SOCIALISMO POSTMARXISTA
                                                                                                                                                   Jorge Botella
 

PRÓLOGO

La génesis de esta obra procede de un acercamiento al socialismo por imperativo de la filosofía social. Pasado el tiempo ideológico de los ismos y cuando el valor mismo de la filosofía se pone en duda, su reivindicación, como ciencia que desentraña los contenidos de la verdad de la relaciones humanas, cada vez se hace más necesaria.
Es en esta perspectiva donde la crítica al socialismo intenta construirse, lejos del apasionamiento ideológico, mediante la reflexión sobre su adecuación a algunos de los principios fundamentales de la filosofía social.
En las siguientes páginas muchos echarán en falta la referencia a tanta teoría y a los logros y fracasos de las distintas realidades políticas del socialismo del siglo pasado. No albergo ninguna pretensión de juzgar la historia, sino de acercarme --yo que siempre he permanecido lejos de los modelos socialistas-- a los valores que esta ideología puede ofrecer para la construcción de un futuro asentado en la justicia social.
Esta obra se mueve en el espacio creativo de los principios, de las ideas, sin ser un tratado o compendio analítico del  socialismo. Mi única pretensión es manifestar cómo el socialismo puede ser útil en la configuración de las nuevas tendencias políticas si el mismo se construye sobre los principios de solidaridad que reclama la filosofía social.
La obra se encuentra dividida en dos partes: La primera trata de distintos aspectos de la naturaleza de la sociedad y de la manera en que pueden ser interpretados socialmente desde una genuina perspectiva socialista. A continuación se incluyen cinco apéndices que se conciben como ideas posibles de que en la sociedad queda margen para dar respuesta a los problemas desde planteamientos de progreso más solidarios.
Todo en este libro roza la utopía de la verdad. El idealismo de quienes aún sostienen la posibilidad de un mundo más justo con frecuencia contrasta con la contundencia del carácter exclusivo del poder; pero desde la convicción de que el protagonismo de la justicia radica en la fuerza de la libertad individual es posible una esperanza incompatible al desaliento en la decantación por un mundo mejor.

Prólogo del autor a la primera edición de 2004
 

INTRODUCCIÓN

El matrimonio entre socialismo y marxismo no se constituyó como una unión de conveniencia sino que en su día reflejó el enlazamiento de dos ideas que se proyectaban con un mismo objetivo social: redimir la sociedad del poder del capital.

El marxismo aportaba la crítica filosófica radical. Una nueva concepción idealista de la realidad ontológica en la que la colectividad adquiría un rol determinante en el proceso de trasformación: el materialismo histórico. El socialismo aportó a la conjunción la autoconciencia de marginación de la clase obrera y el fundamento de su fuerza en la justicia y la solidaridad.

La realidad histórica, estructurada sobre los pilares del despotismo de la antigua nobleza y la ambición de la revolución burguesa, propiciaba una segunda revolución, universal en su concepción y extensión, que ordenara el sistema social sobre los criterios de la modernidad: igualdad, justicia, solidaridad. Los problemas sociales, explicitados o latentes, configuran en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX el anhelo generalizado de las mayorías silenciosas a no quedar marginadas en los progresos de la revolución industrial.

La oferta de pensamiento de filósofos como Marx y Engels, con su interpretación del papel determinante de las relaciones económicas en la sociedad, no tenían solas de por sí, sin la concurrencia de las masas de trabajadores, poder operativo para la transformación social.

La experiencia de la Revolución Francesa había mostrado la importancia determinante de las ideas, pero también su insuficiencia para construir el nuevo orden sin la capitalidad de una estructura de participación política. La nueva concepción de sistema económico social que preconizaba Marx sobre la filosofía de Hegel encajaba en el idealismo solidario del movimiento liberal socialista para acometer la trasformación de la realidad social.

El socialismo, compañero del liberalismo en la oposición al conservadurismo tradicional, se diferenciaba de éste en su concepción solidaria de clase, mientras los liberales remarcaban la independencia del individuo en lo relativo al juicio moral. Las diversas tendencias del socialismo encontraron en el pensamiento marxista la referencia ideológica que podría sustentar sus reivindicaciones sociales.

Este matrimonio entre socialismo y marxismo que posteriormente sufrió un sinfín de revisiones críticas, podría no haberse dado si en la evolución del pensamiento filosófico se hubieran decantado otras tesis progresistas a partir de premisas metafísicas más humanistas.

El marxismo se justifica socialmente en su crítica al individualismo liberal, analizando una sociedad estratificada en clases en las que objetivamente se aprecia una explotación mediante la compra-venta de la productividad de la mano de obra. La mayor parte de la población está sometida a las reglas de un mercado que establece la alianza del poder político y el poder económico. La solución procesada por el marxismo supone un vuelco al sistema, superando la explotación por la eliminación de las clases y la redefinición de los roles de poder. La defensa del proletariado no podría encontrar más prometedora argumentación.

La crisis del planteamiento ideológico del marxismo, y con ella la del socialismo afín, se produce por la quiebra de la premisa de la acción subjetiva del colectivismo. La iniciativa del acto, en su último término, corresponde al individuo, no a la colectividad, y por tanto, la redención colectiva no es posible sin la redención personal. El papel de la libertad de la persona, relegada a autoconciencia en la dialéctica histórica, se manifiesta como la mayor carencia en la praxis del marxismo y genera la sucesiva escisión de las corrientes socialistas.

La esencia más pura del socialismo reivindica para cada colectivo la suma de voluntades, la solidaridad de decisiones, la unidad de acción desde el ejercicio de la libertad individual. El comunismo, como versión radical marxista del socialismo, exige la sumisión de la voluntad al ideario; de las personas, grupos, naciones y estados al necesario proceso de transformación inherente al devenir del materialismo histórico. Mientras que para el socialismo democrático la construcción de la sociedad solidaria es un proceso de libertad, para el socialismo marxista la imposición del sistema es un hecho revolucionario e irreversible.

La fractura total de los estados que habían asumido las tesis marxistas para la construcción del socialismo podría hacer concluir a muchos en la inviabilidad del ideario socialista, cuando la rectificación debe fundamentalmente afectar a la acción política de la praxis marxista. Que las tesis filosóficas fundamento de la política radical de los estados comunistas estuvieran equivocadas no concluye ni que los problemas que indujeron a la contundencia de la revolución no existieran, ni que el idealismo que movió a muchos socialistas en la lucha por la justicia y la igualdad no deba ser reconocido, entre otras razones porque una gran parte de los progresos sociales, tanto en oriente como en occidente, se deben al influjo de sus actuaciones.

El gran problema al que se enfrenta el socialismo actual es el mismo que hace cien años, la ausencia de desarrollo de una profunda filosofía social que pueda servir de revulsivo a sus planteamientos sociales. La praxis de la sociología liberal, que parece invadirlo todo y ahogar cualquier reclamo de institucionalizar sistemas de justicia y solidaridad, es el gran peligro para los referentes socialistas, que con frecuencia pierden el norte de su razón de ser.
 
 

LA SOCIEDAD

Cuando se aborda el tema de la sociedad, uno de los fundamentos últimos que analizar es si el punto de partida hubiese que establecerlo en el hombre como individuo que se agrupa formando sociedad, o la del origen desde el grupo en cuya evolución se conforma la especie que podemos denominar hombre racional.

Los filósofos y los antropólogos tienen argumentaciones para defender sus teorías y, aunque aún desconocido, podríamos aceptar la sociabilidad del hombre como una cualidad de su naturaleza, bien porque le corresponda como grupo evolucionado o porque se agrupara para la defensa y perpetuación de la especie. Todos los indicios antropológicos nos muestran un hombre haciendo vida en comunidad.

El ser sociable establece entre los hombres un marco de relaciones cuya premisa más elemental es la de realizar juntos actividades beneficiosas para cada uno de los integrantes del grupo, resultando, por tanto, un beneficio para el abstracto conjunto denominado comunidad. En ese paradigma entre el beneficio individual y el colectivo se han desarrollado en la historia teorías sociales que, según los casos, enfocan los comportamientos derivados de la naturaleza social desde una u otra vertiente.

Idearios como el marxista han adjudicado al colectivo, a la sociedad, el protagonismo de la historia. La estratificación de la comunidad en clases, religiones, culturas, determina la forma de ser de sus integrantes, el hombre de por sí es lo que le hace ser el entorno, tiene conciencia de clase porque su ser y su actividad están determinada por las coordenadas sociológicas del grupo en que está integrado. La historia es entonces la sucesión de enfrentamientos entre grupos hasta la superación de todas las controversias, una lucha de liberación que en el devenir constituirá una única sociedad justa sin ambiciones internas. Esta idealista interpretación del hecho social se estructura desde la colectividad, a quien constituye sujeto del cambio.

El protagonismo en la historia lo encontramos habitualmente unido a aristocracias reales o guerreras, a grupos de poder o familias. Unos pocos, sin que la decisión del pueblo fuera determinante, marcaban el destino de sus comunidades.

Sobre estas concepciones de la sociedad la moderna sociología se ha decantado por la valoración del individuo, asignando a la persona la definitiva responsabilidad de la construcción de la sociedad. La democratización, o sea, la asignación de la única fuente de poder político al pueblo, se contempla como la suma de voluntades libres y no como la instrumentalización de las mismas al servicio de un objetivo predeterminado. Ese individualismo socialmente no se presenta cerrado en sí mismo, sino cooperante a una empresa común. Hasta dónde el grado de responsabilidad y decisión de cada uno llegue sigue siendo muy variado en las distintas formas en que la sociedad se organiza.

La tensión entre intereses individuales y colectivos ha marcado de conflictividad la convivencia de los pueblos. La naturaleza de las relaciones entre las personas, que son las que configuran la estabilidad de la comunidad, es determinante para el análisis de la conflictividad. Desde la filosofía social, se pueden establecer para las relaciones entre individuos en una sociedad dos categorías o clases:

* Relaciones de servicio.
* Relaciones de dominio.
Las relaciones de servicio corresponden a las establecidas entre sujetos con el fundamento de conseguir el interés mutuo, el interés de las partes; por extensión, el interés comunitario.

Las relaciones de dominio corresponden a las establecidas entre sujetos en las que una de las partes fundamenta la naturaleza de las mismas en procurar un interés exclusivo, con independencia que se genere o no un beneficio para el resto de la comunidad.

El interés personal sobre el interés social con frecuencia se antepone, cuando no se opone, en la integración social del individuo. La precariedad de la vida, limitada en el tiempo, resta, quizá, al hombre la perspectiva del beneficio de la proyección social, el bien propio derivado del bien común, por la satisfacción inmediata de un beneficio en un entorno agredido. En la medida que el protagonismo de la sociedad se atribuye a la persona, las relaciones de dominio desplazan a las relaciones de servicio cuando el sujeto, como ocurre con frecuencia, impone su beneficio sobre el de los demás. De ahí que el derecho social tienda a marcar pautas para que esa imposición se ajuste favoreciendo, aunque sea indirectamente, las relaciones de servicio.

Las relaciones de servicio no necesariamente han de constituirse como igualitarias, sino proporcionales entre lo que se aporta al bien común y lo que se recibe a cambio. Esta desigualdad entre ciudadanos en virtud de su capacidad -no entendida por las comunidades igualitarias o comunistas- no es la misma que la que se deriva de las relaciones de dominio, en las que el objetivo del sujeto es la obtención del mayor beneficio propio, desdeñando cualquier relación de proporcionalidad. Integrado, se sirve de la comunidad sin ningún fin de servicio.

El liberalismo como concepción ideológica social es el máximo representante de las relaciones de dominio. La posición de cada cual, aduce, ha sido determinada por las circunstancias, y la liberalidad del rol que cada cual sea capaz de ejercer en la sociedad es el determinante de su beneficio y progreso. Del progreso de cada cual en su individualidad se debe seguir el progreso del conjunto.

El socialismo, en contra, establece en las relaciones de servicio la construcción de la comunidad, buscando un crecimiento homogéneo y proporcionado de todo el grupo social; aunque ello suponga un enorme reto para vencer un individualismo arraigado en muchos estamentos de la sociedad y una gran imaginación para articular en una estructura global justa las determinaciones de esas relaciones.

La dificultad se presenta al diseñar el sistema de aplicación de la filosofía social a la realidad vital. Durante todo el siglo XX, los distintos movimientos socialistas se han caracterizado por medrar a la sombra de la ideología marxista. Los partidos se constituían en torno a líderes que acertaban o no en depurar la ideología esencial del socialismo de la confusión intelectual de quienes no se avenían a realizar una crítica en raíz de las ideas heredadas. El socialismo más eficiente es el que configuró su orientación más ecléctica en los distintos movimientos socialdemócratas. El socialismo democrático, culturalmente desarrollado, que en su obligada convivencia con liberales y conservadores ha reinterpretado la crítica de la lucha de clases hacia opciones de equilibrio en la concepción del bienestar social.

El peligro de definición al socialismo no le llega, en los albores del siglo XXI, por la pretensión colectivizadora del capital y la producción, sino por la redefinición de su posición ideológica en un sistema de economía de mercado universalmente aceptado, cuyo valor, frente al marxismo, ha sido monopolizado por la economía liberal.

La crisis de las ideas y la imposición del pragmatismo parece que están arrebatando al hombre el protagonismo de la historia e imponiéndose soslayadamente una estructura que se escapa del control de los agentes sociales. La revolución que devora a sus hijos alcanza al imperio del neoliberalismo, cuyo sistema engulle progresivamente el margen de libertad de las mayorías silenciosas. La propiedad de las sociedades mercantiles se volatiliza en la medida que el ámbito del mercado se hace cada vez más difuso, quedando la responsabilidad de la acción social más indefinida.

La globalización de las relaciones mercantiles internacionales ha puesto de manifiesto la configuración de ese nuevo proletariado constituido por enteras sociedades del tercer mundo cuya marginación las convierte en el objeto inmediato de explotación de las compañías multinacionales.

El posicionamiento ante el necesario equilibrio para el consumo sostenido de los recursos naturales identifica a las políticas que planifican según un esquema de servicio en el que se evalúa una proyección de futuro en el bienestar para las generaciones venideras.

Redefinir el socialismo, por tanto, no precisa más que volver a los ideales solidarios que le dieron vida. Plantear como fundamento las relaciones humanas como un servicio. El hombre se engrandece en la medida que engrandece la sociedad que conforma. Un pueblo se engrandece en la medida que coopera al engrandecimiento de pueblos menos desarrollados. Su progreso consiste en no encorsetar la libertad para la definición de un proyecto, sino en ganar adhesiones libres a un proyecto de construcción de desarrollo en solidaridad.

Una ética social que nadie puede adjudicarse y que nadie por los apellidos o siglas que represente debe darse por adjudicada. El proyecto social de una ética colectiva no puede progresar sin una cultura individual de la solidaridad, y sin la revisión permanente de objetivos y procesos.

La revolución de la democratización y la cultura en libertad, base de toda modernidad, no pueden sino ser la referencia de la oferta socialista para la construcción de la nueva sociedad solidaria del siglo XXI.
 
 

FILOSOFÍA DEL TRABAJO

De la concepción que del trabajo se tenga se siguen muchas aplicaciones para la vida social. El trabajo es la acción por la que el hombre transforma y pone a su servicio los elementos de la naturaleza de que se sirve para su bienestar y progreso. El trabajo, por tanto, es una necesidad, en cuanto cubre necesidades de subsistencia, y es un bien, por el bienestar que confiere, y es una carga, por el esfuerzo que requiere. En la dimensión que cubre elementos de bienestar no vitales el trabajo es una actividad libremente asumida por el ser humano.

En la esfera social el trabajo ocupa un lugar preferente porque entre las más elementales relaciones sociales se encuentra la del intercambio de servicios laborales. En la medida que el hombre consideró la especialización como un beneficio, surgió la relación laboral de intercambio de servicios y bienes producto del trabajo: el comercio.

Una segunda vertiente de la relación sociolaboral se origina en la conveniencia de la colaboración entre una pluralidad de personas para conseguir colectivamente unos objetivos de bienestar o progreso que superan las limitaciones singulares.

Colectividad del trabajo e intercambio de servicios son dos parámetros que se encuentran en la sociedad más elemental o tribu.

El factor de la distorsión de las relaciones sociolaborales surge con la aparición de la esclavitud. El hombre es desposeído mediante la fuerza del bien objeto de su trabajo, concediéndosele sólo una porción del mismo para garantizar su supervivencia. En esta situación se trastocan las relaciones laborales de servicio por relaciones de dominio. El trabajo de esta manera se pervierte desde un bien a un mal.

Estas dos coordenadas son las que configuran todas las relaciones laborales. Una de ellas, por el esfuerzo colectivo y el comercio, genera progreso en unos parámetros de justicia social. La otra, sectoriza la sociedad estratificando colectivos favorecidos por el progreso.

La esclavitud, que rompe el natural estado de las relaciones sociales, está presente en todas las civilizaciones antiguas más desarrolladas. ¿Será la concurrencia de esclavos la que hizo de esos pueblos imperios? Sabemos que una gran parte de las guerras tenían como objeto abastecerse de esclavos como recurso de mano de obra para hacer viables los proyectos imperiales.

La filosofía del trabajo, por tanto, debe responder al fundamento del derecho más elemental que es el de la libertad de la persona humana. La colectivización de las relaciones laborales y el comercio derivado de la especialización deben insertarse en estructuras laborales que respeten la libertad de ejercicio y no rompan la relación trabajo-bien. Este fundamento de libertad es el que configura a la persona como sujeto del trabajo y no como objeto de trabajo.

Asimismo el bien colectivo del trabajo sólo es un bien social cuando se distribuye en una relación de correspondencia al esfuerzo aportado por los trabajadores. En la medida que desaparece la proporcionalidad entre esfuerzo y bien repercutido, la estabilidad social se resiente.

La justicia social, por tanto, desde la perspectiva del trabajo exige la libertad subjetiva del productor y la proporcionalidad entre el bien producido y el bien retribuido.

Además de estas relaciones entre los hombres la justicia social exige una adecuada relación respecto al medio. El mundo, que parece infinito, es finito en su extensión y finita la capacidad de aprovisionamiento y regeneración. Todo bien de subsistencia o bienestar que no corresponda a una sustancia espiritual es material y, por tanto, sometido a una limitación en su regeneración conforme a su naturaleza. La dimensión social del hombre, por tanto, debe contemplar esa relación con el medio que le limita en el aprovechamiento de los recursos de la naturaleza por cuanto los mismos deben ser compartidos con sus semejantes.

La propia libertad humana y su recurso creativo le dispone para tomar y transformar la naturaleza en servicio propio y en el de los suyos. Se crea así, entre el hombre y su entorno, una nueva relación que se proyecta desde sujeto a objeto que llamamos propiedad, la cual supera el mero consumo y se constituye por la aplicación de trasformación sobre la materia para mejorar su uso y utilidad. La propiedad asumida de bienes de la naturaleza queda integrada al esfuerzo de transformación, de tal modo que el binomio materia trabajo son dos componentes inseparables del producto o bien obtenido. En la medida que el espacio natural se integra en un proceso de producción continuado, la propiedad sobre el mismo se fortalece por la mayor vinculación con el productor.

De la relación naturaleza-trabajo se desprende que, en la medida que el trabajo es colectivo, la relación con la materia se establece entre cada productor y la porción de la misma sobre la que opera, de modo que habría que hablar de una propiedad colectiva. En el caso de una doble vinculación entre promotores de la explotación fijos y productores eventuales de alguna manera el derecho sobre el bien natural origen es proporcional a la distinta relación establecida. Se desprende de aquí que la propiedad sobre la naturaleza es una vinculación de derecho natural porque se deriva de la libertad de elección de trabajo sobre ese bien, pero dicha propiedad, en la medida que esté vinculada al trabajo de una colectividad, adquirirá una vinculación múltiple o social.

Además de la dimensión social de la propiedad sobre la naturaleza que se deriva del trabajo común, existe una dimensión del derecho distributivo por el que los bienes de la tierra están al servicio de todos los habitantes del planeta. El derecho fundamental de todo ser es el de la subsistencia, y el mismo se extiende sin limitación geográfica o temporal. El derecho a la subsistencia, su necesaria relación con la porción de naturaleza que la cubra, en cuanto derecho universal natural, prevalece sobre los derechos al bienestar que se puedan derivar para otros del binomio propiedad trabajo.

De lo anterior expuesto se deduce que la propiedad como derecho natural es un derecho limitado por la concurrencia colectiva para la explotación y por la justicia distributiva, que ampara el derecho universal a la subsistencia.

El trabajo y las relaciones sociales que de él se derivan, de acuerdo a como el hombre está integrado en sociedad, predeterminan una estructura a la cual debe avenirse el diseño de las políticas sociales estatales y globales para que las mismas logren esbozar una sociedad fundamentada en el progreso social.
 
 

LIBERALISMO Y ESPECULACIÓN

La defensa a ultranza del régimen de libertad ha sido la bandera del liberalismo, si bien el centro de su estructura social habría que localizarlo en el individualismo. La libertad es una pasión humana que no puede ser interpretada al margen de su naturaleza social. La persona como referente sujeto de la actividad social es depositaria de un doble compromiso de libertad:

1º Actuar según su conciencia.

2º Articular su libertad de acción con la ajena.

Respecto al acto según la conciencia, el compromiso natural del hombre es formar su conciencia en la solidaridad. La toma de conciencia de su dimensión social es el marco donde articular el bien propio con el bien común. De esta proyección de la conciencia colectiva sobre la individual nacen implicaciones para el ejercicio de la libertad. Los parámetros de decisión no son sólo los que se derivan del interés individual, sino del interés del prójimo, o sea, del colectivo en que se está integrado.

El liberalismo como doctrina de intercambio de intereses individuales en las relaciones sociales malinterpreta la naturaleza social del hombre en cuanto considera la sociedad como el zoco de permuta de intereses particulares. El énfasis en el derecho individual conduce ineludiblemente a constituir la naturaleza de la sociedad como una creación humana: La sociedad es un producto del hombre y sus reglas son las que determinen los elementos de poder que la constituyen.

Desvinculada la naturaleza de la sociedad de la naturaleza del hombre, no existen para éste relaciones de compromiso esenciales que comprometan su persona, que hipotequen su libertad. Claro que, en un sistema que ignore determinaciones de naturaleza social de la persona, todas las relaciones serán de dominio y estarán regidas por el poder y la fuerza.

Algunos defensores del liberalismo consideran el mismo como una teoría de sistema económico, que no es necesariamente trasplantable al conjunto de la dimensión social de la comunidad. Es en el sistema económico donde deben evitarse determinaciones que constriñan la libre iniciativa individual. Quedaría, por tanto, la conciencia social para otros ámbitos de la vida, como la familia, la religión, la amistad, etc.

Es difícil concebir la economía como un reducto al margen del resto de la filosofía social, sobre todo, por su vinculación a las relaciones de subsistencia y a todo cuanto del trabajo se implica en la sicología de la persona. Economía, en el fondo, no es más que el conjunto de aplicaciones de las actividades de explotación de la naturaleza. Actividades que se realizan en colectividad y que, como anteriormente se ha apuntado, radican en el fundamento mismo de la vida social.

Aunque se admita la crítica al marxismo por considerar las relaciones económicas como las esenciales de la sociedad, no por ello puede admitirse la pretensión de quienes desvinculan la proyección de los actos económicos para el conjunto social. Todos los actos humanos tienen trascendencia social e incluso, podríamos añadir, valor histórico. La interrelación de la sociedad es mucho mayor de lo que a primera vista pudiera apreciarse, en especial en los nuevos tiempos que superan distancias y fronteras.

La responsabilidad social no puede eludirse argumentando parámetros de rentabilidad o eficacia personales. La tesis que propone el liberalismo serán o no globalmente aceptables si propician ese beneficio común. El bien propio sólo es bien cuando convive con el bien común.

Las relaciones de dominio durante siglos se han impuesto en la economía de los estados más desarrollados. La guerra y la esclavitud fueron fuente de recursos para capitalizar los poderes que solían conjugarse entre los componentes de las aristocracias imperiales.

La edad moderna no es ajena a esa tradición, y hasta el siglo XIX se puede hablar de la prosperidad de las metrópolis por los recursos de las colonias y la esclavitud.

El influjo universal de la Revolución Francesa favoreció la abolición de la esclavitud, y las relaciones de dominio dentro de la economía adoptaron nuevos parámetros. La conciencia de propiedad apenas evolucionó, pero las relaciones de trabajo comenzaron a dibujarse más profesionalmente.

El problema social del liberalismo en el siglo XX siguió siendo la vinculación del beneficio al capital ignorando que en el proceso de su generación una parte del mismo era consecuencia del trabajo y no sólo de los medios. Por el contrario, la contundente crítica marxista sobre la plusvalía ignoró el rol creativo del capital y su papel en la economía. El verdadero problema que se desprende del liberalismo no está en la promoción del capital privado, sino en su posición de dominio dentro del rol de la producción.

La concurrencia de capital y mano de obra en la producción establece un paradigma de recursos que operan solidariamente en la consecución de bienes u servicios. El objeto o bien producido no puede considerarse afectado a uno u otro de los elementos intervinientes en su proceso de producción, sino a la conjunción de los mismos. De ahí puede derivarse que el bien producido pertenece alícuotamente a cada una de ellas, sin que pueda despojarse a ninguno de esta relación. Desde al aspecto más profundo de la filosofía del trabajo, en la medida que en la producción intervienen personas no puede despojarse a éstas de la libertad de creación en la concurrencia de generación del bien. En correspondencia a esa aportación son condueñas del bien o servicio creado y propietarias de la alícuota parte de beneficio en el intercambio social. Hasta qué punto el salario represente justamente ese beneficio es uno de los conflictos permanentes de la economía capitalista.

Rentabilizar el máximo beneficio con la mínima inversión es uno de los axiomas de la economía liberal, que encuentra su fundamento en la misma esencia de la inteligencia humana que rige optimizar el esfuerzo para conseguir cualquier fin. Este principio irrefutable desde el punto de vista de la lógica matemática queda relativizado cuando la capitalización de la inversión se proyecta sobre el concurso del trabajo de personas o bienes de especial interés en la naturaleza.

Obtener el máximo rendimiento del trabajador será más o menos lícito, en un contexto social, cuando la proporción del beneficio sea proporcional para todas las partes. En la medida que el equilibrio entre beneficio y retribuciones salariales se desajusta, el promotor comienza a obtener un beneficio desproporcionado a su aportación a la empresa -la gestión del capital- y genera un beneficio especulativo en cuanto el mismo no se corresponde únicamente a la eficacia de la propia labor sino al desequilibrio en la asignación de beneficio a las partes concurrentes. Se podría decir que el capital obtiene mayor beneficio del rol que le corresponde en el conjunto de la producción, y ese beneficio es un beneficio especulativo en el contexto social en que se realiza.

La pretensión de obtener el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo ha conducido al capital a orientarse hacia las expectativas más especulativas, aquellas en que el beneficio se produce con la menor cantidad de trabajo. Si el trabajo es esfuerzo humano, intelectual o manual, para producir bienes desde la naturaleza, la especulación se proyecta como el resultado de la obtención de los bienes sin esfuerzo. ¿Es ello posible? Es posible como consecuencia o de explotar el trabajo ajeno o de tergiversar en el sistema de libre mercado una posición de influencia incrementando el precio de un bien por su demanda o necesidad. Toda especulación, en el fondo, supone el incremento de precio de un bien sin que sea resultado de un trabajo; lo que para el conjunto de la economía social supone un pesado lastre.

Para ciertos economistas de formación liberal, la especulación representa un factor positivo en la economía, reflejo de la dinámica de mercado y marcador de la expectativa de progreso de la rentabilidad en las operaciones. Desde una perspectiva global de la economía social, la especulación es como un cáncer que incrementa irresponsablemente el precio del producto, genera inflación y arruina las perspectivas de progreso de quienes sólo viven del trabajo. Un segmento de riqueza aparente que vulnera en el mercado el valor real de permuta de los bienes que son fruto exclusivo del trabajo.

Otra vertiente del dominio especulativo de una sociedad individualista la representa la explotación indeterminada de los bienes de la naturaleza. La alteración de las condiciones de equilibrio propias de la naturaleza no puede quedar al arbitrio de quienes simplemente cuentan con los recursos para su explotación. La lenta regeneración y la limitación de sus aportaciones exige que el conjunto de los bienes de la naturaleza tengan que ser socialmente administrados. La razón de rentabilidad de mercado no es suficiente ni para la explotación indiscriminada de los recursos, ni para la excesiva contaminación del planeta.
 
 

SOCIALISMO Y CORRESPONSABILIDAD

El socialismo es teoría social, no económica, aunque en la medida que la economía supone relaciones dentro de la sociedad las ordena para que cumplan una función social. El valor del dinero y los medios de producción e intercambio de bienes no constituyen un fin en sí mismos, sino en cuanto cumplen un objetivo en el paradigma de las relaciones humanas. Lo primero en el socialismo es que las relaciones en la comunidad sean relaciones de servicio y no relaciones de dominio. Evaluar y construir relaciones de servicio supone un constante esfuerzo de no perder de vista la filosofía fundamental de que la comunidad es un bien social y no un lastre. En la medida que un hombre se relaciona y entra en contacto con sus semejantes se perfecciona en cuanto recibe influjos positivos de los demás. La consideración, por tanto, de las relaciones hombre / hombre son el punto básico del desarrollo de toda la doctrina social.

La doble consideración de la relación hombre / hombre como un bien o como un mal dibuja la sicología de un entorno social. En la medida que el hombre se considera más autosuficiente, el prójimo puede tomar la apariencia de elemento perturbador en el mundo de lo propio y personal. Tan sólo desde la humilde y real perspectiva de la precariedad, un sujeto se abre al perfeccionamiento proveniente de otro semejante con quien, desde el intercambio de recursos, conseguir el mutuo beneficio.

Ser social significa, ante todo, asumir la limitación de lo personal, lo que no siempre se está dispuesto a reconocer. La vida enseña lo necesitado que estamos de los demás. Desde el nacimiento el hombre precisa de los otros para la manutención, la educación y la supervivencia. Se precisa de los demás para ser atendido en la enfermedad y en las limitaciones que impone la ancianidad. La amistad y el amor son bálsamos sicológicos a la estabilidad emocional. Prácticamente todo el hombre lo hace en sociedad, salvo el ámbito decisorio de la libertad, donde ha de asumir personal y responsablemente sus decisiones. Del juicio de conciencia que se tenga sobre la entidad de la relación humana trasciende en gran parte la sociabilidad de la persona.

Todo hombre se ve afectado por la doble inclinación moral en sus relaciones con los demás. El interés de lo propio le inclina hacia las relaciones de dominio, o sea, a hacer prevalecer su propio beneficio, a conjugar la prioridad del yo. Pero también es cierto que en el reducto de toda conciencia no depravada existe la tendencia natural a ser apoyo y ayuda al compañero. La impronta de la solidaridad es consecuencia de la percepción continuada de las relaciones de atención mantenidas desde la niñez. En esta esfera es determinante el rol que se conceda a la idea de servicio en la educación. Según que la orientación pedagógica se incline hacia el objetivo personal o social, valorando más la proyección del propio éxito, el triunfo personal, o el progreso colectivo, así trascenderá una sociedad de valores. El acto propio de tener que educar supone una conciencia ética de la sociedad que al tiempo que instruye reorienta sus inclinaciones hacia el bien que propone. Salvando la libre voluntad del acto personal, los influjos culturales y sociales actúan como catalizadores sobre la preeminencia de las relaciones de servicio sobre las relaciones de dominio, o viceversa.

El socialismo como ideología configura entre sus prioridades culturales la de la solidaridad, o sea, la consideración de las relaciones humanas como relaciones de servicio en todos los ámbitos de la actuación. Si bien el marxismo preconizaba la sistematización de las relaciones desde el Estado como objetivación de una estructura de servicio predefinida, el socialismo defiende el compromiso cultural como la vía de la realización de la solidaridad en respecto a la libertad. De este modo las pautas de servicio se acomodan a las exigencias de cada contexto social en cuanto son el reflejo de la libre acomodación de una ética a cada necesidad.

El juego de la libertad y la complejidad de las relaciones políticas hacen que sea altamente dificultosa la constatación de una ética social, pero debe ser objetivo del socialismo potenciar los mecanismos de autocontrol sociales para que el proyecto sea una realidad. Lejos de los adoctrinamientos fascistas y marxistas, de toda doctrina totalitaria que dicta su propia ética, el nuevo socialismo debe identificarse como una fuerza renovadora capaz de justificar la ética por la efectividad solidaria del proyecto aplicado.

De la imbricación de las relaciones de servicio se deduce que corresponde a toda la sociedad colectivamente la responsabilidad del proyecto. El nuevo socialismo supone una utopía, pero una utopía posible desde la cultura y la libertad. La corresponsabilidad es el mayor reto de toda democracia, que no sólo es gobierno del pueblo sino también gobierno para el pueblo.

Interpretar la economía como servicio y no como dominio en un marco de libertad de producción y mercado es uno de los proyectos menos logrados de la ciencia económica. El liberalismo ha reclamado para la económica la capacidad de desarrollo como ciencia pura, o sea, que su objeto sea la optimación de los bienes y el desarrollo de la riqueza. Si se pierde la perspectiva de que la economía debe servir al ciudadano real, preservar sus derechos y respetar su dignidad, la ciencia práctica se desvirtúa del humanismo, fin de toda sabiduría.

Construir la ciencia económica desde parámetros en que las relaciones que establece son relaciones de servicio, en las que se respeta el derecho y la justicia para las partes, es la garantía de construir sobre un buen fundamento. La abstracción matemática que calcula y aplica la mayor rentabilidad no es ciencia económica si no se proyecta para el bien común y el respeto al entorno de la naturaleza.

El que la economía como ciencia sólo aporta sabiduría si está al servicio del hombre es uno de los principios humanísticos que debe patrocinar un genuino socialismo. La corresponsabilidad sobre los bienes de la naturaleza exige de todos y cada uno el esfuerzo del trabajo y la renuncia a la especulación.

Estructurar la economía real para que sirva según unos principios de solidaridad exige determinación e imaginación. En el principio está la idea de conferir a la sociedad una auténtica igualdad de oportunidades de modo que cada ciudadano, independientemente de sus circunstancias familiares, cuente con la posibilidad real de promoción; esto supone una dotación de medios a la educación que debe primar sobre otras opciones económicas. Un segundo aspecto está en salvaguardar el derecho al trabajo, en el que se debe arbitrar un equilibrio entre favorecer el espíritu de superación, proporcionando las rentas a la eficacia de la producción o servicio, con el legítimo derecho a una distribución equitativa no igualitaria que promocione alcanzar las rentas necesarias para una vida digna a quienes por naturaleza se encuentran más limitados para la competitividad.

Las protecciones sociales estarán ajustadas para la cobertura universal a la supervivencia, al tiempo que el sistema debe evitar en todo momento el fraude encubierto que supone, en cualquier caso, una explotación de unos contribuyentes sobre otros. La garantía de la administración justa de la caja común social es una de las prioridades del sistema socialista por lo que conlleva de respeto a la solidaridad derivada del trabajo de los ciudadanos. La sensibilidad por la construcción de una sociedad articulada sobre determinados valores exige la trasparencia que garantice una digna y eficaz administración de los servicios que se propugnan. La mayor quiebra para un sistema social solidario radica en la pérdida de confianza de los ciudadanos en la realidad del mismo. La garantía democrática de un estado de derecho supone la total fiscalización de la administración, y en función a esa trasparencia se contará la mayor o menor adhesión del pueblo, aun en momentos de dificultad económica o crisis internacional.

Combatir la especulación creando alternativas eficientes para el ahorro, la capitalización y el libre comercio es unos de los aspectos que suponen un mayor reto para la alternativa actual que puede ofrecer un sistema económico socialista. Luchar contra la especulación es ofrecer beneficios proporcionados al trabajo, refrenar la ambición de unos pocos que buscan enriquecerse del oportunismo y repercutir más igualitariamente las rentas de la producción interior del Estado. La oposición a las tendencias económicas especulativas es una de la notas que debe reunir todo socialismo que quiera dignificar esa ideología y representa la diferenciación que le enfrenta a las opciones sociales que favorecen el libre y desleal imperio de unos pocos.

El valor social que tienen los bienes debe inspirar al socialismo para hacer una política sobre el patrimonio que, al tiempo que reduzca las dinastías patrimoniales en aras a una más racional distribución de la riqueza, propicie el que la parte proporcional de renta social de todo bien se trasfiera a la sociedad con independencia del fin que del mismo puedan realizar los interesados. En contra de las doctrinas marxistas que asignaban la propiedad comunitaria, el socialismo protege la propiedad privada como la esfera del mundo donde desarrollar la creatividad, intimidad, etc., pero, en cualquier caso, como esa derecho atañe a todos por igual en la sociedad, el anhelo a una distribución justa y más equitativa de la propiedad no puede perderse de vista en las propuestas de una economía solidaria.

La igualdad de oportunidades, fundamento de toda doctrina económica social, no puede ignorar la promoción de sectores menos desarrollados eliminando todo tipo de marginación por condiciones de género, etnia, religión, ascendencia, etc. La fidelidad a la ideología socialista encuentra en la adecuación de la estructura económica de cada momento un reto para establecer entre los ciudadanos los hábitos de servicio que configuren la construcción del estado desde premisas de solidaridad. Una cultura ética del bien que sea al tiempo el exponente del desarrollo de una más genuina democracia social.
 
 

EL NUEVO ESTADO

Con la Revolución Francesa se origina la trasformación de reino a estado. El desarrollo de la Edad Contemporánea en el siglo XX configura una división del mundo en estados, que aun no correspondiendo a la realidad nacional en muchas demarcaciones, especialmente en los continentes de nueva configuración política, supone una acotación territorial sobre la que construir una política en la que el pueblo pueda pasar a ser protagonista, al tiempo que se logra borrar la imagen de un universo colonial.

La nueva forma del estado que ha sustituido al agotado sistema monárquico es todavía un reto de real participación e institucionalización de justicia social. Los progresos en todos los órdenes a lo largo del siglo XX han sido muy importantes aunque hayan alternado sombríos avatares en el proceso político de trasformación.

El hito trascendental de la evolución política ha sido la consolidación del principio democrático de que la soberanía radica en el pueblo. Desde ese punto, el viejo orden ha sido desbancado por más que hayan permanecido en algunas naciones formas tradicionales de estructura política cuya trascendencia irá diluyendo el tiempo.

La respuesta social a los nuevos tiempos se concentra en la definición de una forma de estado adecuada que responda a los más profundos anhelos de la sociedad. La constitución de verdaderos canales de participación, la defensa de la libertad, la seguridad, la promoción laboral, la protección social, la solidaridad, la educación, etc. constituyen referencias de primera magnitud a las que la estructura del estado debe dar cobertura con independencia de quienes sean los que en cada momento gobiernen. Del nuevo estado se exige que sea él mismo y no los políticos que lo administran quien dé respuesta a lo que de él esperan los ciudadanos.

Siendo el pueblo el depositario de la soberanía, las principales estructuras de poder han de quedar configuradas con un fin esencial: Que el gobierno no pueda suplantar, en ningún caso, al pueblo en el ejercicio real de sus derechos. Para ello se requiere la máxima aquiescencia entre los diversos grupos políticos para fijar constitucionalmente los derechos que los ciudadanos tienen por naturaleza.

El estado debe garantizar la responsabilidad del ejercicio de gobierno mediante el control parlamentario del gobierno y la fiscalización de todos los actos de la administración.

Un auténtico sistema de representación lo es cuando el parlamento es reflejo real de la sociedad. La exclusión de la representatividad propiciada por las mayorías para favorecer la gobernabilidad, a la larga no genera más que el distanciamiento entre gobierno y pueblo, o sea, la merma de la legitimación del poder representativo. Qué la sociedad sea múltiple y plural no es perjudicial y es efecto de que no exista un partido cuyo programa se pliegue absolutamente a las aspiraciones de todos los ciudadanos.

La división de poderes debe estructurarse con la premisa de que todo poder dimana del pueblo. Por ello, tanto gobernar como legislar como aplicar justicia debe realizarse en la mente del pueblo como única soberanía, y por tanto su último derecho no puede ser en ningún caso violentado.

La sociedad no se agota en la representación y acción política sino que la diversidad de sus relaciones es mucho más enriquecedora. Confundir los términos sociedad y estado es una de las lacras heredadas del viejo sistema. La acción política no agota la acción social, sino que en una filosofía socialista, el estado no monopoliza la acción social sino que asume como uno de sus fines el fomento de la actividad social creativa a todos los niveles. Qué las relaciones entre los ciudadanos se desarrollen en orden al mutuo bien según los dictámenes de la costumbre y el sentido común, sin necesidad de ley que sancione, ha sido durante siglos el fermento más efectivo de la esencia social. Sólo en la medida que la magnitud de las relaciones y su trascendencia son más relevantes emerge la estructura estatal con la problemática del diseño de las formas de representación, o sea del medio para el efectivo ejercicio de la soberanía popular.

La credibilidad del sistema democrático está en el efectivo ejercicio de la representatividad del pueblo en la tarea política. En el siglo XX se consolidó la creación de los partidos políticos como medio para aglutinar a los ciudadanos en la valoración de unas ideas directrices de la gestión estatal. Durante todo el siglo la gestión de los partidos ha presentado su cara amarga y su eficaz servicio a la sociedad. Cuando el partido ha sido motor y reflejo del autoritarismo han surgido novedosas formas de dictadura, desde la dictadura del proletariado a las distintas figuras del fascismo.

Aun teniendo en cuenta esos claroscuros de su historia, la existencia de los partidos parece ser necesaria como vehículo de participación en la acción política. Por ello, lo más relevante al respecto quizá sea poner de manifiesto la necesidad de que para que un sistema sea democrático se precisa que toda su estructura lo sea, y, por tanto, que los partidos políticos en cuanto medio de participación lo ejerzan democráticamente. Es este uno de los más oscuros aspectos de la democracia, pues mientras el estado como estructura pública es mucho más diáfana en el control de todos sus actos, en los partidos políticos, en cuanto no gozan de la misma imagen pública, se escapan con frecuencia del control democrático de la sociedad. Por ello, uno de los anhelos del nuevo estado debe ser la configuración pública de la figura de los partidos políticos como vía de participación y la necesaria trasparencia de su estructura interna de representación.

En democracia hay que distinguir entre partidos políticos y grupos de presión. Mientras para los primeros se exige el interés social, los segundos responden a intereses privativos, o sea, a conseguir del estado la protección de bienes particulares.

El socialismo, por su misma naturaleza, defiende la estructura interna democrática para que los partidos puedan realmente constituirse como medio de participación en el sistema democrático y presten un servicio eficaz a los ciudadanos. De la solidez de la imagen de trasparencia exigible a los partidos se sigue el nivel de legitimidad que se pueda prestar a su intermediación. Mientras no surjan nuevas alternativas sociales de cauces de representación, la confianza en los partidos puede que determine la verosimilitud de todo el sistema democrático.

El enraizamiento del socialismo debe provenir del convencimiento de construir la sociedad democrática partiendo de las relaciones más elementales. La sociedad global es el conjunto de comunidades que va desde el municipio a la comunidad internacional. La política de gobierno de cada conjunto o comunidad responde a unas necesidades específicas, que se concretan en dar respuesta a las aspiraciones de ese grupo particular de ciudadanos mediante el autogobierno de las relaciones sociales específicas que les atañen.

Esta filosofía social de cercanía entre ciudadanos y gobernantes configura un sistema que necesariamente, para que no se desfigure, ha de estructurarse de modo federal. En lo concerniente a cada demarcación territorial sus ciudadanos son plenamente soberanos y corresponsables con cualquier otra comunidad social en cuya constitución se encuentren como confederados.

La adecuación del socialismo a la estructura federal responde a la naturaleza social de cada nación como comunidad. Desligar la unidad política de la autoconciencia de nación o grupo a la larga no conduce más que a la progresiva sustitución de las relaciones de servicio por las de dominio. Construir la sociedad democrática lejos de toda imposición o violencia tiene que ser uno de los principios elementales de la política socialista. No es un estado grande el que domina sobre muchos ciudadanos sino que un estado es grande porque lo hacen así muchos ciudadanos.

La estructura federal realiza en sí con más perfección la democracia en cuanto en cada ámbito las decisiones políticas se ajustan a lo que sus ciudadanos demandan y se minimiza la violencia de quienes determinan sobre asuntos que les son ajenos.

El siglo XX ha compatibilizado la creación de innumerables estados, la consolidación del nacionalismo y la aspiración a la confederación de espacios políticos continentales. Esa paradoja entre nacionalismo y unión internacional sólo se articula correctamente desde la concepción de soberanía que entiende el sistema federal. El estado plurinacional y la confederación de estados son experiencias avaladas desde el respeto a la soberanía particular.

La concepción de nación y estado precisa cada día adecuarse a las nuevas dimensiones políticas que supone la difuminación de las barreras de espacio. El socialismo deberá generar las formas para que la realidad de la migración se desarrolle en el amparo de los derechos humanos porque en esencia las relaciones que unen a ciudadanos e inmigrantes deben ser de servicio y nunca de dominio.
 
 

EN JUSTICIA

El papel relevante que la justicia tiene que asumir en un sistema socialista es aparentemente contradictorio, pues, en contra de lo que durante siglos la justicia vino a ser como longa mano del poder ejecutivo, en un sistema democrático corresponde a la justicia la defensa de los derechos del pueblo frente a la posible agresión por la determinación particular de los intereses políticos de su gobierno. El conflicto social deriva de que tanto el ejecutivo como el legislativo proceden en su designación de la elección libre en las urnas y por tanto la legitimidad de sus decisiones difícilmente podrían cuestionarse de ser juzgadas. Argumentaciones semejantes en función de los principios filosóficos sobre la concepción del poder se han utilizado a lo largo de la historia para llegar incluso a justificar el absolutismo político. La realidad ha demostrado que aun con legitimación democrática los gobierno a veces anteponen intereses personales o de grupo sobre los generales de la nación, y por ello es preciso que una justicia independiente pueda incidir como garante de los derechos del pueblo, en especial en lo relativo a los derechos personales naturales, en virtud del principio absoluto de la soberanía popular.

La independencia de los poderes ejecutivo y judicial es una de las garantías del sistema democrático y por ello debe constituir uno de los objetivos del programa socialista. La independencia del poder judicial no debe leerse erróneamente como poder autóctono, sino como poder directamente emanado del pueblo, sólo en la medida que así lo sea fundamentará su legitimidad.

Dentro de la estructura política del sistema, debe quedar configurado un ámbito de representación que constituya la cabeza del orden judicial y que responda directamente ante los ciudadanos del equitativo e independiente dictamen de la justicia. Esa función que puede corresponder a la configuración de un presidente de la república no ejecutivo debe asumir que los órganos del poder judicial no tengan en ningún caso dependencia de jerarquía ni designación del poder ejecutivo.

La función de jueces y fiscales ha de quedar bien delimitada, pues mientras a unos les corresponde el juzgar es propio de los segundos instruir, investigar, instigar la persecución del delito. No es deseable que corresponda al mismo cuerpo instruir y juzgar por el desafuero que ello conlleva en cuanto las medidas cautelares a tomar corresponden a quien se constituye de hecho como juez y parte.

La garantía de la independencia de jueces y fiscales está en que siendo cuerpos distintos estén ambos bajo la tutela política de una única autoridad independiente sin interferencias de mando del poder ejecutivo ni legislativo.

La construcción de un auténtico estado de derecho no se educe de meras formulaciones retóricas sobre el derecho, sino de la auténtica emanación de una estructura jurídico social que en nombre del pueblo protege legítimamente los derechos del pueblo.

No puede obviarse al considerar el papel del derecho en el estado la función esencial y fundamental de la justicia distributiva. El liberalismo en su lectura de las relaciones sociales ha marginado la radicalidad de la justicia distributiva como forma propia de la sociedad. El conjunto de la mera adición de bienes particulares no forma una sociedad sino una corporación. La sociedad es un ente de orden natural que interrelaciona la concurrencia de las partes para producir el bien proporcionado a cada uno de sus elementos. De ese sistema es de donde emana la justicia distributiva para amparar los derechos naturales de cada una de las personas de la sociedad.

La justicia distributiva en el estado se configura en dos aspectos: La provisión del bien debido a cada ciudadano, y la recaudación de los medios materiales para atender al fin anteriormente expuesto, que se consigue a través de la legislación que controla las relaciones laborales y por los impuestos.

A lo largo de la historia el socialismo allá donde ha gobernado ha configurado políticas fiscales exigentes, y ello no es debido más que al objetivo primordial de construir sociedades de igualdad de oportunidades, donde el futuro no se vincule a la disposición de los recursos patrimoniales sino a una auténtica garantía de prestación de servicios fundamentales para todos los ciudadanos.

El gran reto de la credibilidad del socialismo se encuentra en la correcta administración de los recursos que dispone el estado para la acción social. La sombra de la corrupción que planea sobre cualquier administración por la magnitud de los medios que dispone hace que la confianza de los ciudadanos merme cuando mayores son los recursos depositados en sus manos. La tarea de la lucha contra la impunidad de los políticos corruptos y la instauración de un sistema de trasparencia que incluya la persecución de los beneficios especulativos de los funcionarios públicos es una de las tareas que debe asumir el socialismo para recuperar su propia identidad y la confianza ciudadana.

En la lucha contra la corrupción un principio elemental es: que el fin no justifica los medios. Utilizar siempre el medio legítimo aunque el fin se consiga con más esfuerzo es el reconocimiento a la soberanía popular que no puede ser conculcada esquivando la sujeción a las leyes, a las costumbres y al sentido común. Por ello lema del socialismo ha de ser el gobernar para el pueblo con el pueblo.

Un gran peligro para quien ejerce el poder lo encuentra en la incapacidad para un auto análisis de la propia gestión. Ha sido el talón de Aquiles de los dictadores y lo puede ser para quien con autoritarismo hace del sistema democrático una estructura a su servicio. El gran antídoto para ello se encuentra en una sana democracia del partido que cuestione y no aplauda sin más a sus líderes, y en la capacidad de captación de la crítica externa que desde los restantes grupos políticos le llegue. No es poca la influencia beneficiosa que aportan los medios de comunicación cuando se les escucha, y su libertad de ejercicio siempre representará uno de los valores que la sociedad debe potenciar.

Frente a las sociedades consumistas, dóciles y anodinas, la raigambre cultural representará el mejor juicio para la construcción de una sociedad necesitada de protagonizar su propio futuro.
 
 

LO SOCIAL Y LO PÚBLICO

Una diferencia trascendente entre comunismo y socialismo está en la asignación del protagonismo de lo público en la sociedad.

Para los comunistas, por la misma esencia de su doctrina, todo lo que asume algún influjo en la colectividad debe ser público, un servicio del estado a los ciudadanos. Nada queda exento de esta forma de ordenación de la sociedad fundamentada en la comunidad como común unidad, un único espacio social lo más igualitario posible que cercene los gérmenes de las diferencias de clase.

El socialismo, en cambio, el equilibrio interno de la sociedad no lo predica como consecuencia necesaria de la gestión directa del estado sino de la fiscalización del mismo para promover y consolidar una igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos en el acceso a los medios de capacitación social.

Esta diferencia entre los dos sistemas ideológicos no siempre ha sido bien diferenciada y bien comprendida. En gran medida por la mezcla que de sus nomenclaturas se ha realizado y por el influjo más o menos velado que la filosofía marxista ejercía sobre muchos de sus dirigentes.

Diferenciar, con la ayuda de la filosofía social, conceptos como público, social, privado y privativo, es necesario para aclarar la finalidad del ordenamiento social en las variadas opciones que se ofrece al ciudadano. Es muy probable que la semántica a aplicar a conceptos tan manidos no esté muy clarificada, en especial por la sutileza de muchos de sus matices que el lenguaje de los políticos tiende a enmarañar. Por ello, más que prestar atención a los léxicos, es muy importantes fijar las notas y los rasgos distintivos de cada concepto.

Lo público en esencia refiere a todo lo que es promovido, gestionado y aplicado por un ente del estado.

En el amplio término de social habría que sintetizar que su aspecto más determinante es el que fija la condición de derecho de todo ciudadano en la comunidad. Por eso, por social, en política, se entiende aquello que se dirige a la atención de los derechos de los ciudadanos en todos por igual.

Lo privado, en la esfera de la comunidad, se identifica con la capacidad de la persona, individual o en grupo, de proyectar su influjo y creatividad en los muy diversos ámbitos que le implican. Lo privado se proyecta genuina y espontáneamente desde el hombre a la sociedad y es consecuencia directa de la estructura racional de la especie humana.

Lo privativo lo constituye la esfera de actividades que una persona o grupo considera exclusiva para sí.

El objetivo ideológico del socialismo es el desarrollo de lo social. Lo publico y lo privado como formas de gestión se justifican en el proyecto socialista en función de que realmente se avengan a favorecer el desarrollo armónico de todos los ciudadanos de la comunidad. Lo privativo, por su naturaleza, queda al margen de los fines del socialismo, lo que no quita el respeto al legítimo derecho que para su coexistencia en la sociedad le ampare.

Lo público, por pertenecer a todos -directamente a la comunidad- y estar avalado por el control que sobre ello realiza el pueblo en un estado democrático, es la forma natural de gestión de las actividades de la comunidad. En la medida que supone una autogestión del pueblo para el pueblo debería estar garantizado su contenido y finalidad social. El gran problema es que aun garantizada la finalidad social, en su ejercicio real muchas veces la aplicación de los medios al fin no es eficiente y el objetivo final de servicio al ciudadano no se realiza con eficacia.

Esa experiencia es la que ha conducido la evolución de los planteamientos socialistas desde los planteamientos teóricos de principios del siglo pasado a las socialdemocracias de posguerra. La exclusiva administración de la sociedad desde lo público, gestionada por los políticos y sus hombres de confianza presentaba el gran problema de que la maquinaria del estado llegaba muy tarde a atender a las continuas demandas que en la comunidad se creaban. Sólo desde la iniciativa privada se gestaban respuestas recurrentes a los nuevos problemas o a los anhelos de progreso en las más diversas experiencias ciudadanos.

Hacer compatible lo público y lo privado preservando la finalidad social de la acción conjunta ha supuesto el nuevo reto del socialismo en el mundo entero. El quicio de la validez de esta nueva estructura está en articular convenientemente lo privado para que su finalidad sea social y no privativa.

La tendencia natural de lo privado es la privativa, o sea, aplicar el esfuerzo para conseguir un bien que repercuta sobre el grupo particular promotor de la iniciativa.

Cuando esas actividades privadas se dirigen a cubrir necesidades orgánicas de la sociedad como son la educación, la salud, la atención a mayores, etc. el gran peligro para la comunidad es que si se constituyen como privativas un importante sector de la sociedad quede excluido de su beneficio.

La nueva estructura socialista opta por una doble concurrencia pública y privada en la gestión de los servicios con tal que se cumpla la finalidad social de los mismos: la extensión por igual para todos los ciudadanos. Se exige que la gestión privada sea social. De este modo se consigue la emulación de iniciativas e esfuerzos en la gestión social de la que puede deducirse un gran beneficio para los ciudadanos.

La inversión del estado en la financiación de las actividades privadas que realmente realizan actividades sociales abiertas a los ciudadanos sin más restricción que las de orden previstas por la ley, supone la potenciación de recursos al servicio de la sociedad y en muchos casos la ágil innovación de modelos de gestión aplicables a la mejora de lo administrado público.

Es evidente que una administración socialista debe considerar necesaria una consistente estructura pública de servicios sociales que asegure la prestación de esos servicios a todos los ciudadanos y a ello dedicará los esfuerzos y recursos necesarios con objeto de que nadie quede marginado ni discriminado de dicha atención. Es por este objeto de eficacia el que no se dé por supuesta la correspondencia entre social y público. Si una estructura pública no cumple el objetivo de ser eficiente equitativa debe ser reformada. Es necesario que la relación entre inversión y calidad de servicio sea positiva, y para ello el planteamiento profesional de la gestión debe mejorar de día en día.

Ya sea la gestión pública o privada, se hace necesaria la fiscalización correspondiente en dos aspectos: 1º En la correcta aplicación de la financiación. 2º En que el comportamiento de los gestores sea conforme al espíritu social.

En el caso de la gestión pública, el control corresponde a la administración y a las instituciones del estado que tienen como fin la fiscalización del gasto público. Para la gestión de servicios sociales por instituciones privadas es necesario crear un marco de concertación que establezca una normativa objetiva de la finalidad de los servicios a prestar y realizar las concesiones ajustándose adecuadamente a la capacidad contrastada de cada institución.

Uno de los objetivos del control más importante es que el servicio que se presta cumpla los requisitos para ser considerado social, o sea, que de él puedan beneficiarse en igualdad de condiciones todos los ciudadanos sin discriminaciones por razón de ideas, raza, religión, estado, etc. Si la financiación es pública -bienes que son de todos los ciudadanos- es estado no puede destinar esos recursos a sufragar actividades privativas cuyo beneficio incide en un segmento particular de la población. Aunque desde otras perspectivas políticas se justifique esta financiación sobre la base de que la misma corresponde a lo que el estado se ahorra de prestar ese servicio al grupo de ciudadanos que comprende, desde el socialismo se considera que esa subvención vulnera el derecho social a una igualdad de oportunidad y al libre derecho de todos los ciudadanos de acceder en iguales condiciones a todos los servicios.

Como ya se ha hablado en capítulos precedentes, no corresponde a la más genuina ideología socialista la planificación de toda la sociedad encorsetándola en un programa único de actuación, sino más bien consolidar un marco que favorezca la dimensión social y solidaria de la libre iniciativa ciudadana. Lo privado cabe en el sistema siempre que no renuncie al fundamento social: que las relaciones sean de servicio.

Lo privativo, aunque no se inserta en la configuración política socialista, puede coexistir en los límites que marca el derecho y la ley como la expresión de libertad en que las relaciones sociales son humanas y en ellas caben las decisiones más variadas que deben ser respetadas. El proyecto socialista tiene que ser un proyecto de adhesión libre de los ciudadanos, cuya verdadera efectividad social le haga conseguir los respaldos para alcanzar los objetivos sociales propuestos, que siempre competirán en el constructivo enfrentamiento democrático con otros diseños de política que a la sociedad ofrezcan los distintos modelos ideológicos.
 
 

GLOBALIZACIÓN Y SOLIDARIDAD

La solidaridad que fundamenta el socialismo no es una actitud que pueda reducir su influjo sobre la persona en el único ámbito de su entorno de bienestar. La conciencia del hombre no tiene reducidos los límites de su responsabilidad más que a la limitación del conocimiento; en la medida que su inteligencia le advierte de las necesidades ajenas sobre las que puede dirigir sus relaciones de servicio surge la acción social personal.

Aunque en otros tiempos para la mayoría del pueblo el mundo de lo social se limitaba al entorno más inmediato: familia, trabajo, municipio; hoy en día, en virtud de la migración y las posibilidades que nos brindan los medios de información, el círculo de lo personal se ha dilatado exponencialmente. No sólo consumimos productos de las antípodas sino que de alguna manera nuestro destino comienza a ser común. Las fronteras se han abierto y el espacio se configura progresivamente -aun conservando su idiosincrasia propia- como un ámbito de relaciones cada vez más dependientes.

La percepción de un colectivo mundial único, igualitario en el derecho, donde no haya civilizaciones de dominio y países colonizados es en el siglo XXI una sentencia política, aunque haya gobiernos que burlen ese imperio de la razón. Existen pueblos con más o menos recursos, más o menos desarrollados tecnológicamente e industrialmente, con niveles de capacitación muy distintos, pero hoy el derecho social internacional, al menos de forma implícita, reconoce a cada pueblo el ejercicio de la soberanía para hacer valer con su voz el marco de unas relaciones internacionales asentadas en la justicia.

La globalización, por tanto, debe ser ante todo una referencia de libertad y de participación que supere la concepción de dominio y colonización que nos ha legado la historia. En justicia ningún pueblo es superior, ni ninguna razón puede sustentar el beneficio y bienestar de unos países sobre la base de una situación generada por el dominio sobre otros terceros estados más débiles.

De igual manera que la solidaridad establece una estructura de cooperación en cada país, a nivel mundial se hace necesario un sistema nuevo de relaciones internacionales que se fundamente en el humanismo, lo que entraña que se valore a las personas, su fundamental derecho a la vida con un mínimo de bienestar y la posibilidad de participar en el progreso de la cultura y de la ciencia.

Lo esencial de la Humanidad es estar constituida por hombres, lo que con frecuencia se olvida en una sociedad tan tecnificada que comienza a anteponer la estructura de bienestar, la mecánica de progreso y la aplicación económica al hombre mismo. Una especie de paranoia esquizofrénica en la que la revolución del progreso postergara su único objetivo: servir al hombre.

La pérdida de la humanidad como valor esencial supone de hecho el vuelco radical del sentido de las relaciones humanas: En la medida que las cosas materiales, consumismo, se imponen como prioritarias, la relación de servicio pierde el sentido, pues no se tiende a utilizar los medios materiales como instrumental de permuta de servicios sino sólo como aprovechamiento personal de un bien; por tanto, todas las relaciones humanas estarán sicológicamente dirigidas hacia el dominio. En la medida que la referencia humana se debilita, inevitablemente se cae en el materialismo.

En el espacio de comunidades políticas próximas, durante la segunda mitad del siglo pasado se ha experimentado socialmente un progreso, en especial con la consolidación de la UE. Estados históricamente antagónicos se han acercado a la convergencia de compartir su soberanía en materia de mercado, moneda, trabajo, educación, cultura, etc.; se han avenido a políticas comunes de promoción de las regiones más desfavorecidas y a la sistemática solidaridad en situaciones de percance.

Mientras entre sectores de naciones de cultura afín los políticos han descubierto la conveniencia del trabajo en común, respecto a la estructura global del planeta no se logra el mínimo de consenso para mejorar el equilibrio entre los países ricos y pobres. La falta del fundamento de una filosofía social y de líderes y organizaciones internacionales que se empeñen en cultivarla han hecho que la efectiva presunción de una política internacional asentada en la justicia social quede reducida a la utopía de un grupo marginal de idealistas.

El socialismo como cultura de la solidaridad no puede marginar la construcción de un orden internacional basado en el respeto a los derechos humanos y al proyecto de una confederación universal donde cada estado asuma su cuota de responsabilidad social para promover un efectivo equilibrio económico entre todos los pueblos.

Saberse ciudadano del mundo en una política de relaciones de servicio entraña asumir personalmente la responsabilidad de obrar mirando la condición de los más desfavorecidos. Hacer una interpretación del bienestar en la que considerar el esfuerzo compartido con los que hoy menos tienen sea una fuente de satisfacción por lo que supone de la recta concepción de una conciencia justa. El hecho de asumir un comercio justo en el que no se explote por la imposición de estructuras coercitivas puede redundar en tener que pagar algo más por algunas mercancías, pero dicho comercio deja tras de sí la estela de unas relaciones de servicio que benefician a todas las partes y no sólo a quien tiene el poder para imponer su dominio.

La cultura ciudadana de cooperación es el fundamento para consolidar las políticas solidarias internacionales. Sólo en la medida que la concienciación popular sea capaz de leer los resultados de la propia economía nacional en un contexto internacionalizado, en el que suman los costos estructurales de promoción al equilibrio, las políticas de progreso encontrarán respaldo social.

Esta política de solidaridad global representa el contrapunto a la globalización especulativa que se proyecta desde el neoliberalismo. El socialismo solidario apoya un comercio justo, una trasferencia de fondos estructurales desde la imposición sobre el consumo de los países ricos para favorecer la modernización de infraestructuras de los países pobres, una financiación accesible para que los estados en vías de desarrollo puedan gestionar por ellos mismos sus riquezas, una menor discriminación a los movimientos migratorios de mano de obra, una mayor respeto por la diversidad de las formas culturales autóctonas.

Existe una deuda oculta y latente entre el primer mundo colonizador y los países que durante siglos, bajo el énfasis colonizador, sufrieron la explotación y fueron víctimas de la esclavitud. El esplendor de la economía imperial occidental y del nuevo mundo debe mucho a los miles y miles de esclavos que remaban en galeras, cultivaban algodón o se dejaban la vida en las minas. Una página de la historia que estudiada con detenimiento movería a más de una conciencia a considerar la cooperación como un bien debido en justicia.

Esta visión solidaria de la globalidad que puede animar la ideología socialista no puede ser ajena a la doble dificultad que la encorseta: La extendida práctica de la corrupción en la administración de los fondos de cooperación y la necesaria unificación de voluntades internacionales para apostar por los proyectos colectivos de paz y progreso.

Corresponde a la más genuina ideología socialista redimir la imagen de la ineficaz estructura estalinista, incapaz de generar en su entorno progreso, con la cara mable de la socialdemocracia bajo el lema de crecer dejando crecer.
 
 

LA CULTURA

El grado de desarrollo de la cultura en los pueblos incide en su capacidad para la democracia. Ello se refleja en que los políticos hayan tomado conciencia de la importancia de invertir en cultura. Los movimientos sociales que miran hacia la igualdad de derechos entre ciudadanos consideran la cultura como uno de los medios de promoción personal que más favorece a la estima personal y cauce de comprensión e integración entre la diversidad del colectivo social.

Para las formaciones políticas la gran tentación durante el siglo XX radicó en la manipulación de la cultura para hacer de ella un medio de propaganda de la tesis políticas que configuraban cada formación. La cultura, de este modo, se mutó en doctrina con la que los partidos imponían la interpretación de la naturaleza y destino del hombre, así como el código de su inserción social. La manipulación de la cultura por las formaciones fascistas y marxistas fue total, buscando así garantizar la sumisión a la pretendida perpetuación de los regímenes impuestos.

La cultura como conjunto de hábitos de comportamiento, relaciones y saber, como experiencia creativa comparada, es fundamental para que la persona formalice su juicio crítico. La cultura se comporta en sí misma como información de la multiplicidad social y en sus variados matices permite al hombre crear una imagen para la interpretación de los hechos sociales.

Para el socialismo, por encima del hecho partidario y de cómo se ha interpretado en otras épocas, la cultura tiene que constituir un revulsivo de la libertad y ser uno de los formantes esenciales del hecho social.

La interpretación más cercana de la cultura lo constituye la costumbre, lo que un grupo social constituye como modo de relación, como forma propia de ser. Por eso, la cultura es tan abierta y variada como grupos sociales pueblan la tierra. Las grandes corrientes de pensamiento, la religión y las disposiciones de los grandes imperios también han intervenido para orientar formas de interpretar la vida cuya expresión en la cultura universal es innegable.

En los tiempos de la comunicación e información puntual, el rasgo más determinante no es una mayor creatividad cultural sino una posibilidad de divulgación nunca anteriormente pensada. Quizá, al entender de algunos, la difusión estelar de unas pocas ideas esté mermando la expansión de la verdadera creación.

El estado, que no es aséptico ni puede renunciar a potenciar la cultura, debe ante todo objetivar su imparcialidad para no contener o impedir manifestaciones de la cultura que no le sean favorables. La tendencia al control de la cultura ha sido una de las constantes políticas de los estados que menos han favorecido a sus ciudadanos. Cuando se pretende hacer la cultura desde el poder, lo que se genera es una caricatura, porque la impronta más íntima de la cultura es la libertad y la espontaneidad.

El socialismo allá donde asuma responsabilidades de poder debe dejarse guiar coherentemente con su ideología social por un par de principios: 1º Que la cultura es múltiple y merece respeto esa diversidad. 2º Que desde el estado no se debe mediatizar la cultura para hacer doctrina sino poner en alza valores.

El respeto a la multiplicidad de la oferta cultural supone desde una perspectiva social el respeto y la adecuada promoción en un sistema de equidad. La tentación a manipular los resortes recónditos de la trama cultural para favorecer a los próximos no se puede dar por superada y acompañará a los gobernantes posiblemente a perpetuidad, pero en cuanto tiene de democrático, el poder debe esforzarse en concebir los institutos de promoción de la cultura desde la independencia, la profesionalidad y la pluralidad.

La presencia de la cultura en la sociedad es vital, o sea, vivifica la dinámica de sus relaciones, por ello su presencia y su impulso atañe a su misma esencia. El socialismo debe implicarse en que exista una cultura social, aquella que desarrolla los valores intrínsecos de la sociedad.

No corresponde a la nueva mentalidad socialista favorecer una cultura de adoctrinamiento, concebida como la formalización de las actuaciones sociales de acuerdo a unas ideas rectoras, sino de poner en alza determinados valores que constituyen el fundamento mismo de lo social. La solidaridad, el servicio, la cooperación, la justicia, la paz, la defensa de la naturaleza, el esfuerzo, la integración, etc. son valores que según el espacio político pueden ser realzados o quedar marginados a favor de otros intereses sociales más frívolos o más sectarios.

Es esta puesta en alza de los valores sociales de por sí lo que debe favorecerse desde el estado, y no el adoctrinamiento que se produce cuando en vez de valores lo que la cultura difunde son modelos de comportamiento sociales que se imponen como pauta concreta de actuación. El adoctrinamiento se concreta en desenfocar el sentido propio del valor de la libertad fijando como ejemplares determinaciones premeditadas del uso de la libertad. El adoctrinamiento cultural es siempre coacción encubierta que se tiende para ganar el favor y la atención de la comunidad.

La historia ha mostrado que, aunque todos los poderes han tendido a un control de la cultura para favorecer la justificación moral de sus actos, en la medida que la represión sobre la libertad era mayor crecía en la misma proporción la elaboración de una única cultura monopolizadora de toda la interpretación del saber, sancionadora de las costumbres y normativizadora de toda moral.

El reciente pasado del siglo XX ha dejado evidentes muestras de intolerancia cultural como para que no se pueda suponer que ello sea cosa de épocas de oscurantismo superadas desde la edad moderna. Los ejemplos de la represión cultural en regímenes marxistas (la URSS, China, Camboya, Cuba...) o regímenes fascistas (Alemania, Italia, España...) o los más recientes movimientos fundamentalistas religiosos (Afganistán, Irán...) constituyen todos ellos según su propio estilo, una constante advertencia de cuan fácilmente una ideología personaliza un sistema capaz de realizar la represión más brutal de la cultura en nombre del control del progreso.

La mayor garantía de respeto institucional político a la cultura está en el respeto a la pluralidad creativa de la sociedad.

La apuesta por el desarrollo de valores como coadyuvantes de razón para la formación de la personalidad del hombre en un marco de plena libertad es la mejor inversión social para que los ciudadanos construyan un progreso cultural que se constituya en pauta de libertad para a quien corresponda el ejercicio del poder.
 
 

AUTOCRÍTICA Y PROGRESO

El ideal socialista ni se fundó sobre la formación de una única tesis ni corresponde a la crítica de una situación histórica coyuntural. Como doctrina social es más ideario de formas y valores que estructura. Como sistema el socialismo propugna un estado nacional e internacionalmente solidario abierto a la proyección de un progreso social que en cada lugar y circunstancias puede tomar determinaciones variadas.

Durante la historia de los siglos XIX y XX se sucedieron regímenes y partidos que recabaron para sí la autenticidad del pensamiento socialista. En la misma medida que ese formulaban como excluyentes, condenando postulados y tesis alternativas, favorecían la represión de la más pura construcción socialista desde el movimiento ciudadano. La prioridad de la idea revolucionaria impuso la necesidad de establecer como ley lo que no eran más que fundamentos teóricos necesitados de la verificación práctica para dar forma debida de aplicación en servicio de la sociedad.

La radicalidad del juicio socialista supuso tal estridencia en la definición de los intereses, tanto por parte de sus activistas como de las clases detractoras, que apenas se articuló una crítica racional sobre los modelos esbozados que permitiera una construcción socialmente eficiente. En ese marco de extremo enfrentamiento que caracterizó a la Europa de las dos guerras, la polarización de las opciones construidas sobre el socialismo dejaron mucho que desear sobre el análisis crítico de la aplicación de las ideologías defendidas.

La acusación de revisionismo a quien disentía de la corriente oficial olvidaba lo que la libertad como fundamento de progreso social evidenciaba. El socialismo, como teoría social de una colectividad, por naturaleza estaba destinado al debate interno e incluso a un desencuentro de ideas. La solidaridad es un espíritu y no una regla, un programa y no una estructura, un proyecto y no un estado. La prospección para reconducir las relaciones de dominio a relaciones de servicio es una tarea ardua porque nadie se libera del deseo de tener, ni nadie objetiva la que es auténtico servicio cuando son sus intereses personales los que entran en juego. La batalla fundamental de la solidaridad se juega en la conciencia personal y desde ahí trasciende a la colectividad.

Mirar hacia la historia y no reconocer los errores cometidos por las distintas determinaciones socialistas es el mayor lastre que puede presentar una idea de progreso. La necesaria rectificación de aquellos fallos, algunos trascendentales, se conseguirá mediante un doble análisis que se centre en ver cuáles filosofías sociales se ha aplicado sin la necesaria verificación de sus condiciones de verdad, y cuáles aplicaciones no han logrado los objetivos buscados.

Analizar la historia supone analizar los personajes que la han protagonizado. No puede obviarse el juicio sobre la responsabilidad contraída por los políticos que han ejercido el poder de modo personalista sin escuchar ni atender al pueblo. Difícilmente la solidaridad se realiza si el querer de los ciudadanos no es atendido. Gobernar se espaldas a la crítica de la oposición, de las minorías, de los sindicatos, de las asociaciones civiles, etc. ha sido el lastre de algunos dirigentes socialistas, que a imagen del caduco sistema configuraban sus propios medios orquestando una falaz realidad social. Socialismos marxistas y socialismos fascistas, que en las formas fueron semejantes, han influido muy negativamente en la estructura de poder de algunas referencias socialistas modernas en diversas partes del mundo.

El mayor desencanto para una sociedad de progreso no puede venir sino de la fractura de la coherencia entre lo que dicen y hacen sus dirigentes. El compromiso social siempre es positivo, aun en los casos en que el rendimiento sea escaso. Eso es motivo para mantener el ánimo y modificar los planteamientos. La herencia histórica es de tal peso que resulta evidente que lograr que la justicia social impere en la política no es nada fácil. Por ello, todos los intentos de aproximación son válidos y al tiempo mejorables. Por ello incluso se puede admitir que la conciencia social está preparada para saber que tras cada dos pasos adelante es posible que un desacierto haga retroceder parte del proyecto conquistado. La gran decepción se origina, por tanto, no como consecuencia de la dificultad intrínseca del proyecto sino de la evasión de las voluntades que habían asumido el compromiso de trabajarlo. En la medida que la solidaridad no se trasluce en la actuación personal de los promotores del proyecto, la decepción cunde entre los ciudadanos.

El proyecto socialista es fundamentalmente un proyecto social no sólo por sus aplicaciones sino por la concienciación solidaria que se pretende extender entre los ciudadanos. Un proyecto social no es realidad por la existencia de una estructura formal que lo define, sino que se materializa por la trasformación mental de las personas que incorporan los valores sociales. Sólo en la medida que el pueblo asume las relaciones de servicio como las fundamentales de la sociedad podrá democráticamente reflejarse esa solidaridad en un sistema político socialmente estable.

La razón de la identificación de criterios para conseguir la adhesión popular el socialismo exige que a los ciudadanos de un país sus dirigentes no les defrauden con un ejemplo que les distancie entre la teoría a la que solicitan la adhesión y su propia identificación. La ejemplaridad de los políticos socialistas es por tanto parte esencial para el éxito de la propuesta ideológica.

Otras doctrinas políticas que minimizan el protagonismo de las personas por el valor prioritario de las estructuras materiales, como la preeminencia de los mercados, estiman en poco la moralidad de sus dirigentes en tanto en cuanto defiendan la pauta establecida y atiendan a los requerimientos de los grupos mercantiles que lideran el sistema.

Esa es la gran diferencia que la ideología socialista requiere en todas las escalas de sus representantes y que le exige una trasparencia y una ética inusitada en la historia para quienes deben ejercer el poder político.

Los partidos políticos que quieran identificarse con las tesis socialistas deben estructurarse internamente con un sistema de trasparencia que no sólo abarque a la toma de decisiones y a la legitimidad de todos sus actos de partido, sino a la coherencia solidaria de las actitudes de sus líderes y cuadros.

La responsabilidad del cargo político no puede corromperse para un socialista y constituirse en un medio de ejercicio de dominio del que se obtenga un lucroso beneficio para él o para los suyos. El ejercicio del cargo supones la posibilidad real de construir políticas solidarias que además de ofrecer beneficios reales para los más desfavorecidos sea un acicate para la consolidación de que el universo de la justicia social no es simple utopía.

La capacidad de crítica hacia sus propios políticos y dirigentes será siempre ene l socialismo una necesidad que debe conjugarse con toda naturalidad. El juicio de la sociedad es inevitable y en la medida que la crítica interna denuncia permite construir una auténtica oferta social que no desengañe a los ciudadanos.

La exigencia de responsabilidades a quienes los miembros de un partido habían depositado su representación y confianza es una necesidad no sólo política sino social. Una formación es democrática en tanto que cada representante se debe a los representados no sólo en el talante de hacer su voluntad sino también en la dignidad de su representación. Cuando se traicionan los valores fundamentales de la ideología, de la ética o del compromiso adquirido se debe asumir la plena responsabilidad y la disposición de la rectificación o el silencio, como más convenga a sus representados.

La exigencia ética es uno de los componentes básicos para el desarrollo de las ideologías de progreso social. La ética como ejercicio del bien debido a los demás ha de contenerse en todas las relaciones de servicio para que las mismas tengan el carácter de tales.

El socialismo es joven. La idea de alcanzar una sociedad más fraternal donde todos los ciudadanos gocen del derecho a la vida y a un bienestar proporcionado mediante la distribución más justa de la riqueza sigue siendo la referencia a conseguir. La ilusión de renacer de los errores y de no conformarse a los logros alcanzados tiene que informar el espíritu de un ideal cuyo objetivo de armonizar las mentes y los comportamientos de los ciudadanos con las exigencias dl bien común no es fácil.

Se precisarán generaciones para que la solidaridad se instaure como el primer determinante de la relación social y a ello contribuirá la política y la cultura socialista sólo en cuanto desde el respeto a los valores democráticos ejemplifique s ideario con la conducta de los suyos.
 
 

Apéndice 1: 3 x 33

La participación humana en la producción a través de la creación de sociedades mercantiles ha seguido la pauta de la antigüedad: el arriendo del servicio de la mano de obra. Igual que en otro tiempo -existen testimonios de miles de años- mediante el ajuste del jornal se configura la participación del hombre en el proceso de producción como cualquier otra mercancía. Con este sistema se cubren aparentemente las necesidades materiales del trabajador, pero ¿se satisfacen las aspiraciones del realización sicológica de la persona?

Uno de los mayores retos de la sociedad contemporánea está en conseguir armonizar la personalidad del ser humano con la economía de producción. Ahí confluyen factores de promoción humana, de interpretación de la propiedad, de rentabilidad, de productividad... pero sobre todo entra en juego lo que ha venido a llamarse justicia social. Como persona el hombre es ser sujeto de derechos que deben realizarse en el ámbito de la sociedad en la que se articula la economía.

La filosofía de la empresa como sujeto de producción de bienes y servicios en las últimas décadas se ha despersonalizado. La vinculación entre el equipo director y el capital se ha hecho progresivamente más débil según las sociedades se capitalizan de forma anónima hasta el punto que se puede decir que de las sociedades anónimas se ha derivado una responsabilidad anónima dentro de la economía liberal. El mercado con sus leyes de producción y beneficio está pasando a constituirse como la única directriz de toda la economía social.

Si de esta manera empresarios y ejecutivos ven relajado su vínculo con la empresa, qué se podrá decir de cómo queda la posición del trabajador o empleado en su relación el entramado social.

Ese provocativo desplazamiento del hombre como sujeto de la sociedad no puede a la larga más que generar sociedades despersonalizadas o en permanente conflicto. Por ello la nueva sociología debería atender como prioritario definir una más justa posición del trabajador en el marco social a través de su participación en la empresa mercantil.

Durante años se han realizado experiencias sobre las ventajas e inconvenientes de la fidelidad de la plantilla en el proceso de producción, y los resultados han sido muy variados en función de que el análisis se centre sólo en la rentabilidad económica o también contemple el beneficio social. Desde la más tradicional estructura de la empresa oriental al dinamismo de la occidental se investiga sin mucho acierto en definir los parámetros de la empresa ideal. El escollo mayor se encuentra en que lo que prima en la pretendida configuración de la empresa es el interés del capital y la proyección social es relegada a un valor secundario.

Una nueva definición de la empresa, por tanto, sería necesaria en la que la naturaleza de las relaciones entre humanos para la gestión de la especialización del trabajo se compagine con la realidad de una estructura económica eficaz. Una forma de empresa que en mayor medida el derecho que para las partes se deriva de la asociación del hombre para la producción. Una economía del hombres libres exige también que en la contratación no se vulneren derechos fundamentales que reduzcan a los individuos a la condición de esclavos.

El hombre participa en la empresa mercantil de tres maneras:

1. Aplicando y gestionando una idea y un capital.
2. Con la aportación del esfuerzo mental y físico par el ejercicio de la producción.
3. Con la constitución de una sociedad en la que la empresa realiza su ejercicio y en donde la misma se nutre del saber acrisolado.
Desde otro aspecto había que recalcar que a todo hombre, como ser responsable, en el proceso de la división del trabajo le incumben deberes y derechos. Así:
1. El deber de aportar su capacidad racional y física.
2. El deber de aplicar su responsabilidad.
3. El deber de hacer del trabajo un medio solidario.
4. El derecho de participar sobre el beneficio del intercambio de servicios.
5. El derecho a sumir la parte de propiedad sobre la naturaleza trasformada.
6. El derecho a informarse y capacitarse en proporción al desarrollo que se deriva en la sociedad en la que produce.
Estos principios que la filosofía social reconoce para todo hombre, cualquiera que sea su condición, deberían formar parte de la estructura de empresa que se busca como ideal para generar un beneficio global a al sociedad.

La empresa, como agrupación de esfuerzo de un conjunto de personas, presenta la particularidad de responder a la creatividad destinada a procurar un servicio dentro de una comunidad. Ese aspecto de libre iniciativa es el que la constituye como uno de los instrumentos más eficaces para la prosperidad de la sociedad. Por ello, dentro de la impresa el promotor asume un rol trascendental; se constituye como la cabeza gestante sin cuya iniciativa el proyecto no es. No obstante hay que tener en cuenta que todo promotor debe mucho a la sociedad en la que se hace y posiblemente nada pueda hacer sin el concurso de otras personas que bajo su dirección y empuje hacen realidad una idea.

Además del concurso de las personas son necesarios los medios materiales que se allegan en el capital. En los casos de las pequeñas empresas el capital puede ser aportado por el promotor, pero en la medida que la empresa requiere más capital lo habitual es que la aportación de la financiación sea ajena, lo que supone una implicación de confianza en el proyecto y la asunción de un riesgo que por la misma naturaleza de libre concurrencia se realiza para obtener un beneficio.

Las concepción capitalista ha venido a preponderar el capital en tal manera sobre los otros elementos concurrentes de la empresa que le otorga la propiedad total, lo que no deja de entrar en colisión con los demás elementos humanos sin cuyo concurso no se llevaría a término la producción. Esa reconsideración de la propiedad sobre la empresa en virtud del trabajo aportado por la s partes y no sólo por capital representa el punto de inflexión para la configuración de una empresa más ajustada al derecho social.

En sí, el fundamento de una sociedad mercantil es su condición de asociación; o sea: recursos humanos, técnicos y materiales unidos para lograr el beneficio mutuo de todas las partes con el propósito de intercambio de servicios en una comunidad. Esa asociación cooperativa supone toda una cultura social de participación y responsabilidad que el mundo moderno tiene pendiente de cultivar en su elenco cultural.

Plantear nuevas estructuras de empresa más conformes a lo que la filosofía social propone como ideal puede parecer temerario, pero superar la dictadura de los mercados por la utopía de la justicia social bien merece trabajar en esa dirección, conscientes que sólo en cuanto se modifique la cultura social se podrá avanzar de modo consolidado en esa dirección.

El principio sobre el cual modificar el espíritu neoliberal de empresa es el de la solidaridad de esfuerzos y la solidaridad de beneficios. Una solidaridad de propiedad entre todos quienes aportan recursos. En un mismo plano: capital y recursos humanos comparten responsabilidades y unen sus destinos a la efectiva viabilidad y progreso de la sociedad.

Un punto de partida podría ser el fijar el costo de la mano de obra no en virtud de la ley de oferta y demanda, sino reglando a un baremo universal por categorías que cubra el costo de vida, y al tiempo hacer partícipe al productor sobre el beneficio empresarial.

Entre las muchas formas posibles una es la de dividir el beneficio neto de empresa en tres partes iguales (3x33) de modo que un igual treinta y tres porcentual se dedique neto a retribuir al capital, otro a los recursos humanos, y un tercero -que se identificaría con lo que la empresa es dentro de la sociedad- se destine a la propia capitalización y a la auto inversión.

En los últimos tiempos ha habido tentativas de retribuir los recursos humanos de la empresa mediante diversas formas para favorecer el estímulo, pero la mayor parte de ellas han tenido poca aceptación. Muy probablemente cambiar el sistema de retribución de libre contratación por el mixto con participación de beneficios no sería bien acogido por la desconfianza que el sistema de empresa ha suscitado entre los trabajadores por el enfrentamiento de intereses sobre el costo salarial; ahora bien, este sistema que vincula el complemento de retribución en función de los beneficios empresariales se puede considerar más justo. En los momentos de mejor economía todas las partes se benefician así como las dificultades sobre todos repercute. De alguna manera queda vinculada la mejor retribución al esfuerza productivo humano al tiempo que el capital y el riesgo de la inversión disminuye.

La copropiedad de la sociedad mercantil consecuencia del conjunto de esfuerzos quedaría asegurada por la reinversión de un tercio de los beneficios que reflejaría el valor real de la sociedad como garantía de la función social derivada del saneamiento económico patrimonial de la sociedad mercantil que garantiza los puestos de trabajo y el crecimiento económico proporcionado en el medio social donde se realiza.

La vinculación de una parte del beneficio a los recursos humanos y otra a capitalización en el medio social sería el exponente de que el capital no pueda vagar en busca del máximo beneficio con desarraigo total del esfuerzo de la colectividad que coopera en la producción. Aun cuando las empresas multinacionales buscaran los paraísos de explotación salarial, la parte proporcional de esos beneficios quedarían afectos a los productores, lo que significaría una reducción cuantiosa de las condiciones de explotación y una garantía verdadera de desarrollo quedando el mismo ligado a la rentabilidad de la producción.

El esfuerzo por hacer solidaria la economía no merma necesariamente la libre iniciativa de la sociedad sino que reconduce que la misma se desarrolle en un marco más favorable para el ejercicio de la justicia social.
 
 

Apéndice 2: URBANISMO SOCIAL

La eficacia de un ordenamiento jurídico radica en la efectiva protección de los derechos de los ciudadanos. La Constitución, como norma jurídica marco del estado, establece derechos prioritarios que el mismo estado asume proteger para sus ciudadanos. Entre ellos está el de garantizar “una vivienda digna y adecuada”, para lo cual el estado debe regular la utilización del suelo para conseguir hacer efectivo este derecho al margen de las tendencias especulativas del poder económico.

Lo que la ley ordena no puede obviarse sin una gran responsabilidad que atañe a los gobernantes con una doble culpa: 1ª La de atentar contra derechos fundamentales de los ciudadanos. 2ª La de realizar un fraude de ley, o sea, ignorar legislar de acuerdo a la norma constitucional. En la medida que el derecho a gozar de una vivienda digna no es proporcionado a la capacidad adquisitiva de los trabajadores se está vulnerando el marco jurídico, o bien por desidia en el gobierno, o bien por primar intereses que se oponen a la efectiva tutela de ese derecho.

En una economía equilibrada el valor de la vivienda es proporcional al de la renta productiva, bien porque la rentabilidad de la productividad del suelo es muy alta, o bien porque los salarios están adecuados para cubrir los bienes de necesidad de los trabajadores. Del excesivo precio de mercado de la vivienda se sigue una de estas dos consecuencias:

1. Incapacidad para adquirir una vivienda digna en la cual ejercer los derechos propios de la intimidad domiciliaria.
2. Endeudamiento excesivo que crea una dependencia permanente de inseguridad.
La causa principal del encarecimiento de la vivienda en la sociedad actual afecta esencialmente al valor del suelo que multiplica por varias unidades el coste de la ejecución. Por eso en las políticas urbanísticas de gestión del suelo es donde hay que buscar soluciones equilibradas que respetando derechos de terceros permita ser trasmitido sin incrementos especulativos de su valor. La efectiva tutela de los derechos rectores constitucionales faculta al estado en la directa intervención sobre la redistribución de la propiedad del suelo para cumplimentar las exigencias de la justicia distributiva cuando la economía de libre mercado imposibilita el ejercicio del derecho; en caso contrario, la propia función del estado se estaría cuestionando.

No deja de ser preocupante que el derecho a la vivienda se eluda realmente de la tutela de muchos gobiernos frente a otros de igual carácter fundamental. Nadie cuestiona que para atender el derecho a la educación hay que construir los colegios e institutos necesarios, sin embargo parece que las políticas de vivienda se dejan al libre arbitrio del mercado.

Garantizar el acceso a la vivienda al precio derivado de una estimación objetiva de los costes de producción implica no más que atribuir al suelo un coste proporcionado a su rentabilidad. El cálculo del valor del suelo urbano por su carestía o su valor en el mercado inmobiliario es erróneo, pues el valor del suelo objetivo es el que suma la rentabilidad de su producción extrainmobiliaria más el valor de su transformación para convertirlo en suelo urbano. Evitar la especulación sobre el suelo incide en crear medios de actuación de las administraciones públicas para transferir el suelo como valor de servicio público sin incrementos especulativos.

Acusar al estado de intervensionista por poner medios efectivos para cumplir los mandatos constitucionales de protección de derechos fundamentales está fuera de todo fundamento cuando la misión del estado es intervenir para corregir los desajustes generados en la estructura liberal económica. Lo que se puede criticar, en todo caso, es que la administración no rebase la estructuración propia del sistema para convertirse en gestor inmobiliario, por la derivación de incompetencia que de la gestión de los recursos pudiera derivarse.

Conseguir frenar la especulación sobre el suelo exige una política que permita la expropiación para viviendas sociales en función de dos parámetros:

1. La necesidad de viviendas en el ámbito geográfico.
2. La valoración del suelo rural en función de la renta producida en los diez últimos años.
En muchos municipios la promoción de viviendas se planea sin atender a los necesidades reales de sus vecinos. En especial no se aprecia que como parte esencial de la administración del estado los gobiernos comunitarios y los gobiernos municipales están obligados a prestar a sus vecinos las estructuras necesarias para satisfacer sus derechos, así el número y clase de viviendas a construir deben ser, al menos en lo que atañe a la esfera de las demandas sociales, tantas como les sean solicitadas. Para lo cual debería existir un libro registro de solicitudes.

En función de las necesidades reales de cada municipio se deberán realizar las expropiaciones de suelo necesarias para atenderlas, de acuerdo a la planificación urbanística. La gestión de expropiación, urbanización, construcción y venta, no tiene por que recaer en la administración, sino que fijado el precio de expropiación correspondiente el organismo público convocará el concurso correspondiente del proyecto urbano condicionando al adjudicación a las mejores condiciones sociales ofertadas, como pueden ser:

1. Precio más bajo por vivienda.
2. Fijado un precio tasado, el mejoramiento de las calidades constructivas.
El proceso así concebido no menoscaba la libre economía de mercado y la libre competencia, lo que regula es la especulación sobre el suelo y el sentido social del mismo.

Se puede aducir que, de alguna manera, la trasferencia de la propiedad desde su propietario rústico hasta el de la nueva vivienda impide al primero la especulación sobre el terreno y permite al segundo la posible futura especulación con la vivienda. Para resolver este escollo es necesario que la vivienda social no sea de libre trasmisión, bajo ningún concepto, sino que si el propietario hubiera de prescindir de ella la hubiera de vender al precio máximo por él adquirida en moneda constante, o reajustada por la depreciación si fuera pertinente, a un nuevo adjudicatario de los solicitantes con la mediación del organismo público competente que controle la transparencia de la transmisión.

Una ley social del suelo que permita la legítima expropiación para dar al suelo su fin social, no puede ser injusta con su actual propietario, por ello es necesario que el valor de expropiación sea aquel que permita a dicha persona el mantener el mismo nivel de renta que la que le proporcionaba su labor sobre el terreno.

Indirectamente una ley que reconozca la proyección social del suelo impide la labor de las mafias especulativas que acumulan la propiedad de las zonas rústicas con futuro de recalificación urbana, en cuanto que éstas podrían ser expropiadas a precio de renta y no conforme a las perspectivas especulativas de los desaprensivos inversores.

Debido a la directa influencia de la capacidad de renta de explotación de un suelo determinado, la política urbanística de las comunidades, para poder realizar auténticas viviendas sociales, habrá de tomar en cuenta planificar sobre las zonas de menos productividad agrícola, ganadera o ecológica para trasformarlas en suelo urbano. Es posible que dichos planeamientos puedan llegar a considerar la creación de nuevos núcleos urbanos, pero lo que parece evidente es la falta de justificación para que las viviendas sociales no se construyan en número y precio adecuado a la realidad social cambiante del país.
 
 

Apéndice 3: ESPECULACIÓN EN BOLSA

La estructura económica liberal ha fomentado formas de transacciones entre los capitales que con el trascurso del tiempo han degenerado en medios de especulación. Son mercados cuyas operaciones han perdido la perspectiva de la función social del capital y su único objetivo es obtener beneficios especulativos, aquellos que no provienen de una vinculación el trabajo sino de intereses y necesidades. Entre los mercados que hoy en día propician la especulación ocupan un lugar destacado los bursátiles.

En su origen y en su filosofía la bolsa es un instrumento diseñado para la aceptación de recursos de capital como medio d financiación de las sociedades cuyo objeto mercantil se aplica en proyectos que superan la aportación directa inmediata de capital por particulares. La bolsa es la imagen moderna de una gran feria que permite poner en contacto a inversores y empresarios, intercambiar información, fructificar operaciones.

La compraventa de acciones mercantiles, que constituye el mercado propio de la bolsa, en su naturaleza no es especulativo sino que es el propio sistema de mercado el que ha degenerado en ser uno de los medios más accesibles para el ejercicio de la especulación. De alguna manera, la bolsa se ha constituido en el espacio económico más afín para maquinar con la alteración del precio de las cosas. El beneficio entre la venta y la compra, el margen comercial, cada vez pierde más relación con el valor propio del beneficio de la producción para ser un valor intuitivo de expectativas cuya etereidad constituye el material idóneo para, desde una posición de dominio, especular.

La naturaleza de la bolsa como mercado de transacciones de valores de capital mercantil no cabe duda que responde a una necesidad de organizar ese sector de intercambio comercial que deriva de la necesidad de invertir y retirar las inversiones, de facilitar la libertad para dirigir el ahorro a la financiación d proyectos empresariales, de sostener un margen de libertad en la economía, lo que históricamente se ha mostrado socialmente muy eficaz. La bolsa permite burlar la economía dirigida para que sean los ciudadanos quienes decidan qué proyectos ofrecen más interés.

El efecto de la especulación en la bolsa se relaciona con dos distorsiones del juicio de la función social del capital y el derecho al propio enriquecimiento. Proporcionalmente a que los bienes se individualizan, los sujetos acuden a la bolsa no con el fin de invertir en la economía productiva sino sólo en busca de un rendimiento económico, lo que origina que el valor real, o sea, el porcentaje de la acción como parte alícuota del valor de la sociedad, sea sustituido por un precio de cambio que se fija en función de la oferta y la demanda. También en la medida en que el capital acude a la bolsa sólo con objeto de multiplicarse, la transacción será continua hacia los valores más favorables, de modo que se puede hablar de una permanente inestabilidad financiera y de una absoluta falta de adscripción entre inversor y empresa.

En la medida que el negocio de la bolsa se sustenta en la asignación de los precios de cambio, las posibilidades para la especulación son muy grandes, pues no dependiendo el precio de la valoración objetiva del rendimiento de la empresa sino de la cotización subjetiva que establecen los inversores, el margen para actuar especulativamente aumenta porque la continua variación en la cotización genera que el beneficio se persiga no por el valor de dividendo de beneficio de una empresa rentable, sino en la continua movilidad de los valores. El beneficio bursátil que enriquece o arruina desmesuradamente no se deriva del comportamiento empresarial sino de la especulación sobre su capital. La bolsa ha perdido su original sentido de mercado de contratación por el de mercado de cambio y beneficio, siendo este beneficio mayormente especulativo.

Si el objeto de la afluencia del capital a la bolsa no fuera especulativo, sino inversor, se habría vuelto a la naturaleza más apropiada de la economía social de mercado en que el capital, además de financiar a la empresa, tiene la misión de la capitalidad: hacer cabeza, ser referencia social, personalizar la sociedad.

Reconducir los mercados de capitales hacia una más estrecha vinculación con las sociedades mercantiles podría ayudar a alejar el fantasma de la propiedad anónima, de la que sólo se sigue la dictadura de los mercados y una creciente incertidumbre del futuro gobierno de la sociedad. En vano se democratizan los pueblos si el poder real lo detentan los movimientos especulativos que fluctúan los recursos económicos.

Corregir la fuerza especulativa de la bolsa supone también evitar el riesgo de burbujas inflacionistas en la economía financiera. Si el beneficio que se busca en bolsa se deriva de un precio de cambio variable según la demanda, el valor de mercado de una sociedad mercantil depende del flujo de los capitales, pudiendo ser bien valorada o desaconsejada por razones totalmente a su rendimiento empresarial. Esta situación se hace más patente por la dependencia que el precio de cambio presenta en relación a factores subjetivos, como pueden ser la estabilidad o política de bloques.

Un ejercicio de estabilidad en la economía mundial sería el recortar las posibilidades de actuación de los movimientos especulativos. En lo que respecta al mercado de valores inmobiliarios sería aconsejable frenar el trasiego y favorecer la estabilidad de la vinculación del capital a las sociedades, no con el objetivo de mutilar el mercado sino de expurgar las intenciones especulativas. Fijar el valor de las acciones de las sociedades mercantiles en función del patrimonio neto y su variación periódica de acuerdo a la alteración del patrimonio contable en función de la adcripción de reinversión de beneficios, sería uno de los objetivos de la bolsa par que el mercado se dirigiera a la contratación de valores en función de las necesidades de aportar o retirar capital y no la de negociar con el beneficio residual de cada permuta.

El negocio mercantil debe estar sustentado en el beneficio empresarial resultante de producir un bien para la sociedad. Por tanto, dirigir la economía para que la retribución del capital sea conforme a los dividendos dependientes de la rentabilidad productiva es orientar al capital para que sea socialmente creativo.

Cuando la economía global cambia el enfoque desde la ingeniería productiva a la financiera, la perspectiva de construir una sociedad más equitativa se oscurece. La economía como ciencia cada vez es más relevante en la sociedad, pero vicia su sentido si pretende constituirse como un fin y no como un medio. La economía sirve para estructurar una mejor disposición de las relaciones de servicio, pero en sí, como toda la matemática, no se constituye como un bien inmediato para el hombre ni para la sociedad. La medida de los intercambios para que sean más justos sólo puede adquirir esa misión de dimensionar las condiciones de permuta, pero sería equivocado obviar los bienes de transacción para que la estructura de la misma fuese la relevante de interés alcanzando su perfección en la medida que un beneficio se logra sin la mediación de un bien. El papel de la economía en la sociedad como fin, y no como medio, tiende a conseguir diseñar la consecución del máximo beneficio con la aportación del mínimo bien o servicio. Lo que podría parecer la cima de la rentabilidad no es sino su mayor carestía pues de la ausencia del bien sólo se sigue la ruina.

Algunos de los cataclismos económicos que periódicamente amenazan amplios sectores de la sociedad tienen su origen en la inestabilidad de una economía que refugiándose en la posibilidad de una rápida huída ante la amenaza de carestía de beneficio deja de ser el apuntalamiento sólido de los proyectos que construyen el bien social. Si el capital no sume los riesgos de empresa, la economía global se trasformará en una masa migrante hacia los espacios de la inmediata mejor perspectiva rentable. Esa defensa de la ágil movilidad del capital como garantía del libre derecho de disposición para sus dueños no deja de ser una rémora para la consolidación del tejido de desarrollo industrial. Cada vez es más frecuente que reconocidas sociedades mercantiles, que gozan del crédito internacional, queden en evidencia porque sus gestores en vez de afianzar la producción, la estabilidad comercial, y el derecho de sus trabajadores, se aventuran en operaciones de ingeniería financiera en las que, bajo el escudo dl prestigio de la marca, entran en el círculo de la búsqueda de beneficios especulativos cuyo fin en muchos casos supone la quiebra por endeudamiento de lo que era una empresa bien dotada.

La ética social, con el respeto a la libertad debida a los ciudadanos, aconseja que estructuras globales de economía propicien el sostenimiento de las relaciones mercantiles como relaciones de servicio entre ciudadanos, y no como relaciones de dominio de unos ciudadanos sobre otros, por ello, el que instituciones como la bolsa de valores se oriente a favorecer la estabilidad de la inversión y a premiar a los inversores con los dividendos derivados de la producción, y no de transacciones especulativas, conseguirá un desarrollo armónico porque el beneficio aparente que ofrecen las grandes gestoras de inversión muchas veces se logra con la presión especulativa que atenaza a los mismos ciudadanos que son sus pequeños impositores de planes y fondos.
 
 

Apéndice 4: REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA

Una de las más directas expresiones de la democracia es la representación parlamentaria y la idoneidad de sus actos para ejercer el poder del pueblo en la representación delegada.

Aun en aquellos sistemas democráticos presidencialistas, el parlamento cumple misiones trascendentales como órgano de debate, control, auspiciamiento y respaldo del poder ejecutivo. En los sistemas democráticos parlamentarios el depósito de la responsabilidad ejecutiva es también mediatizado por la representación del parlamento, constituyéndose de hecho en el más directo depositario del poder popular.

La trascendencia de que el parlamento realmente trasparente la voluntad popular se impone para la legitimación de la democracia. Conforme la cultura política de los ciudadanos aumenta, la exigencia de responsabilidad para que su voluntad sea realmente respetada y los programas electorales cumplidos debería incrementarse, salvo que el desencanto democrático haya cundido en el pueblo por la tergiversación que de la democracia hayan trajinado los grupos de poder.

Para una revalorización de la democracia, por tanto, es conveniente que la identificación entre representados y representantes sea lo más nítida posible. Las estructuras políticas del sistema de representación y el reglamento de funcionamiento del parlamento facilitan u opalizan la percepción de la delegación.

Dos son los métodos más comunes de elección y funcionamiento de la delegación de representación parlamentaria:

1. La directa designación d u único representante por circunscripción.
2. Una candidatura conjunta por circunscripción.
En el primer caso las circunscripciones son más pequeñas, según una regla directa de proporcionalidad entre escaños y electores. En el segundo caso las circunstancias se ajustan a divisiones administrativas. Ambas son legítimas formas de representación, pero una u otra entrañan una diferente lectura del ejerció electoral.

La optimación de la gestión política de los estados ha propiciado la formación de estructuras intermedias que sirven de vehículos de participación y de sindicación de las opiniones de los ciudadanos. Las más comunes son los partidos políticos que aúnan tendencias, ideologías y formas de hacer política del pueblo. Para que los partidos sean realmente consecuentes en el servicio a la democracia se exige que los mismos sean democráticos, o sea, que gestionen las voluntades e ideas de sus adeptos según las reglas de igualdad de derecho entre todos sus afiliados.

La trascendencia de la democracia interna de los partidos se hace fundamental para la puridad democrática cuando el sistema electoral les encomienda directamente la gestión de la representación política, en especial cuando el sistema avala la representación mediante candidaturas integrales.

En el caso de único representante por circunscripción, en la medida que personalmente se fija cada candidato, la responsabilidad se asume personalmente, y con independencia de los partidos que pudieran avalar el candidato, teóricamente se puede seguir la trayectoria de cumplimiento del compromiso personal establecido en la campaña.

El caso más conflictivo de la representación parlamentaria se deriva cuando las candidaturas son confeccionadas por un partido pero la legitimación de la decisión vinculante al escaño el sistema se la adjudica al diputado. De este modo un diputado, una vez elegido, puede actuar en contra de las decisiones del partido traicionando las expectativas de los ciudadanos. Un análisis riguroso del sistema que deja fisuras para el ejercicio del trasfuguismo sólo habla en contra de la legitimación democrática el sistema de representación.

Alejar toda posibilidad de trasfuguismo se consigue profundizando en la filosofía democrática de representación que ejercen los partidos. Cuando un partido ofrece un programa y una candidatura el electorado, supone que solicita la confianza a la interpretación colegiada que del programa realicen el conjunto de los integrantes de la candidatura, y no cada uno de ellos por libre. El ciudadano necesariamente elige al conjunto de todos ellos en función del respaldo que les confiere el partido y por tanto debe ser la opinión global de todos sus representantes y no la de cada uno de ellos quien garantice la eficiencia de la representación.

Si la cámara parlamentaria considera el grupo parlamentario como una unidad de actuación democrática, representante de una opción electoral, debería otorgar la decisión de todos los escaños pertenecientes a ese partido como única global, en función de la mayoritaria expresada entre sus miembros. De este modo se facilita y legitima la libertad de opinión, pero se impide que cada diputado pueda utilizar se inclusión en una candidatura como un cheque en blanco otorgado por los ciudadanos.

En los casos en que las candidaturas electorales corresponden a agrupación de electores, la estructura de confianza cambia, pues la ausencia de un partido que respalde el grupo deja entender que la confianza se deposita en cada uno de los integrantes de la lista electoral.

Tomar en cuenta que el sistema debe garantizar la correspondencia de responsabilidad del elegido respecto al elector supone evitar que la aplicación del la ley que ampara el sistema democrático sea permeable a que actitudes dictatoriales, autoritarias o corruptas puedan instalarse para obtener un beneficio personal en descrédito de la credibilidad del sistema. La participación colegiada los grupos constituidos por los partidos políticos y la posibilidad de revocación de la confianza en los casos de elección directa de único representante por distrito contribuirían a mejorar la confianza de los ciudadanos en la idoneidad de sus parlamentos.
 
 

Apéndice 5: UN IVA GLOBAL

La pretensión de trabajar por una globalización de la economía no puede soslayar la necesidad de profundizar en una solidaridad universal que atenúe paulatinamente las diferencias entre pueblos ricos y pobres, como garantía contra el imperialismo e impulso internacional a favor de la concordia y la paz. Aunque pueda parecer un concepto manido, la vigencia de la justicia social, a la larga, es el único recurso para lograr la estabilidad social.

Abogar por una economía global supone el que todos los recursos naturales se consideren en servicio de toda la humanidad, pero también el que los beneficios de la economía universal deben repercutir sobre todos los pueblos. Lo uno y lo otro no tiene futuro sin un nuevo marco en las relaciones económicas que por encima del interés particular de las naciones se aplique a atajar directamente las diferencias estructurales entre el mundo del bienestar material y las zonas subdesarrolladas.

El momento actual de la diferenciación norte - sur señala tres carencias fundamentales:

1. La educación y la cultura.
2. La sanidad.
3. Las infraestructuras.
Estas deficiencias de subdesarrollo hacen de hecho que una economía global que no atiende a paliarlas se convierta en una economía de dominio. No basta considerar el que con el tiempo el beneficio del intercambio comercial mejorará las condiciones de deficiencia actuales, sino que hablar de economía global supone estructurarla para generar inmediata y directamente recursos de compensación de las desigualdades sociales.

Lo esencial de los movimientos antiglobalización no es la contestación ante una mayor relación comercial internacional, sino el que la misma se planifique sobre la consolidación de los derechos adquiridos y se proyecte como un ejercicio de intereses de poder.

Trabajar por un marco internacional económico en el que mejoren las relaciones de justicia exige que el mismo se aplique directamente a financiar las necesidades estructurales de los pueblos más deprimidos. Suprimir barreras y aranceles, o sea, diseñar figuras mercantiles que sean ejemplares en la aplicación de un programa internacional de comercio no basta si al tiempo no se acompañan de un esquema fiscal que genere los recursos para la aplicación inmediata de las medidas de cohesión que acerquen las condiciones de productividad de las distintas regiones.

La historia ha venido a demostrar que las buenas intenciones de los estados políticos para la cooperación ha dado resultados tan precarios que la diferencia de renta entre países ricos y pobres no hace sino aumentar. Corresponde por tanto a un foro más alto - ¿una ONU rediseñada? – el construir una política global basada en el derecho a la inversión en el desarrollo.

El fundamento filosófico esencial para una política de cohesión productiva se encuentra en que del derecho a utilizar las riquezas naturales del universo se sigue que de dicho consumo se derive el que una parte incida en el equilibrio de posibilidades de todos los pueblos a disfrutarlas. Dado que los bienes de consumo se componen de elementos naturales y procesos de trasformación, y que unos y otros se realizan en diversos países, parece lógico que se plantee una fiscalidad que equilibre los desajustes de posibilidades y costos para su producción y disfrute.

Por justicia distributiva parece que lo más lógico es que el bienestar de consumo, el bien que se deriva para cada sujeto del consumo que realiza, es el que se pudiera ver afectado de una imposición destinada a que el mismo bien pueda ser compartido por la mayoría de los habitantes de la Tierra. En cuanto cada elemento de producción alcanza el objetivo de satisfacción, una parte del costo del mismo podría considerarse que responde a una estructura profunda de la economía internacional que exige una restitución global en las bases de la misma. Aplicar un impuesto al consumo mundial para redibujar unas condicione más justas de accesibilidad a la producción sería el cauce más idóneo para el progreso.

La aplicación de los fondos recaudados de la imposición global al consumo, administrados por un organismo internacional idóneo, debería esta dirigido a la construcción de infraestructuras productivas en los países que las precisen, distribuida según un coeficiente inverso a la renta per cápita de cada región.

Una primera financiación debería estar dirigida a un programa universal de educación y medicina básica, para sustanciar una mínima igualdad de oportunidades en derechos humanos tan primarios y universales.

Para infraestructuras de comunicación y producción cada estado, de acuerdo a su propia política de desarrollo, negociaría la aplicación en su territorio de los bienes a que se considerase con derecho. De la administración y supervisión de las inversiones se encargaría una estructura técnica internacional.

Este sistema de equilibrar la economía mundial de cara a afrontar una globalización económica tiene en común con los movimientos de cooperación el que no se ayuda al estado sino al pueblo, y no a éste en asistencia sino en capacitación. De hecho supone una cooperación global al desarrollo fundada no en la libre aportación de los ciudadanos sino a una solidaridad común institucionalizada en función del bienestar que cada uno disfruta, allá donde esté, como consecuencia de consumo que realiza.

La crítica más generalizada sobre la propia responsabilidad que en su pobreza tienen los habitantes del tercer mundo por la poca perseverancia en el esfuerza el trabajo no encuentra amparo en este sistema, ya que como puede fácilmente deducirse de la construcción de los elementos que faciliten la producción - educación, infraestructuras – no se restringe la necesidad de la propia aplicación. Quizá el elemento más definidor para generar el cambio en la actitud frente al trabajo es la educación y la perspectiva de un futuro menos incierto.

La resistencia a atender las necesidades del tercer mundo divide a las sociedades ricas entre quienes sólo se jactan del gozo de su bienestar y quienes aspiran a una realidad más solidaria. Para unos y otros el vacío emprendedor de las políticas del grupo de los siete refleja el espíritu dominante de las tendencias conservadoras. ¿Cómo se puede ignorar el compartir con quienes desde que nacen están condenados por la pobreza a una perspectiva de marginación?: Mirando hacia otra parte. La respuesta social a la desigualdad del mundo es algo que atañe a la ética personal; la pasividad no es responsabilidad de los políticos, porque en democracia la responsabilidad atañe a cada ciudadano personalmente. Construir un mundo más solidario puede tener como respuesta asumir la imposición de un punto porcentual sobre todos los bienes de consumo. La respuesta como siempre en la ética es personal e intransferible: ¿Aceptas tú, por solidaridad, renunciar a la centésima parte de los bienes que consumes y compartirlos para construir un mundo más justo?
 
 

CONCLUSIÓN

La distancia entre la utopía y el fracaso es la misma que separa la filosofía del pragmatismo. Una y otra siguen las condiciones de verdad que la vida puede proporcionar y que tan arduas son de alcanzar y de entender. Seguir la vida según las tendencias pragmáticas con que la sociedad nos educa puede conducir a asumir la vida en el fracaso de quien nunca se cuestionó por qué nadie hizo nada por evitar el mal en la sociedad.