al bien común de la sociedad, y especialmente cuando se pueda exigir la repercusión de esos beneficios sobre los mismos trabajadores.
También se puede avanzar en lo que respecta al papel que pueden tomar los sindicatos en la promoción de los medios necesarios para la demanda de realización de las mejoras encaminadas a un mejor servicio laboral. Y bien en consecuencia con las mismas empresas y otros organismos destinados a ello proporcionar a los trabajadores medios para poder optar a un perfeccionamiento de su capacidad, o al adiestramiento de la competente utilización de nuevas tecnologías.
Un tema amplio y poco estudiado es el de la posible participación de los productores acerca de los planes de explotación de la empresa laboral. En especial en aquellas sociedades de gran magnitud en que los dueños permanecen en un disperso anonimato, la dirección y responsabilidad queda conferida a un grupo directivo que es quien programa y realiza los planes de explotación. Es muy frecuente que a los empleados no les llegue ningún tipo de información, y  sin embargo son los más directamente implicados en las consecuencias negativas de esas determinaciones. Se trataría, en suma, de concebir la empresa como un ámbito de solidaridades en la cual no es sólo el capital quien queda afectado.
Generalmente se asigna al sindicato un mero papel de negociador en lo concerniente a las retribuciones. Su capacidad de actuar en pro de la solidaridad de los trabajadores abarca muchas más posibilidades. Ya a primeros de siglo el matrimonio Webb hablaba del sindicalismo como de una acción encaminada a “conservar o mejorar las condiciones de trabajo” en un sentido amplio y reformador, no ceñido tan sólo al aspecto económico.
Es necesario que para que el sindicato viva la potencialidad de su misión esté cerca de los problemas reales que se dan en la parcela concreta de cada sector laboral, y es por lo que hablamos de una necesaria estructuración de abajo hacia arriba en el vertebramiento de la acción sindical.
Otro aspecto de la solidaridad en la acción sindical la presenta la necesaria concertación de los distintos sindicatos al afrontar los problemas del cuerpo social. Con más frecuencia de lo deseable esa concertación no llega por la primacía de intereses partidistas por encima de los netamente laborales. Se hace necesaria una mayor profesionalización de los sindicatos, su independencia y auténtica representatividad.
Una muestra de solidaridad por parte de los trabajadores hacia sus compañeros es precisamente su empeño en dedicar esfuerzo a la actividad sindical por todos aquellos que reúnan condiciones para su ejercicio. La labor a realizar en pro de la solidaridad buscada en el bien común es múltiple, y así debe entenderse como una participación solidaria de todas las fuerzas sociales. El antagonismo de intereses tantas veces mostrado entre las fuerzas políticas, sindicatos, capital, empresarios… es un claro exponente de la privatización de las parcelas de poder que de muy diversas maneras obstaculizan el entendimiento de esos sectores. No se trata de una uniformidad de criterios en visiones tan diversas que en torno a una realidad puedan aparecer, sino de la búsqueda desde cada parte de los verdaderos caminos que conducen al bien común, a la paz y al entendimiento social.
La mutua colaboración propicia una ambientación de confianza que apuntala la solidez de una economía de tendencias variables. La internacionalización de las relaciones comerciales, la movilidad de los capitales, la rentabilidad buscada en la inversión hacen que para mantener unas cotas competitivas de producción haya de favorecerse a toda costa un clima de la máxima esperanza al aumento de la inversión generada de puestos de trabajo.
La precariedad en el empleo existente exige una suma de esfuerzos a fin de que no se desvíe ninguna posibilidad de creación de nuevos puestos de trabajo. Siempre será poca toda la capacidad de diálogo encaminada a buscar soluciones satisfactorias a los problemas presentados.
La conflictividad laboral, que constituyó en un ayer una de las causas de la baja productividad en muchas empresas, debería encauzarse mediante la flexibilidad de las partes encontradas para garantizar el éxito de las posibles concertaciones. La racionalidad debe imperar siempre sobre posturas enfrentadas; en muchos de cuyos casos se llegan a acuerdos después de grandes pérdidas que podrían, de haber mediado el sentido común, haberse alcanzado con mucha anterioridad. En estos casos sería conveniente que ante la sociedad se rindiera cuenta de la posible culpabilidad de las partes licitantes.